Algunos hombres buenos. En ese extraordinario drama forense de Rob Reiner hay un momento en el que Tom Cruise le lanza a Demi Moore una pullita muy irónica, mientras discuten sobre la estrategia que han de seguir en la acusación del coronel Nathanson, espléndidamente interpretado por Jack Nicholson. "Disculpa, no me acordaba de que no fuiste a clase el día que explicaron Derecho en la Universidad".
Una sensación me aturde, justo a partir de aquel pasado mes de noviembre en el que publiqué aquí mi primera contribución a este diario, en el que hacía una reflexión acerca del vergonzoso silencio de las Facultades de Derecho de este país, o acaso desde la Conferencia de Decanos. No me estaba refiriendo al silencio acerca de la constitucionalidad o no de la amnistía, que es una cuestión opinable en la que nadie tiene derecho a decir a nadie en el ámbito universitario lo que tiene que pensar al respecto, y menos una cuestión en la que los Claustros o las Juntas deban adoptar una postura definida, inequívoca y sin fisuras. Cada cual tiene la opinión que quiera tener (siempre que esté bien formada e informada), y yo manifesté en cinco sucesivas entregas (aquí) las razones que considero principales sobre la rotunda inconstitucionalidad de la medida, fruto de una pornográfica compraventa en la que el vendedor se llama Pedro, el comprador se llama Carles y el precio son siete votos.
No. A lo que me refería era y sigue siendo a esa cosa monstruosa del lawfare. Y me preguntaba, y lo sigo haciendo, si la Ministra de Sanidad, en connivencia con la de Educación, quisieran suprimir de los planes de estudios de Medicina, la Anatomía, la Fisiología o la Patología, ¿no se pondrían en pie de guerra las Facultades de todas las titulaciones sanitarias? ¿Y por qué las de Derecho no pueden clamar cuando se quiera tirar por tierra lo más medular y básico de nuestros estudios? Que en el Congreso de los Diputados se constituyan comisiones de investigación que sirvan para supervisar la labor de los jueces y que los Partidos políticos decidan sobre la suerte que han de correr aquellos togados que se consideren revoltosos, díscolos o poco sumisos, y puedan deducirse las responsabilidades correspondientes, es la mayor obscenidad con la que nos ha venido obsequiando el Gobierno de este personaje que tanto se parece al líder norcoreano. Y es que estos dos sujetos de parecen mucho, ya lo creo, y sobre todo en altura (altura moral, se entiende) y en los torrentes de lágrimas de emoción que parecen provocar entre sus fieles seguidores, sean sargentos del extremo Oriente, directores de cine manchegos o Ministros pucelanos.
Ha pasado medio año desde aquel primer artículo, y han pasado muchas cosas. Y digo que lo que desde entonces me aturde es si no sería ya el momento, o de colgar ya las botas académicas, o de repetir la carrera de Derecho, pues visto lo visto, no sé si vale para algo lo que estudié hace más de cuarenta años o lo que he venido explicando a mis alumnos a lo largo de más de treinta mil clases. Los principios más elementales del ordenamiento jurídico van cayendo como un castillo de naipes, pero los académicos seguimos con nuestras explicaciones y nuestros libros y artículos, siempre montados sobre el bien entendido de que existe algo llamado división de poderes, y de que hay algo que se llama independencia judicial, y de que tenemos bien definidas las fuentes del Derecho, y la primacía de la ley, y los criterios de interpretación de las normas, y la jerarquía normativa. Y también creíamos conocer el valor y exacto sentido de las denuncias, y de las investigaciones que éstas se encuentran llamadas a provocar, así como las fronteras de la libertad de información y muchas otras cosas.
Pues parece que no valía la pena estudiar tantas cosas tan abstrusas. Son los propios alumnos de los últimos años quienes fruncen el ceño cada día que pasa y se preguntan si todo esto que les han contado durante la carrera era verdad, o si son solo percepciones de los frutos podridos del Plan Bolonia. "¿Tanto han cambiado las reglas del juego? ¡Esto se avisa!". Así se lamentaba uno de los mejores estudiantes del curso que ya va finalizando en este recién estrenado mes de mayo de 2024. Les invité a que tuviéramos un encuentro informal en el que, ante unas cervezas, revisásemos algunos principios, algunas reglas que a lo largo de su carrera habían creído que eran firmes, evidentes, incontestables, incuestionables, incontrovertibles, indiscutibles, indudables, innegables, irrefutables. Mi condición, eso sí, fue que hubiera un orden del día.
Y lo hicimos. Precisamente fue durante la tarde del lunes en el que el Presidente del Gobierno reconfortó a los españoles anunciando que, a pesar de estar profundamente enamorado, había decidido quedarse en La Moncloa, como timonel y custodio de la democracia, amparado por las avalanchas de españoles que se habían dado cita durante el fin de semana en la calle Ferraz. Espontáneamente. Torrentes de fieles súbditos. Ya saben: por las calles de Madrid bajo la luz de la luna, de Cascorro a Chamberí, baja rondando la tuna.
En sintético desarrollo de lo que fueron varias horas de tertulia en los jardines de la Facultad de Derecho de mi Universidad, que es, a la sazón, la misma en la que Begoña Gómez dice ser Catedrática sin previa Licenciatura, les contaré a mis amables lectoresnuestras reflexiones. Y lo haré siguiendo un orden cronológico, dejando entonces a mi sagaz compañera de Universidad para el final.
1ª Mala comprensión del principio que dice que "lo que no está prohibido está permitido". Lo hemos oído y leído por activa y pasiva. Y es falso. El principio juega en el Derecho privado. Los contratantes pueden estipular las cláusulas que convengan a sus intereses, siempre que no vayan contra la ley, la moral o el orden público contractual. Pero no juega para marcar los límites de las actuaciones de los poderes públicos, donde sucede justo al revés: sólo pueden hacer lo que de manera expresa les está permitido hacer. A quienes dicen que la Constitución no prohíbe la amnistía habrá que contestarles que tampoco prohíbe la esclavitud, como dijo alguien en el Pleno del Congreso en la sesión de investidura.
Esta confusión entre la dimensión horizontal y la dimensión vertical del Derecho tiene a los alumnos en vilo. Me refiero, claro está, a los buenos, no a la tropa, a quienes les da lo mismo ocho que ochenta.
2ª La interpretación auténtica. Nuestros estudiantes vieron desde sus primeros días de carrera que entre los criterios de interpretación de las normas está el de los antecedentes históricos y legislativos, que obliga a averiguar de dónde viene cada precepto. Entre otras fórmulas, está la consulta de los debates previos a la aprobación de la ley. Es la llamada interpretación auténtica: ¿qué quiso decir el legislador con esta frase, con aquella otra o con esta omisión?
También en el debate sobre la amnistía se desprecia algo tan elemental. Se presentaron dos enmiendas al Anteproyecto Constitucional de 5 de enero de 1978 para incluir la amnistía. La primera fue formulada desde el Grupo Mixto por Raúl Morodo y Enrique Tierno Galván, dos reputados catedráticos socialistas. La segunda fue defendida por el diputado de UCD César Llorents. Pero ninguna de las dos enmiendas prosperó. Se admitieron solo los indultos individuales. Si la Constitución no habla de amnistías, no es por un lapsus u olvido del constituyente. La amnistía no está porque no se quiso que estuviera.
3ª La rueda de prensa como fuente del Derecho. Una de las mayores sorpresas para cualquier jurista que se precie de serlo, y también para quienes andan terminando sus estudios ilusionados con llegar a serlo algún día se la dieron Sánchez y Bolaños al unísono. Solo es terrorismo lo que ambos dicen que es terrorismo. Diga lo que diga el Código penal, no solo es terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral con la finalidad de subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Que eso es terrorismo lo admite hasta el Presidente y su Superministro.
Pero es que la ley dice que también es terrorismo el depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados. Pues bien, lo dirá la ley, que creíamos que era la primera fuente del Derecho. Pero este Gobierno ha descubierto una nueva fuente: la rueda de prensa.
4ª Las competencias exclusivas del Estado. En Derecho constitucional todos han estudiado que hay competencias de las Comunidades Autónomas y competencias exclusivas del Estado. Y en la larga lista del artículo 149 de la Constitución hay competencias en las que el Estado puede dictar una Ley Orgánica para delegarlas en las Comunidades Autónomas, pero también competencias en las que la exclusividad es absoluta, y en ellas no es concebible la delegación. Por puro sentido común. Así sucede, se supone, con la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (2ª), o con la materia de relaciones internacionales (3ª), o con el régimen aduanero y arancelario y el comercio exterior (10ª). Competencias exclusivas del Estado, sin matices.
Pues bien, da lo mismo. Ya han negociado la delegación a Cataluña de las competencias en materia de inmigración. Ya veremos en qué medida lo hacen, pero desde Junts se habla de delegación integral, de control de fronteras, de derecho de asilo y de permisos de residencia, pues "no renunciaremos a asumir una política de Estado en aquellas materias fundamentales para un país" (Turull dixit). Soberana pedrada, en fin, para quienes estudiamos esta carrera que llamamos Derecho, o para los opositores a cuerpos diversos de la Administración.
5ª Una denuncia no significa por sí misma una estigmatización. Ciertamente, ser denunciado es algo molesto, eso es verdad. En mis años de Director del Departamento de Derecho civil de la Complutense había un profesor muy querulante, que practicaba el deporte de la querella como quien reparte por la calle prospectos de una nueva impresora. Yo solía viajar a los Juzgados cada pocos meses. En ocasiones el Juez se limitaba a no admitir a trámite la querella, y así sucedió cuando el personaje de acusaba de malversación: yo había ordenado comprar para el Departamento un dispensador de agua mineral sin someter previamente esa compra a votación de los profesores. En casos como éste, la papelera cumple su función.
Pero si en la querella o denuncia hay un mínimo de verosimilitud, la cualidad de "imputado", que desde 2015 se denomina "investigado" no es ni más ni menos que una garantía. Se llame Begoña o no, si está comprobado, por poner un ejemplo (hipotético, ¿eh?, que no pienso en nadie), que la denunciada ha firmado una carta de recomendación para que desde el Gobierno se trate con especial cariño a una empresa y pueda ésta ser favorecida con un contrato público, puede a lo mejor ocurrir que pasen casi dos meses sin que de la autoridad que tomó o debía tomar la decisión sobre el contrato salga ninguna explicación, y puede también ocurrir que tampoco la proporcione la autora de la carta ni ninguno de los destinatarios del Consejo de Ministros. Pues bien, entonces, es lógico que cualquier persona pueda formular una denuncia. Lo mismo sucederá si la respuesta de unos y de otros se resume (hablo también a título meramente dialéctico) en "eso es un bulo", "eso es una infamia", o "que dimita Ayuso".
Quien "consigue" la condición de investigado pasa a tener derecho de defensa, lo que significa que tendrá derecho a ser informado de los hechos en que se le involucra, que podrá personarse en la causa con Abogado y Procurador, que podrá pedir diligencias y conocer el contenido de las mismas, que podrá recurrir lo que no sea acorde con sus intereses, y que podrá pedir, en su caso, el sobreseimiento. Podrá, en efecto, suceder que al juez le parezca que eso de pedir dinero al Consejo de Ministros que preside tu marido para favorecer a una empresa con un contrato o contratazo públicos… no es delito, aunque sea algo muy feo y que huele fatal.
Pero eso es todo. Si uno (o una) no quiere ser denunciado e "investigado", lo mejor que puede hacer es responder. Pero si no lo hace y es denunciado, ese que ya es "investigado" disfruta de todos los derechos de defensa, que no son pocos. Eso sí, si tampoco lo hace, la investigación judicial avanzará y podrá desembocar en que el "investigado" pase a ser "procesado". Y ahí ya podrá haber estigma social, y sobre todo si termina habiendo condena.
Y, naturalmente, si de un bulo se tratara, también le cabe a la víctima defenderse con el contraataque, pues nuestro Derecho conoce la acción civil por difamación y la acción penal por injurias o calumnias. Hay una Ley del Derecho al Honor, otra del Derecho de Rectificación, y hay un Código penal. Todo menos querer encontrar la solución cerrando medios de comunicación, supervisando las tertulias, hinchando de millones a los medios que dan noticias en forma de masajitos al morador de La Moncloa y callan lo que conviene callar, o hasta convirtiendo a la Agencia EFE en la única fuente oficial de información. Agencia, por cierto, dirigida -no lo olvidemos- por Miguel Ángel Oliver, quien fuera Secretario de Estado de Comunicación. Aquí ocurrirá, si no lo evitamos, como cuando había Ministerio de Información y Turismo, en una palabra.
Y, desde luego, todo menos entender que cuando un juez admite a trámite una querella (cosa que sucede en infinidad de casos), merece ya ser condenado a todas las penas del infierno. Por fascista.
Esto no ha hecho más que empezar, queridos alumnos. Estad atentos. Pero no hagáis caso a Tom Cruise, que era broma.