La muerte de la etóloga británica Jane Goodall, a los 91 años, ha servido a las asociaciones animalistas para reactivar su presión sobre el Gobierno con el fin de que, tal y como prometió, saque adelante una ley que dote a gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos de derechos hasta ahora reservados exclusivamente a los seres humanos.
Un total de 105 ONG nacionales y 22 internacionales han pedido por carta una reunión al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para trasladarle personalmente un borrador articulado de la futura Ley de Grandes Simios que, en su opinión, situaría a España en "la vanguardia internacional" en la defensa de los grandes simios.
Los firmantes —entre ellos Pedro Pozas (Proyecto Gran Simio) y Marta Esteban (Animal Guardians)— recuerdan que el Ejecutivo tenía el mandato legal de presentar esta ley en un plazo máximo de tres meses tras la aprobación de la Ley de Bienestar Animal de 2023. Sin embargo, ese compromiso adoptado por el anterior director de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, parece estar paralizado bajo la batuta de su sucesor, José Ramón Becerra, según denuncian estas ONG, que aseguran que hasta ahora solo han recibido respuestas "dilatorias".
Derechos para "personas no humanas"
Ya en 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una iniciativa parlamentaria para reconocer a los grandes simios tres derechos fundamentales: la vida, la libertad individual y la prohibición de la tortura. Aquella iniciativa quedó en papel mojado, entre otras cosas porque su aplicación literal hubiera obligado a liberar a los animales de los zoológicos.
A la espera de conocer la propuesta del Ministerio de Bustinduy, Proyecto Gran Simio reitera que la ley debe "reconocer derechos básicos de seres que comparten con nosotros más del 98% de ADN y que han sido declarados "personas no humanas" en sentencias judiciales históricas y que científicamente se encuentran encuadrados taxonómicamente dentro de nuestra propia familia de los Homínidos".
De ahí que estas asociaciones exijan un reconocimiento jurídico que, en la práctica, situaría a los grandes simios en un estatus casi humano. Por otra parte, expertos en Derecho y Filosofía consideran que esta iniciativa idealista es un brindis al sol si se interpreta en su sentido más genérico, empezando por el hecho de que los simios no son personas jurídicas y resulta complejo otorgarles una serie de derechos y deberes reservados a los seres humanos por ser miembros de una sociedad.