El Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta presidida por Juanma Moreno han vuelto a protagonizar un nuevo choque por el Parque Nacional de Doñana, que ya fue lugar de confrontación en 2023 cuando tuvo como protagonista a la entonces ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Su Ministerio, ahora a cargo de Sara Aagesen, ha realizado un procedimiento de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal en las marismas de Doñana "sin rigor ni consenso".
Así lo ha denunciado el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona, que ha informado de que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía se encuentran trabajando en la presentación de un recurso formal al deslinde, ya que lo consideran como un proceso que "adolece de errores tanto técnicos como jurídicos" que, además, ha olvidado el informe del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. La resolución del Ejecutivo de Sánchez ha sido aprobada "sin consenso" y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves 16 de octubre. La iniciativa promovida por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio afecta a terrenos incluidos en los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar.
La operación pretende que estos terrenos de propiedad pública y privada —según cada caso— pasen a ser propiedad del Estado, si bien los anteriores propietarios pueden seguir gestionando las propiedades. "No entendemos cómo se ha podido proceder a su publicación en el BOE sin esperar a que este órgano —el Consejo de Participación— emitiese su parecer, cuando precisamente la legislación exige su consulta en procedimientos que afectan de manera tan directa a un espacio natural protegido como Doñana", ha recalcado Arjona en una reunión extraordinaria del citado consejo.
Además, el viceconsejero ha recordado que la Junta ya había trasladado su oposición al deslinde propuesto en el 2023 en varias ocasiones en las que emitió dos documentos en los que el equipo técnico manifestaba que la propuesta del Ministerio excede los límites naturales de influencia mareal y no está debidamente justificada. Estos también advertían de que los ecosistemas, hábitats y especies presentes en la zona no guardan relación con el flujo y reflujo de mareas, por lo que no tendría sentido un deslinde para el Dominio Público Marítimo Terrestre.
Sin rigor ni justificación
"Carece del rigor técnico necesario para justificar una reclasificación de terrenos que, en la práctica, afecta a más de la mitad del patrimonio público gestionado por la Junta de Andalucía en el entorno de Doñana", ha sentenciado Arjona. Este también ha recalcado que los informes también cuestionaban la referencia a la denominada "montaña del río" como barrera artificial que impide la conexión de la marisma con la marea, ya que esta infraestructura fue concebida precisamente para favorecer la inundación de las marismas, cuya dinámica responde a un origen pluvio-fluvial y no marino.
Por último, ha subrayado que el Gobierno de Sánchez quiere que el deslinde afecte a "fincas perfectamente conservadas, con una gestión ambiental ejemplar, que han sido objeto de restauración, seguimiento científico y control permanente". Por ello, ha apostillado que el compromiso de la Junta es firme contra la proposición del Ministerio para la Transición Ecológica.
El Consejo de Participación ha estado presidido por Enrique Mateos, y ha contado con la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; los alcaldes de Almonte, Francisco Bella, e Hinojos, Joaquina del Valle Ortega; el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, José Enrique Borrallo; el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano; el comisionado para el Acuerdo de Doñana, Jaime Mora; el delegado territorial en Huelva, Pedro Yórquez, así como representantes de la Universidad de Huelva, organizaciones agrarias y ecologistas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre otras autoridades.