La Justicia rechaza suspender el desahucio de las monjas excomulgadas que se niegan a dejar el Monasterio de Belorado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Briviesca ha desestimado la suspensión del desahucio del Monasterio de Belorado, que fue solicitada por las conocidas como monjas cismáticas de Burgos (las clarisas que fueron excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada tras la constatación de su anunciada ruptura con Roma, que —pese a ello— continúan viviendo en el convento propiedad de una orden de la que ya no forman parte).

Las exreligiosas pedían al juez que se paralizara el proceso judicial hasta que se resolviera la demanda que ellas presentaron contra el comisario pontificio —Mario Iceta, arzobispo de Burgos— designado por el Vaticano para que gestione los monasterio de Belorado, Derio y Orduña. Extremo que ha sido rechazado por el magistrado en el auto, con fecha 21 de febrero, notificado este lunes a las partes.

Por otra parte, la pretensión de las cismáticas de anular el nombramiento de Iceta —y por tanto su capacidad de decisión sobre los mencionados monasterios— tampoco ha prosperado. En otro auto notificado este 24 de febrero, el Juzgado se abstiene de valorar dicho nombramiento realizado por la Santa Sede al entender que corresponde a la jurisdicción internacional, informa la Oficina del Comisario Pontificio en un comunicado.

"El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, en especial las de culto, jurisdicción y magisterio", señala el auto. "Por tanto, el Juzgado de Briviesca declara su falta de jurisdicción para resolver la validez de los acuerdos adoptados por la Santa Sede en relación con el nombramiento de Comisario Pontificio", sentencia el comunicado.

"Con respecto al derecho de separación de la Iglesia Católica, el Tribunal Supremo ha recogido en su sentencia 4855/2021 de 23 de diciembre la jurisprudencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la autonomía de las comunidades religiosas. En concreto, se afirma que ‘el principio de autonomía prohíbe al Estado obligar a una comunidad religiosa a admitir en su seno nuevos miembros o excluir otros’.", recuerda.

"Igualmente, el art. 9 del Convenio no garantiza ningún derecho a la disidencia en el interior de una organización religiosa; en caso de desacuerdo doctrinal o relativo a la organización entre una comunidad religiosa y uno de sus miembros, la libertad de religión del individuo se ejerce por su facultad de abandonar libremente la comunidad", añade. "Por tanto, no existe el pretendido derecho de separación como comunidad, sino que debe ejercerse a título personal e individual".

Resolución previa

Cabe recordar que hace aproximadamente un mes el mencionado juzgado ya rechazó la medida cautelar que solicitaban las exmonjas para que el comisario pontificio se abstuviera de intervenir en la administración, gestión, control de cuentas y representación legal de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

"De esta resolución se infiere la plena legalidad y validez de la inscripción del nombramiento como Comisario Pontificio en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y su plena capacidad de actuar", señaló entonces la oficina de Mario Iceta.

Contexto del nombramiento

Su nombramiento se produjo después de que las monjas rebeldes anunciaran su ruptura con Roma en un manifiesto publicado el 13 de mayo de 2024. La Santa Sede explicó entonces que la intención era reconducir la situación de cisma y al mismo tiempo proteger el patrimonio adscrito a las monjas clarisas, bloqueando cualquier pretensión de sor Isabel (la exabadesa aferrada al cargo) de cambiar de titularidad inmuebles y terrenos, o vender los bienes que haya en el interior de los mismos.

Cuando Iceta empezó a tutelar las cuentas y la gestión del monasterio, lo que se encontró fue que estaban sin fondos (apenas sumaban 6.000 euros, entre todas) y se les acumulaban las deudas. Desde entonces, la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu ha tenido que proporcionar fondos para hacer frente a los gastos y las obligaciones perentorias. Más de 225.000 euros.