L D (EFE) Rogelio Blanco afirma que el Ministerio de Cultura trata de buscar una solución para la aplicación del denominado "canon de bibliotecas" y tiene hasta el próximo día 14 para hacer llegar a la Comisión Europea un informe en el que se justifiquen las exenciones que se aplican en nuestro país y que han sido rechazadas por la UE por considerar que son "demasiados generalistas y casi abarcan a todas las bibliotecas".
Si el Ejecutivo comunitario volviera a estar en desacuerdo con los argumentos del Gobierno español, el asunto podría llegar al Tribunal de Estrasburgo, y una vez que haya sentencia firme, el cumplimiento del canon sería obligatorio. "Si se desobedece, empieza a aplicarse una sanción que en el caso de España sería de unos 300.000 euros al día", añadió Blanco.
El Ministerio hará todo lo posible para evitar cualquier sanción, y por eso trata de llegar a acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos, de los que dependen un buen número de bibliotecas del país, y negocia con las organizaciones que defienden la aplicación del canon -la Asociación de Escritores y CEDRO, entre ellas- para ver qué cantidad habría que pagar a los autores por el préstamo de sus libros.
Aunque aún no están perfiladas las soluciones, los responsables ministeriales tienen claro que "el usuario no va a pagar nada" y saben que al Estado le tocará "asumir un porcentaje alto" del citado canon. En beneficio de unos y otros, intentarán, ante la Comisión Europea, que "la excepcionalidad vaya al máximo".
Rogelio Blanco se refirió también a las ayudas que, desde el Ministerio, se conceden al sector del libro y que ascienden a cerca de veinte millones de euros anuales. Esa cantidad se destina, entre otros conceptos, a "ayudas nominativas a los diversos sectores, a premios, a la edición y a la promoción de nuestros escritores por España y por el extranjero".
Si el Ejecutivo comunitario volviera a estar en desacuerdo con los argumentos del Gobierno español, el asunto podría llegar al Tribunal de Estrasburgo, y una vez que haya sentencia firme, el cumplimiento del canon sería obligatorio. "Si se desobedece, empieza a aplicarse una sanción que en el caso de España sería de unos 300.000 euros al día", añadió Blanco.
El Ministerio hará todo lo posible para evitar cualquier sanción, y por eso trata de llegar a acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos, de los que dependen un buen número de bibliotecas del país, y negocia con las organizaciones que defienden la aplicación del canon -la Asociación de Escritores y CEDRO, entre ellas- para ver qué cantidad habría que pagar a los autores por el préstamo de sus libros.
Aunque aún no están perfiladas las soluciones, los responsables ministeriales tienen claro que "el usuario no va a pagar nada" y saben que al Estado le tocará "asumir un porcentaje alto" del citado canon. En beneficio de unos y otros, intentarán, ante la Comisión Europea, que "la excepcionalidad vaya al máximo".
Rogelio Blanco se refirió también a las ayudas que, desde el Ministerio, se conceden al sector del libro y que ascienden a cerca de veinte millones de euros anuales. Esa cantidad se destina, entre otros conceptos, a "ayudas nominativas a los diversos sectores, a premios, a la edición y a la promoción de nuestros escritores por España y por el extranjero".