Último primer Pleno de la legislatura este jueves en Andalucía. Una jornada en la que, lejos de enfocar el debate en la realidad andaluza, partidos a izquierda y derecha han apostado por el debate en clave nacional con temas como la condonación de la deuda, la acogida de menores inmigrantes o la reforma de la jornada laboral.
Los partidos en la Comunidad tiene sus vistas puestas en la convocatoria electoral que, si se sigue el calendario, llegará en junio del año que viene. Poco más de medio año, por tanto, separa a los andaluces de las urnas, donde tendrán que revalidar a Juanma Moreno con la que sería su tercera victoria en Andalucía, o bien apostar por la alternativa que encabeza la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que busca devolver a los socialistas a San Telmo. Si bien la también secretaria general del PSOE-A no cuenta con un escaño en la Cámara autonómica, las alusiones han sido constantes durante la jornada de este jueves. El motivo principal ha sido la propuesta de quita de deuda aprobada por su Gobierno, el de Sánchez, este mes.
La Junta mantiene su rechazo a la condonación de 18.791 millones de euros de deuda por parte del Estado. La negativa se debe al propio origen de la propuesta, que nació de un pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana. Es por eso que la consejera de Economía y Hacienda andaluza, Carolina España, calificaba en el Parlamento la quita como una "trampa del independentismo catalán". La consejera, además, subraya que la deuda no desaparecería, sino que "se mutualiza"; es decir, pasaría a ser de todos los españoles en lugar de la Comunidad. Es por esto que desde el Partido Popular vienen denunciando que, con la quita, se van a "pagar los despilfarros" del independentismo.
En este sentido, la Junta insiste en que Andalucía "no necesita" la condonación de la deuda, sino una reforma de la financiación autonómica que, como recuerda Carolina España, debe a Andalucía 1.500 millones de euros al año. Y añadía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, rato después: es "falso" que la quita se traduzca en una mejora de los servicios públicos (como viene defendiendo la izquierda). El presidente recordaba que el ahorro de la deuda, por ley, no se puede reinvertir en gasto social, por lo que los 18.000 millones de euros no se podrán destinar a sanidad, educación o dependencia.
Reforma de la jornada laboral
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha referido también a la ministra María Jesús Montero, a la que cuestiona "por qué los diputados andaluces del PSOE" no votaron en contra de las medidas en favor del independentismo catalán, "como la ley de amnistía". En su perfil de X, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, reprochaba a los "25 diputados andaluces" del Partido Popular que hayan votado en contra de la reducción de la jornada laboral este miércoles en el Congreso de los Diputados. Preguntado hoy por este asunto a su llegada al Parlamento, Juanma Moreno afirmaba que la medida no ha salido adelante porque el Gobierno que lidera Pedro Sánchez es un gobierno "fracasado".
Lamentaba el presidente andaluz, Juanma Moreno, que el Gobierno no cuenta con "una mayoría parlamentaria ni social. No existe", ya que los resultados de las elecciones de julio de 2023 "no emanaron una mayoría" como la que construyó Pedro Sánchez en la Cámara Baja para lograr su investidura. Ahora, ese acuerdo de investidura ha dado, a juicio de Moreno, un "presidente perdedor" que revive "elección tras elección" la falta de apoyo a su iniciativa de Gobierno, generando un "Gobierno paralizado".
Reparto de menores
Otro de los temas que enfrenta al Gobierno de Moreno con el de Sánchez es el del reparto y acogida de menores migrantes llegados a Canarias. Desde Andalucía, la Junta denuncia tener que asumir la llegada de niños a pesar de que el sistema está "al límite". Esto, reprocha la Consejería de Inclusión Social, mientras que Cataluña y el País Vasco quedan fuera del reparto.
La Junta insiste en que el sistema andaluz de acogida está "saturado" si lo que se busca es dar un servicio de integración a los menores que llegan a España. Esto significa "no solo" cubrir las necesidades "básicas" de los niños, sino ir "más allá" e impulsar "su educación, formación búsqueda de empleo, inserción laboral y superación de la brecha idiomática". Todo esto, según la consejera del ramo, Loles López, para "garantizar la plena inclusión".
Frente a esto, López lamenta que el Gobierno central trate a los niños como "pura mercancía política". Les acusa de permitir que los niños estén "apilados en edificios" por mantener "el sillón de la Moncloa". Ante esta situación de crisis, la consejera subraya que lo que necesita el país es un Plan Nacional de Migración con el que hacer frente a la llegada de personas. Otra de las reivindicaciones de la Junta es, además de la financiación para hacer frente a la acogida, el reconocimiento de la condición de frontera de frontera, una condición de la que sí goza el País Vasco. Un territorio que, por cierto, no tendrá que dar la bienvenida a ninguno de los menores trasladados desde Canarias.