La tecnología capaz de leer la actividad cerebral ya no es ciencia ficción: existe, se desarrolla a pasos agigantados y plantea desafíos sin precedentes. Desde implantes que restauran funciones perdidas hasta dispositivos portátiles que prometen mejorar la concentración o el sueño, la neurotecnología avanza más rápido que la legislación que debería regularla.
En este contexto, la UNESCO ha presentado el primer conjunto de principios éticos internacionales destinados a proteger la privacidad mental, la autonomía y la libertad de pensamiento, tal como recoge la revista Nature en un reportaje publicado el 3 de junio de 2025.
Cómo se fabrican las máquinas que leen la mente
Todos los dispositivos de lectura cerebral, conocidos como interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés), parten del mismo principio: registrar la actividad eléctrica del cerebro y traducirla en información útil. Esta señal se capta mediante electrodos, que pueden estar implantados directamente en el cerebro o situarse sobre el cuero cabelludo.
Los sistemas implantables utilizan microelectrodos que detectan las señales neuronales con alta resolución. Estos se colocan mediante cirugía, a veces penetrando en la corteza cerebral, o mediante métodos menos invasivos, como los "stentrodos", que se implantan a través del sistema vascular.
En cambio, los dispositivos no invasivos —como diademas o auriculares con sensores de electroencefalografía (EEG)— captan la señal desde el exterior, lo que limita su precisión, pero facilita su comercialización masiva.
Los datos recogidos por estos sistemas son procesados mediante algoritmos de inteligencia artificial que identifican patrones y los traducen en acciones: mover un cursor, medir la atención o generar música adaptada al estado emocional del usuario. Pero esta capacidad de "decodificar" el cerebro plantea una pregunta crítica: ¿quién controla esa información?
Cuando tus pensamientos se vuelven datos
El riesgo más evidente es la vulneración de la privacidad mental. A diferencia de otros datos personales, los datos cerebrales no solo revelan comportamientos, sino emociones, intenciones y preferencias aún no expresadas. Esto convierte a la mente en una fuente de información más íntima que cualquier red social o historial de búsqueda.
Los dispositivos destinados al consumidor no están sujetos a la misma regulación que los productos médicos. Mientras que implantes desarrollados por empresas como Neuralink o Synchron deben pasar por rigurosos ensayos clínicos y autorizaciones de agencias como la FDA, los dispositivos portátiles —vendidos para mejorar la productividad, el aprendizaje o el bienestar— se expanden en un entorno mucho más permisivo.
Como alerta la UNESCO, esto abre la puerta a prácticas como el neuromarketing encubierto, el uso de tecnologías en entornos laborales o educativos sin consentimiento informado, e incluso la manipulación de emociones o decisiones políticas mediante estímulos diseñados a partir de la actividad cerebral del usuario.
El primer intento global de poner límites
Para responder a estos desafíos, la UNESCO ha impulsado la creación de un marco ético internacional. En abril de 2024, un grupo de 24 expertos en neurociencia, inteligencia artificial, ética y derecho comenzó a elaborar el documento, que será debatido por los 194 Estados miembros de la organización a finales de 2025.
Este conjunto de principios —nueve en total— propone medidas concretas: desde exigir transparencia en la recolección y uso de datos neuronales, hasta prohibir aplicaciones que puedan discriminar, manipular o afectar la integridad psicológica del usuario. También se destaca la importancia del consentimiento informado, que debe ser libre, previo y revocable, y que incluya el derecho a retirar el uso de la tecnología en cualquier momento.
Según declaraciones en la revista Nature de Pedro Maldonado, neurocientífico y uno de los redactores del documento, este marco pretende ser una guía para que los países desarrollen sus propias leyes y políticas públicas. Aunque no es jurídicamente vinculante, puede sentar las bases para futuras normativas nacionales e internacionales.
Del entusiasmo científico al escepticismo ético
A pesar de los impresionantes avances técnicos, muchos expertos llaman a la cautela. La fiabilidad, el coste y la escalabilidad de estas tecnologías siguen siendo obstáculos importantes.
Como señaló en Nature el ingeniero Tim Denison, de la Universidad de Oxford, no basta con que un sistema funcione en laboratorio: debe ser seguro, asequible y aplicable en contextos reales, sin depender de un equipo técnico especializado en cada hogar.
El riesgo es que el entusiasmo por los beneficios médicos se utilice como justificación para expandir usos comerciales poco regulados. El caso de Chile es un ejemplo de respuesta legislativa: en 2021, el país reformó su Constitución para incluir la protección de los neuroderechos, y en 2024 su Corte Suprema falló contra una empresa estadounidense que utilizó sin autorización datos neuronales obtenidos mediante un dispositivo importado.
¿Un nuevo derecho humano?: libertad cognitiva
El debate que se abre va más allá de la privacidad. Se trata de definir qué significa ser libre en un mundo donde nuestras emociones, pensamientos e impulsos pueden ser analizados, registrados o incluso alterados por una máquina.
La jurista Nita Farahany, de la Universidad de Duke, propone incluir en los tratados internacionales un nuevo derecho: la libertad cognitiva.
Este derecho abarcaría no solo la protección frente a tecnologías que acceden al cerebro, sino también frente a aquellas que manipulan el comportamiento de forma encubierta, como ciertos algoritmos digitales. Porque el problema no es solo quién puede leernos, sino quién puede escribir en nosotros.
Por eso, el reto que plantea la neurotecnología no es únicamente técnico o jurídico, sino profundamente humano. Nos obliga a repensar los límites de nuestra intimidad, a proteger el espacio interior donde se forman nuestras decisiones y a anticipar un futuro donde el control de la mente no sea una herramienta de poder.
En ese horizonte, definir y defender la libertad cognitiva no es una opción filosófica: es una necesidad política urgente.