El borrador del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud ha provocado una de las mayores crisis recientes entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) acusan a la ministra Mónica García de impulsar un texto que recorta derechos, empeora condiciones laborales y perpetúa la explotación del colectivo médico mediante guardias obligatorias mal retribuidas.
La respuesta oficial del Ministerio, lejos de tranquilizar, ha multiplicado la indignación al recurrir a un lenguaje ambiguo y evasivo: "ningún derecho ha sido eliminado", afirma el comunicado, sino "reubicado" o "delegado" en otros marcos competenciales.
Pero, tras esa aparente neutralidad técnica, se esconde un retroceso real en derechos consolidados.
Guardias obligatorias y mal pagadas
Uno de los aspectos más polémicos es la supresión de la cláusula que garantizaba la retribución de las horas de guardia al menos en el mismo nivel que las ordinarias. El Ministerio sostiene que esta materia es competencia de las comunidades autónomas y no puede fijarse desde una norma estatal.
Para los sindicatos, esto perpetúa un modelo en el que los médicos realizan prolongaciones obligatorias de jornada mal pagadas, con condiciones inferiores al horario ordinario. Afirman que la supuesta voluntariedad de estas horas extra es inexistente, y que se trata de un sistema "perverso" que mantiene a los profesionales en un régimen laboral precario.
Reducción de derechos
Los sindicatos denuncian que el nuevo texto suprime múltiples cláusulas que protegían derechos básicos, entre ellos:
- Incentivos para puestos de difícil cobertura.
- Garantías de conciliación personal y laboral.
- El derecho a un descanso semanal de 36 horas reales.
- La obligación de incluir determinados complementos en las pagas extraordinarias.
El Ministerio alega que muchos de estos aspectos han sido "reubicados" o integrados dentro de otros planes como el de Igualdad, pero CESM y SMA lo califican como una dilución de derechos que, en la práctica, deja a los profesionales a merced de la negociación autonómica.
Feminismo retórico, prácticas regresivas
CESM y SMA señalan la eliminación de la compensación retributiva por exención de turnos en caso de embarazo o lactancia como uno de los retrocesos más significativos, al afectar de forma directa a las profesionales médicas. Consideran que las medidas de conciliación y maternidad quedan diluidas en el nuevo texto, y alertan de que la simplificación normativa no puede servir como excusa para eliminar derechos específicos.
Esta crítica se une a otras sobre el enfoque del Ministerio en materia de igualdad. Para los sindicatos, el discurso feminista del Gobierno no se refleja en la norma, y la supresión de cláusulas orientadas a proteger la maternidad y la salud laboral de las mujeres es contradictoria con los principios que afirma defender.
Falta de diálogo y sin justificación técnica
Aunque Sanidad asegura haber actuado con "máxima transparencia", remitiendo el borrador a petición de los sindicatos y señalando cada modificación, CESM y SMA denuncian la ausencia de una memoria de impacto y la falta de respuesta a sus reivindicaciones esenciales.
Entre esas peticiones destacan dos:
- La creación de un Estatuto propio para médicos y facultativos, que reconozca la singularidad de su ejercicio profesional.
- La voluntariedad de las prolongaciones de jornada, especialmente en las guardias médicas.
Los sindicatos afirman que el supuesto diálogo social ha sido meramente formal, sin efecto real sobre el contenido del borrador. Además, critican que la negociación se ha centrado en aspectos técnicos, sin abordar las cuestiones de fondo que afectan directamente a la calidad del empleo médico.
Fragmentación y desigualdad territorial
Otra de las principales objeciones es la delegación masiva de competencias laborales a las comunidades autónomas. CESM y SMA consideran que esta decisión rompe la cohesión del Sistema Nacional de Salud y consolida un modelo con profesionales de primera y de segunda según la comunidad en la que trabajen.
También denuncian que el nuevo texto suprime la capacidad del ámbito nacional de negociación para fijar criterios comunes, lo que —a su juicio— supone la desaparición de cualquier intento de homogeneizar las condiciones laborales en el conjunto del SNS.
Una alternativa sindical y nueva huelga nacional
Como respuesta, CESM y SMA han presentado una propuesta de estatuto profesional específico para médicos y facultativos, que busca establecer un marco diferenciado que recoja las particularidades de su profesión. Esta propuesta ha sido trasladada al Ministerio, a los grupos parlamentarios y a las consejerías de salud autonómicas.
El calendario de movilizaciones continúa, con una huelga nacional convocada para el próximo 3 de octubre y el respaldo de todas las organizaciones profesionales del sector.