El 2024 se acerca a su ecuador y ya roza unas cifras en inmigración ilegal muy superiores a las del pasado año. En concreto, hasta el 15 de junio, han alcanzado nuestro país de forma ilegal 24.160 personas, un 124% más que en 2023, de las cuales 18.977 lo han hecho a través de Canarias, que sin duda alguna sigue siendo la comunidad más castigada.
Mientras diariamente cayucos son rescatados en aguas próximas a las Islas, el Gobierno de España sigue sin querer ver la terrible situación que arrasa los servicios de acogida, sanitarios y económicos del archipiélago y se mantiene indiferente a sus necesidades y demandas. Y, indudablemente, el asunto más preocupante y en el que el Estado en teoría trabaja por resolver, es el reparto de los 5.645 menores inmigrantes no acompañados que Canarias tutela en solitario.
A este aspecto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirma que esta semana debe ser "crucial" para alcanzar el acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para modificar la Ley de Extranjería y que la distribución de los niños y niñas inmigrantes entre todas las comunidades autónomas sea obligatorio. Este cambio en la norma se debate desde hace meses, y desde el anuncio "falso" del ministro Torres, las islas siguen sin conocer si se han establecido o no las negociaciones con el resto de partidos políticos. Este martes, el presidente tiene previsto hablar con el ministro.
Fue el pasado 1 de febrero cuando Clavijo se reunió con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Regó, para tratar por primera vez las posibles modificaciones legislativas para el reparto de menores, y a 18 de junio, no se puede decir que la situación no haya cambiado nada, porque en realidad, es bastante peor.
"No nos cabe en la cabeza que no tengamos el acuerdo", ha recalcado Clavijo. Según ha indicado el presidente canario que desde que se adopte la medida, se reunirá el Pacto por la Inmigración en Canarias y se trasladarán a Madrid a exponerlo a los grupos políticos.
La medida tendrá que aprobarse en el Consejo de Ministros como decreto ley o como proposición de ley, pero ha insistido en que, dadas las circunstancias que se viven en Canarias, debe ser por decreto ley aunque después se tramite como ley, ya que ha remarcado que es preciso que entre en vigor de forma inmediata para poner en marcha los nuevos mecanismos para el reparto de menores.
"No nos gustaría ver en muelles o espacios públicos campamentos para su atención por falta de espacio o porque el Gobierno de España nos ha negado instalaciones militares" para alojarlos, ha advertido. Así mismo, ha manifestado que el Gobierno central "tiene la obligación de gobernar" y lo que no puede ser es "echar balones fuera" en cuanto a las responsabilidades, al supeditar el pacto al apoyo del PP, socio del ejecutivo canario.