Desde que Mónica García aterrizó en el Ministerio de Sanidad, no ha dejado de demostrar que, cuando se trata de imponer su ideología, los derechos individuales pueden esperar. Su objetivo parece claro: debilitar la objeción de conciencia en sanidad y acorralar a los profesionales sanitarios que ejercen su derecho a decir "no" frente al aborto.
En diciembre de 2024, el Ministerio de Sanidad aprobó el llamado "Protocolo para la creación del Registro de personas objetoras de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo". Recientemente, Mónica García ha vuelto a la carga con este tema a través de sus redes sociales, reafirmando su intención de aplicar el protocolo con firmeza y recordando que "no puede haber vacíos en la cobertura del aborto por falta de profesionales".
Según el Gobierno, este protocolo nace para garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública. Pero bajo esta coartada podría esconderse algo mucho más inquietante: un mecanismo de presión sutil y eficaz que busca disuadir a los profesionales de ejercer su derecho a decir "no".
Un derecho que podría dejar de serlo
El Gobierno se escuda en que este registro no será discriminatorio. Pero cuando un derecho necesita ser anotado en una base de datos, ya no es un derecho: es una concesión revocable.
La objeción de conciencia está reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución Española y en diversas sentencias del Tribunal Constitucional. También lo regula la Ley Orgánica 2/2010, que deja claro que es un derecho individual de los profesionales sanitarios que no deben ser discriminados por ejercerlo. Convertirla en un dato burocrático es el primer paso para su erosión progresiva.
El nuevo sistema obliga a cada comunidad autónoma a crear un registro propio de objetores, donde deberán inscribirse médicos, anestesistas, matronas, enfermeros y hasta especialistas en medicina familiar. El protocolo detalla si la objeción es total o parcial, y en qué supuestos.
Podrán llamarlo herramienta organizativa, pero la experiencia demuestra que todo registro de disidentes acaba funcionando como mecanismo de presión. ¿Quién querrá apuntarse si eso puede cerrarle puertas a una promoción o traslado?.
El problema no es organizativo, sino ideológico
La ministra García, que parece confundir gobernar con adoctrinar, defiende que solo 2 de cada 10 abortos se practican en hospitales públicos. Para ella, el problema no es la falta de recursos, ni la organización deficiente, ni la ausencia de unidades especializadas. No. El verdadero obstáculo son los profesionales que, por ética, por conciencia o por principios, deciden no intervenir en un aborto. Y su solución es tan sencilla como peligrosa: señalarlos, listarlos, vigilarlos.
A todo esto, se suma la narrativa simplista de que los derechos del paciente siempre deben prevalecer. Como si el sistema sanitario solo pudiera sostenerse sobre médicos obedientes, no sobre médicos con conciencia. Como si aquel que ha jurado "no hacer daño" bajo el Juramento Hipocrático no tuviera derecho a decidir qué considera moralmente dañino.
Voluntad médica sin vigilancia
Paradójicamente, mientras se exige a los objetores que se inscriban en un registro, nadie ha planteado crear una lista de médicos dispuestos a realizar abortos.
La ley de la eutanasia en Nueva Zelanda, ofrece una alternativa sencilla y lógica: se elaboró un directorio de médicos voluntarios dispuestos a practicarla. Ningún señalamiento, ningún registro de disidentes, solo organización basada en la voluntad profesional. Una solución sensata, que respeta tanto a los objetores como a los pacientes. Pero claro, eso requeriría sentido común, respetar los derechos individuales y, respetar la conciencia en vez de vigilarla.
De la pluralidad al pensamiento único
Este protocolo de Mónica García no solo es desproporcionado, sino también contraproducente. Lejos de mejorar el acceso al aborto, puede empujar a muchos sanitarios a abandonar el sistema público o, peor aún, a objetar en silencio —la llamada cripto-objeción— generando más desorganización de la que se pretendía evitar.
En lugar de promover la coexistencia de derechos en un sistema plural, la ministra opta por la vía de la confrontación: o conmigo, o contra mí. La libertad ideológica, el pluralismo y la tolerancia se convierten en palabras vacías cuando se institucionaliza el señalamiento de quienes no comulgan con el discurso oficial.
Mónica García no solo quiere garantizar el aborto, también parece querer que ningún sanitario se atreva a cuestionarlo. En ese empeño, la libertad de conciencia y la ética profesional se convierten en daños colaterales. En esa lógica típicamente autoritaria, más propia de visiones comunistas que de un Estado democrático, el Estado decide qué es moral, y los ciudadanos, incluidos los médicos, simplemente deben obedecer.
Un gobierno que necesita una lista negra para aplicar una ley no está protegiendo derechos: está imponiendo ideología. Y cuando el Estado empieza a hacer listas de los que piensan distinto, no es el acceso al aborto lo que está en juego. Es la libertad de todos.