Si algo define a este Gobierno de Sánchez es su admirable capacidad para legislar en contra de sí mismo. Después de haber promovido, subvencionado y blindado a golpe de decreto la proliferación de parques eólicos por toda la geografía nacional —incluidos en algunos casos espacios de la Red Natura 2000—, ahora la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha decidido sacar la espada normativa en defensa de la avifauna. Y lo hace con un proyecto de Real Decreto que propone medidas dignas de una tragicomedia verde.
Según el proyecto, cualquier aerogenerador que provoque tres o más colisiones de aves protegidas en cinco años deberá ser detenido y posiblemente, desmantelado. Se acabó el plan de vuelo libre para las aspas asesinas. Y por supuesto, ni una palabra sobre cuánto costará ni quién pagará el festival normativo retroactivo.
La nueva cruzada del Ministerio: salvar lo que ya ha matado
Además, este Real Decreto plantea que los aerogeneradores deberán pararse automáticamente si se detecta riesgo de colisión, ya sea mediante tecnología de detección o mediante observadores in situ.
También se exige la parada de aspas cuando el viento sea inferior a seis metros por segundo en las noches de verano, para proteger a los murciélagos. Porque al Ministerio para la Transición Ecológica, ahora también le importan los quirópteros.
Todo esto en nombre de la biodiversidad. ¿Y qué hay de las personas que viven a 200 metros de un parque eólico, cuyos informes de impacto ambiental fueron redactados con más optimismo que rigor científico y técnico? Nada. Cero líneas en el proyecto de Real Decreto. La salud humana, al parecer, no figura en el "Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial".
Los molinos que matan aves… y vecinos
En los últimos años, son muchos los estudios científicos que viene describiendo el impacto de los aerogeneradores en la avifauna. Pero la realidad es que los aerogeneradores no sólo han segado vidas aladas. Según estudios científicos recogidos en una revisión de artículos científicos, provocan lo que se ha denominado "síndrome del parque eólico", con síntomas como insomnio, ansiedad, hipertensión o trastornos del sueño derivados del infrasonido y la contaminación acústica.
Por lo tanto, el riesgo para aves y rapaces, muchas en peligro de extinción, es algo bien conocido y descrito desde hace más de 10 años. ¿Y qué hizo el Gobierno? Aprobar parques eólicos por toda España, por ejemplo, en 2022 aprobó la instalación de 121 nuevos molinos en Teruel, donde murió el último quebrantahuesos. Quebrantado, claro, por un molino autorizado por quienes ahora claman por la protección de la fauna.
¿Ecología o hipocresía?
Resulta difícil no ver en esta norma el reflejo de una profunda incoherencia política. El Ejecutivo que eliminó trabas a las declaraciones de impacto ambiental para acelerar los proyectos renovables ahora reacciona como si el daño fuera culpa de terceros.
Aprobamos molinos donde hay águilas, buitres o quebrantahuesos… y cuando mueren, penalizamos a los promotores. Con sanciones que, de momento no está indicado cuantos euros penalizarán por cada milano real accidentado. Pero seguro que el coste, incluida la sanción, el gasto derivado de parar el aerogenerador y de la energía que supla la energía no producida por la parada, será más alto que el que pagan algunos cazadores por abatirlos en una cacería.
¿Y los informes previos? Bien, gracias
Muchos de estos parques fueron aprobados con informes de impacto ambiental que omitieron —por ignorancia o conveniencia— la presencia de especies protegidas.
Algunos fueron instalados incluso dentro de la Red Natura 2000. ¿Dónde estaba entonces la ministra de transición ecológica? ¿Y los guardianes de la biodiversidad? ¿y los ecologistas? Probablemente afinando el argumentario para justificar que "las renovables son siempre buenas".
Cuando la lógica se estrella contra una pala
El nuevo proyecto de Real Decreto no distingue entre un aerogenerador instalado en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y otro en una llanura cerealista. Si matan aves, a desmantelar. Pero no se toca el modelo de instalación sin planificación, ni se exige responsabilidad a quien permitió montar un parque eólico donde anidan especies amenazadas.
Mientras tanto, los vecinos seguirán soportando el zumbido eterno de las turbinas, la sombra intermitente de las aspas, las alteraciones del sueño y los efectos del infrasonido. El Gobierno, sin embargo, guarda silencio. El silencio, por supuesto, de quien no ha sido molido por un molino.
Final con aspas girando: más ideología que ecología
Este Real Decreto, lejos de enmendar errores, sólo los certifica. Reconoce que los parques eólicos matan fauna protegida. Pero no se pregunta por qué se aprobaron donde no debían. Tampoco corrige el marco que permitió su expansión salvaje. Y mucho menos protege a las personas que llevan años denunciando un modelo que les excluye y perjudica.
Sánchez quiere que paremos los molinos asesinos. Pero ni Sánchez ni su Gobierno han parado nunca el rodillo ideológico que los puso ahí. La única especie que parece no estar protegida en este país es el ciudadano que osa cuestionar la religión renovable del sanchismo.
Ana Hernández es Doctora en Química Orgánica, especializada en Química Médica y Biología, con más de veinte años de experiencia como investigadora tanto en España como en el extranjero. Es autora de múltiples publicaciones científicas y patentes.