
La ministra de Sanidad, Mónica García, se enfrenta a la cuarta huelga de médicos en un año, convocada contra el nuevo Estatuto Marco y respaldada por los sindicatos mayoritarios del sistema sanitario, según explica en una entrevista concedida a El País.
En dicha entrevista, la ministra cuestiona la continuidad de la protesta al afirmar que "las reivindicaciones que quedan vivas son abstractas y se pueden vehiculizar de otra manera que no sea a través de una huelga". García asegura que el Ministerio ha alcanzado acuerdos con los sindicatos del ámbito sanitario y que ha mantenido contactos con los convocantes de la huelga "hasta este fin de semana".
El Estatuto Marco como respuesta al conflicto
La titular de Sanidad sostiene que el texto del Estatuto Marco incorpora las principales demandas laborales de los médicos. "Dentro hay un capítulo específico para los médicos, donde están incorporadas las reivindicaciones materiales: disminución de las guardias, reducción de jornada, garantía de descansos y conciliación", afirma. Según García, "todo lo que ha producido malestar durante años está incorporado en el texto".
Sobre la posibilidad de seguir negociando, la ministra afirma que su departamento ha llegado "al límite máximo de sus reivindicaciones sin saltarnos la ley" y rechaza una mesa de negociación exclusiva para sindicatos médicos porque, según dice, supondría "saltarse la democracia representativa de las elecciones sindicales" y "segregar el sistema".
El rechazo frontal a las guardias voluntarias
Uno de los principales puntos de fricción es la voluntariedad de las guardias, una opción que García descarta de forma tajante. "Las guardias voluntarias romperían el sistema", sostiene, al tiempo que defiende que la profesión médica implica atención continuada, también por la noche y los fines de semana. "No hay ningún país donde la actividad asistencial no vaya acompañada de guardias o actividad de urgencias", afirma.
En relación con la duración de las guardias, la ministra señala que hablar de un máximo de 17 horas implica "descansar 24 antes y 24 después", lo que "ya supone un esfuerzo enorme al sistema sanitario" y "va a requerir más plantilla y más presupuesto". En este sentido, insiste en que los cambios deben hacerse de forma progresiva: "No queremos romper el sistema de un día para otro. Vamos poco a poco".
Respecto a las retribuciones, García recuerda que "son competencia exclusiva de las comunidades autónomas" y explica que su Ministerio intentó incluir un pago mínimo equiparado a la hora ordinaria, pero que las autonomías lo consideraron una "invasión de competencias".
La ofensiva contra la gestión privada en Madrid
La ministra defiende además una nueva ley para limitar determinados modelos de gestión privada en la sanidad pública, en referencia al caso del Hospital de Torrejón. "Es una ley que dice que sanidad y privatización no deben ir juntas", afirma, y acusa a la Comunidad de Madrid de haber destinado "5.600 millones a Quirón" en los últimos cinco años.
La norma, según reconoce, no revertirá los conciertos ya existentes, pero "limita a futuro modalidades dañinas", como la construcción de hospitales mediante "cánones abusivos a 35 años", y establece "guías claras para revertir modelos privatizados", como ocurrió en Valencia con el modelo Alzira. Sobre Madrid, García asegura que el Gobierno seguirá investigando un modelo al que "se le han perdonado 70 millones, según se ha publicado esta semana", y promete llegar "hasta el final" de esas "presuntas malversaciones".
Un trámite parlamentario lleno de obstáculos
El Estatuto Marco encara ahora un largo recorrido parlamentario. "Sé que el PP va a estar en contra", admite la ministra, aunque confía en convencer al resto de grupos. El texto se encuentra en consulta pública y posteriormente llegará al Congreso, donde se abrirá el periodo de enmiendas.
En el plano político, García confirma su implicación en la reorganización del espacio de la izquierda junto a Sumar, IU y los Comunes, un proyecto que define como la construcción de una "casa de piedra" frente al "avance de la ultraderecha". En ese contexto, reivindica que Sumar permitió "impedir que Abascal esté, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad".


