El Gobierno de Canarias quiere que el reparto de los menores inmigrantes llegados a sus islas sea obligatorio y no solidario. Desde que la llegada de cayucos cargados con cientos de personas se convirtió en el día a día del archipiélago, el Ejecutivo ha pedido colaboración y solidaridad al resto del territorio por activa y por pasiva, haciendo especial hincapié en lo que a los menores migrantes se refiere.
Y es que, en estos momentos, Canarias tiene bajo su tutela a 5.600 niños y niñas hacinados en centros de acogida al límite de su capacidad. Es por ello, que las exigencias del Gobierno canaria pasaban por cambiar la Ley de Extranjería y así facilitar la distribución a todas las comunidades autónomas, y ahora que el Estado se ha dignado a trabajar en el texto para la reforma legislativa, empiezan los problemas.
El partido presidido por Santiago Abascal nunca ha sido partidario de hospedar a los ilegales que cruzan nuestras fronteras, ya sean personas adultas o menores. Señalan que genera un "efecto llamada" y por ende, no es una medida enfocada a "frenar la invasión", la cual respaldan con los datos del Ministerio del Interior que, a fecha de 29 de febrero, acumula 15.148 inmigrantes llegados a España, de los cuales, 12.393 lo hicieron a través de Canarias, un 469% más en comparación al mismo periodo de 2023.
Por lo tanto, es evidente que desde Vox se han posicionado en contra y se niegan en rotundo a la inminente ‘obligación’ de acoger MENAS en los territorios donde su formación forme parte del ejecutivo autonómico junto al PP –Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León–. Así lo anunció el nuevo portavoz nacional de Vox, el diputado madrileño José Antonio Fúster tras la ‘Conferencia Sectorial sobre Inmigración’ celebrada este lunes.
El encuentro tuvo como eje principal precisamente el traslado de los menores no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto de la península, y la modificación legislativa exigida por el Gobierno de Canarias (CC y PP). En ella Fúster avisó que desde Vox no caerán en "el falso buenísimo", y que por ello no permitirán el traslado a las comunidades donde estén presentes.
Al parecer, los de Abascal han tomado esta decisión por libre y no ha sido consensuada con los ‘populares’, pero "trataran de llegar a un acuerdo". Además, se muestran convencidos de que que el Gobierno de Sánchez, a través de sus "pactos indignos que van contra España", va a "intentar exportar cierta parte o la gran parte de la inmigración ilegal" a las autonomías donde están presentes cuando, en su opinión "todo el que entra de forma ilegal debe ser expulsado de inmediato".
En este escenario de colapso en las Islas y la falta de recursos para atender a los miles de menores tutelados por el Gobierno canario, fueron precisamente cuatro comunidades lideradas por el Partido Popular las primeras en acordar la acogida solidaria. Aunque los acuerdos alcanzados el pasado mes de octubre no se han materializado todavía están en trámites para el reparto de 347 niños y niñas.