El Gobierno de España y el de Canarias, abordaron este miércoles la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud el reparto de los menores inmigrantes no acompañados desde las islas y Ceuta, que ha dado como resultado un pacto con las comunidades autónomas para el reparto voluntario de 357 niños y niñas. Son embargo, a pesar del avance que supone la reubicación, el presidente canario, Fernando Clavijo, lamenta que la reforma de la Ley de Extranjería siga en el aire.
El ejecutivo autonómico pretende establecer con dicha modificación un modelo obligatorio de distribución de los menores una vez que los territorios saturados alcancen el 150% de su capacidad de acogida. "Ya no sabemos que hacer", ha señalado Clavijo en una entrevista concedida a Onda Cero, en la que ha reclamado a PSOE y PP que alcancen un "pacto de Estado" para dar solución a un problema estructural que afecta ahora a Canarias pero que en el futuro podría impactar en otras comunidades autónomas.
El presidente canario ha dado un "aprobado raspado" a la sectorial de este miércoles y ha valorado que "el tono fue bastante positivo" y todas las comunidades se "solidarizaron" aunque entiende que la distribución voluntaria "no es la solución" porque además el proceso administrativo es "muy complejo" y no es inmediato.
Además, ha reconocido que en Canarias han pecado de "colapso" y puso como ejemplo el centro de menores que algunas comunidades visitaron este miércoles en Tenerife, con capacidad para casi 300 personas y que en su día fue construido por el Cabildo para albergar palomas.
"Acabas contando literas y plazas, no niños y niñas. Corremos el riesgo de deshumanizarnos", ha señalado, subrayando que en el hospital de El Hierro la comunidad tiene bajo tutela a dos niñas en shock psicológico que llegaron en cayuco el pasado fin de semana y vieron como sus padres eran tirados por la borda en el mar tras fallecer.
El pronóstico para la segunda mitad del año no es nada esperanzador, sobre todo teniendo en cuenta el número de llegadas que se han dado hasta el momento. El número de embarcaciones ilegales que llegarán a las islas aumentará en los próximos meses por la mejoría de las condiciones climatológicas y el estado del mar. Por ello, Fernando Clavijo pide el decreto ley, porque su aplicación es inmediata y permitiría ir derivando a unos 3.000 menores a lo largo de un año y con los nuevos que lleguen, en 15 días.
Votación en el Congreso
No obstante, ha reconocido que hace falta crear los recursos de acogida en las comunidades autónomas y para eso hace falta la financiación del Estado, que debe implicarse más, pues un presidente autonómico no es "nadie" para ir al Congreso y presentar un texto de reforma a los grupos, pero lo hizo por la "desesperación" de la situación.
El presidente del Gobierno de Canarias ha valorado también el "impulso" que le ha dado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres al acuerdo pero ha insistido en que las comunidades están "solas", hasta el punto de que el Ministerio de Defensa ha denegado a Canarias el uso de instalaciones militares en desuso.
"Si no tenemos respuestas, tendremos que acudir a la judicatura y declararnos inhabilitados. No vamos a ser cómplices de una situación en la que se están vulnerando tratados internacionales", ha comentado.