Un juzgado de Sevilla ha procesado, como paso previo a la apertura de juicio oral, al exvicesecretario general del PSOE de Andalucía Rafael Velasco y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández junto a otros ocho acusados en una pieza separada de la causa por el fraude de los cursos de formación.
Además de Velasco y Fernández, entre los procesados se encuentran familiares del primero de ellos, vinculados a la empresa Aulacen Cinco, también investigada, y ex altos cargos de la Junta de Andalucía. En un auto del Tribunal de Instancia de Sevilla, Sección de Instrucción número 6, el juez da por terminada la instrucción en la que ha investigado delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación.
El juzgado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de veinte días, pidan la apertura del juicio y formulen escrito de acusación, el archivo de la causa o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias. Este procedimiento está relacionado con la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a Formación para el Empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen Cinco SL, vinculada con Velasco.
Según el auto, esta entidad habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones "de manera irregular" en el marco de los distintos expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE.
Subvenciones de más de 193.000 euros
A través de diferentes expedientes de subvención, Aulacen Cinco SL habría sido beneficiaria "injustamente" de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo para actuaciones formativas para desempleados por un total de más de 193.900 euros, y que habría culminado con un último pago por importe de 10.324 euros.
Todo ello, recoge el auto, "al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas —en especial, de las del mismo sector de actividad— y desempleados". Esta forma de actuar las habría privado de concurrir a su concesión acreditando las condiciones y requisitos habilitantes de su percepción, "con desprecio de elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos, y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo".
Entre las irregularidades expuestas en una extensa resolución de 115 páginas, el juez expone que en diferentes expedientes de subvención no se habría seguido el preceptivo procedimiento de concurrencia competitiva establecido, dada la falta de inscripción —en legal forma— de la sociedad Aulacen Cinco SL como centro de formación acreditado. "Cabe deducir el trato de favor que, por parte de los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se habría dispensado a Aulacen Cinco SL como beneficiaria", indica la resolución.
Por tanto, se habría incumplido la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo gracias al "natural concurso" de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención, en este caso, del SAE, según el auto.