El Ejecutivo autonómico ha denunciado el bloqueo sistemático que el PSOE mantiene sobre el "Decreto Canarias" en las Cortes Generales, una parálisis legislativa que no es inocua, al contrario, cercena la puesta en marcha de herramientas económicas vitales en un momento donde la incertidumbre golpea el día a día de las familias.
El texto cuenta con un respaldo parlamentario amplio y la mayoría sólida de las fuerzas que entienden la realidad insular, pero el rodillo de Moncloa prefiere ignorar las demandas de la sociedad canaria. Esta estrategia de silencio y boicot demuestra que la denominada "agenda canaria" constituye un elemento secundario para los intereses de un Gobierno central más preocupado por su propia supervivencia política que por atender las singularidades de un territorio fragmentado y alejado del continente.
Menos impuestos en el bolsillo del ciudadano
La verdadera trascendencia de este decreto no radica en los despachos, sino en el alivio fiscal directo que supondría para el tejido productivo, los pequeños comerciantes y los hogares de las islas. En una economía donde las cifras macroeconómicas baten récords pero los ciudadanos sufren para llegar a fin de mes por el coste de la cesta de la compra, el texto propone medidas liberalizadoras urgentes. Entre ellas destaca la deflactación del IRPF, una herramienta indispensable para mitigar el mordisco silencioso de la inflación en los salarios, además de implantar una fiscalidad diferenciada y justa para las islas no capitalinas, que soportan sobrecostes estructurales severos.
La norma también introduce incentivos reales para la creación de empleo y la mejora de las rentas salariales. Plantea eximir a las empresas del abono de la Seguridad Social si deciden elevar los sueldos por encima de lo estipulado en los convenios colectivos. Se trata de permitir que la riqueza permanezca en manos de quienes la generan mediante su esfuerzo diario, en lugar de alimentar un engranaje estatal que prioriza el drenaje de recursos. La inacción ministerial solo consigue asfixiar la iniciativa privada y penalizar a los autónomos que sostienen la actividad productiva.
Cuentas pendientes con el archipiélago
El agravio perpetrado desde la distancia se vuelve más evidente al analizar los compromisos financieros incumplidos. El Ejecutivo regional mantiene una postura firme ante el impago de partidas presupuestarias que corresponden legalmente a los ciudadanos de las islas. El Estado retiene de forma arbitraria 300 millones de euros destinados al desarrollo regional, al tiempo que mantiene sepultada bajo la desidia administrativa la prometida bonificación del 60% del IRPF para los damnificados de La Palma, un derecho de justicia social para las familias que lo perdieron todo.
Mientras la izquierda insiste en la redistribución forzosa y el incremento del gasto público para maquillar las deficiencias del modelo actual, la realidad a pie de calle demuestra que los balances económicos positivos no se traducen en bienestar si las trabas burocráticas persisten. La consolidación económica del archipiélago requiere tiempo y constancia, pero sobre todo exige la eliminación de los costes derivados de la fragmentación del suelo urbano y la devolución de la soberanía financiera a los ciudadanos, para que cada familia decida el destino de sus recursos en libertad.