La carga regulatoria en España ha alcanzado niveles que no tienen parangón en Europa. Un informe del Instituto Juan de Mariana, elaborado en colaboración con el CEU, y titulado Desenredar España, pone cifras a lo que muchos empresarios y autónomos viven a diario: en España publica cerca de un millón de páginas de nueva legislación cada año y necesita más de 13.800 horas para que alguien pueda abrir un negocio desde cero. Esta semana, La Pizarra de Domingo Soriano analiza el coste real de la burocracia española.
Desde la Transición, el volumen acumulado de normativa publicada en España, sumando el BOE y los boletines oficiales de todas las comunidades autónomas, formaría una torre de más de 550 metros de altura, superior al Empire State, a la Torre Eiffel y a las Torres Petronas. Solo en la última década, los distintos boletines autonómicos han publicado entre 800.000 y 900.000 páginas anuales, a las que se suman unas 200.000 adicionales del BOE estatal. El resultado es una media de una norma nueva cada 45 minutos, o lo que es lo mismo, el equivalente a tres ediciones del Quijote en legislación nueva cada día.
El problema no es solo cuantitativo. A estos cuatro niveles normativos, local, autonómico, estatal y europeo, se añade que muchas de las normas son contradictorias entre sí, lo que genera una incertidumbre paralizante incluso para quienes quieren cumplir escrupulosamente con la ley. No son pocos los empresarios que, habiendo contratado una gestoría y pedido explícitamente operar sin ningún margen de incumplimiento, reciben como respuesta que determinadas resoluciones no están claras ni para la propia Administración.
Peor que Venezuela
El índice de burocracia del Centro Adam Smith por la Libertad Económica sitúa a España en el último puesto del ranking de países hispanohablantes en cuanto a facilidad para abrir una empresa. Las horas necesarias para completar todos los trámites en España casi duplican las de Venezuela, el siguiente en la lista, y multiplican por entre 10 y 15 las de Brasil o México. Un dato que no procede de ningún lobby empresarial español, sino de un organismo internacional que, sin fijarse especialmente en España, obtuvo un resultado verdaderamente llamativo.
Las consecuencias son tangibles. El 60% de las empresas identifica la burocracia como una barrera directa a la inversión, lo que en la práctica significa que una de cada dos decisiones de crecimiento o ampliación queda en suspenso o se descarta ante el coste y la complejidad de los trámites. Antes de contratar al primer empleado, cualquier emprendedor necesita contratar ya a una gestoría.
Las reforma que nadie acomete
Lo que hace especialmente llamativo este problema es que su solución no requiere inversión pública ni implica recorte alguno del gasto. Simplificar y racionalizar la legislación que afecta a la actividad económica es, en términos presupuestarios, una medida de coste cero. Sin embargo, ningún gobierno ha acometido esta tarea con seriedad.
El informe propone aplicar a la normativa la lógica del presupuesto base cero: analizar cada norma existente como si no existiera y preguntarse si, de no haberla, algo empeoraría realmente. La respuesta, en un porcentaje elevado de casos, sería que no empeoraría. Eliminar esa legislación redundante o contradictoria permitiría a las empresas dedicar a su actividad principal los recursos humanos y económicos que hoy consumen en cumplimiento normativo, con el consiguiente impacto en productividad y competitividad.