El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios en el que se incluyen una lista de cambios que afectarán a la industria farmacéutica y que ha recibido las críticas del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.
La ley persigue "adaptar el sistema farmacéutico a los retos del siglo XXI, acelerando la incorporación de medicamentos innovadores, mejorando la sostenibilidad del sistema y fortaleciendo la autonomía estratégica tras las lecciones aprendidas durante la pandemia", según el Ministerio de Sanidad.
Las novedades de la Ley
La primera novedad que incluye el Anteproyecto es un cambio en la prescripción de medicamentos y productos sanitarios. Este cambio introduce la prescripción de medicamentos por principio activo como norma general, es decir, la prescripción en la que el profesional que receta el medicamento no especifica el producto exacto que debe ser dispensado. No obstante, la Ley contempla excepciones para pacientes vulnerables, con problemas de adherencia o para medicamentos considerados como no sustituibles por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Además, a esta entidad se le sumará la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) para "dar una respuesta rápida y eficaz ante futuros riesgos de salud pública en España".
Por otro lado, en línea con el Reglamento del Parlamento Europeo, los farmacéuticos podrán dispensar un medicamento equivalente ante la falta de disponibilidad en un momento puntual. La parte de la prescripción de medicamentos ha sido la más criticada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.
Otra de las novedades es la introducción del concepto primera prescripción. Los medicamentos sujetos a primera prescripción están pensados para que aquellos pacientes que necesitan recurrir a un medicamento en sucesivas ocasiones no necesiten "prescripciones adicionales durante un periodo de tiempo determinado bajo el consejo profesional farmacéutico", según el documento oficial.
La Ley también ha modificado el sistema de precios de referencia. En el modelo actual se impone un precio único a todos los medicamentos y con la nueva normativa las compañías podrán presentar ofertas de precios cada seis meses y el Ministerio de Sanidad escogerá los productos que estime oportunos, en principio en función de criterios como el precio competitivo.
Para garantizar el suministro de medicamentos estratégicos la solución del Ministerio es implementar "medidas regulatorias, económicas y de diversa índole que incentiven su permanencia en el mercado". De igual manera, para aumentar el control sobre los medicamentos se le concederán facultades a la AEMPS para "tomar medidas que afecten a la fabricación, importación, distribución y dispensación, e incluso al régimen económico y fiscal de estos medicamentos".
Por último, en el Anteproyecto se señala que el gobierno podrá adoptar medidas que afecten al régimen económico y fiscal de estos medicamentos "cuando exista un problema de suministro o escasez en el mercado nacional, real o potencial, por razones de carácter económico".