A la espera de que Interior publique los números oficiales para este primer mes de 2024, las últimas 729 personas rescatadas en aguas próximas a Canarias acercan las estimaciones a más de 4.800 inmigrantes en unas 60 embarcaciones. Las cifras son muy preocupantes, pero el asunto al que el Gobierno insular da más celeridad es al reparto de los menores no acompañados, que con los 900 llegados este enero, ya son más 5.600 los que tiene bajo su tutela.
Para dar respuesta a este problema, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego ha viajado a Tenerife para reunirse con el presidente Fernando Clavijo y estudiar la propuesta del Ejecutivo canario de acometer modificaciones legislativas para que la distribución por comunidades autónomas sea obligatoria y no "solidaria". El Estado responderá a esta propuesta o pondrá sobre la mesa alguna alternativa no ahora, sino a lo largo del primer trimestre del año.
Al parecer la propuesta diseñada por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma está ya en manos de todos los ministerios implicados, aunque Rego reconoce que el proceso para cambiar las leyes relacionadas con la tutela de los menores "no será fácil" debido al contexto de inestabilidad política que vive España, pero que este será un tema "prioritario".
Aunque parece que no mucho, sobre todo si se tiene en cuenta el aumento del flujo de llegadas, que este mes de enero ha crecido un 838% respecto al mismo periodo en 2023. Por lo que, aplazar las soluciones –o la valoración de ellas– dos meses, llegará en un contexto mucho más crítico, y habrá cientos de niños y niñas más por repartir entre otras CCAA.
Aún así, Fernando Clavijo ha ensalzado el "cambio de actitud" de la nueva titular de Juventud después de que su antecesora en el cargo, Ione Belarra, ni contestó a las llamadas del Gobierno regional ni "quiso nunca visitar" las islas para conocer la crisis humanitaria de primera mano.
Traslados mientras modifican las leyes
El presidente ha demandado que la modificación en torno a los menores se haga vía decreto ley y convalidado por el Congreso porque es la fórmula más rápida, y ha ejemplificado el mal funcionamiento del modelo "solidario" con los 347 menores migrantes pactados para ser distribuidos en octubre "aún no han podido salir" porque solo tres comunidades autónomas –Madrid, Galicia y Aragón– han mostrado interés y predisposición. "Está claro que la voluntariedad y solidaridad no ha funcionado".
En los próximos días la ministra se reunirá con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para "desatascar" el operativo de determinación de edad pues hay hasta 1.800 "que generan dudas y hay que hacer las pruebas porque preocupa que pueda haber menores con adultos o adultos con menores".
El presidente canario ha asumido que la inmigración "es estructural y no va a acabar" y el archipiélago "va a seguir siendo frontera sur de Europa" por lo que hacen falta recursos y la coordinación de ambos gobiernos, al tiempo que ha agradecido que se vaya a intensificar la labor diplomática de las autoridades europeas en Mauritania, Gambia y Senegal, que son los principales puntos de origen de las embarcaciones actualmente.
En sus demandas al Estado, Clavijo ha trasladado a la ministra la necesidad de mayor presupuesto para las comunidades autónomas mientras espera por los fondos de la UE ya que, aunque no quiere poner "números ni cantidades económicas", los menores "consumen unos recursos" vinculados a los derechos de la infancia o la escolarización, los 20 millones que reciben "son insuficientes".