El autoproclamado paladín de la decencia, Santiago Pérez, ha decidido tirar la toalla. Como el niño que se lleva el balón a casa cuando va perdiendo o no le gustan las reglas del juego, el histórico dirigente ha formalizado su retirada como acusación popular en el manido caso Reparos. La excusa oficial es una rabieta envuelta en jerga jurídica por sus discrepancias con el último auto de la Audiencia Provincial; la realidad que se esconde detrás de esta espantada es mucho más simple: su castillo de naipes judicial se ha derrumbado estrepitosamente.
La Justicia le ha dado un soberano baño de realidad. De la macrocausa que amenazaba con empapelar a medio consistorio lagunero, la Audiencia ha archivado la investigación para ocho de los nueve encausados, dejando únicamente al exalcalde José Alberto Díaz frente al espejo de un contrato de limpieza. El supuesto escándalo mayúsculo de los 80 decretos y los 83 millones de euros ha quedado reducido, para desesperación del profesor de Derecho Constitucional, a lo que siempre pareció ser: simples irregularidades administrativas. Muy lejos, desde luego, del apocalipsis penal y la trama de corrupción masiva que Pérez se encargó de pregonar durante años por los platós y redacciones.
Para Pérez, que las instancias judiciales reduzcan a la nada su relato es un "error evidente". La soberbia intelectual no le permite asimilar que, a lo mejor, el error fue suyo al intentar estirar el chicle del Derecho Penal para ganar en los juzgados lo que las urnas o el debate político le negaban.
Pero lo que verdaderamente escuece al denunciante, lo que le ha llevado a este incomprensible berrinche de despedida, es ver cómo su gran obsesión política sale indemne. Pérez llora ahora por los rincones quejándose de que la Audiencia no analice un decreto de 2012 firmado por Fernando Clavijo respecto a la empresa Urbaser. No soporta que la propia Fiscalía Anticorrupción le haya dejado solo, cambiando de criterio y dándole la espalda tras el contundente auto del Tribunal Supremo de 2023 que descartó cualquier responsabilidad penal del actual presidente autonómico. Sin su gran trofeo de caza mayor, el caso ya no le interesa.
Al final, el denunciante por antonomasia de la política tinerfeña se retira por la puerta de atrás. Su desistimiento definitivo de la acusación popular no es un acto de coherencia procesal, sino la constatación de un fracaso absoluto. Su cruzada personal, disfrazada de celo fiscalizador, termina como acaban los malos fuegos artificiales: con mucho ruido inicial, pero dejando tras de sí únicamente humo y el tufo a una forma de hacer política basada en el barro y los tribunales que, afortunadamente, ya caducó.
Director de Libertad Digital Canarias. Profesional del periodismo con 28 años de experiencia. Compatibiliza esta labor con la dirección de Es Radio Tenerife desde el inicio de la cadena y con la presentación en Canal 4 Televisión Tenerife.