No son los jueces, estúpido: es la Ley

¿Qué tienen en común la vicepresidenta Montero y Abascal? ¿El triministro Bolaños con Trump o con Viktor Orbán? ¿Los independentistas catalanes con la extrema derecha francesa? ¿Belarra con Le Pen o con Musk? Todos coinciden en un propósito: el desprestigio, el acoso al poder judicial. Todos coinciden en los métodos. La violencia contra los jueces lo es contra el Estado de derecho. Se trata de anular el imperio de la Ley.

Los padres de la Constitución de los Estados Unidos, todos ellos grandes políticos, comprendieron la necesidad de preservar la independencia del poder judicial frente a sus sucesores. "Habiendo presenciado de primera mano los esfuerzos del Rey Jorge por ganar influencia y control sobre los jueces coloniales, hicieron un juicio meditado para incorporar la independencia judicial en el diseño de la Constitución. Ellos invistieron al poder judicial con permanencia vitalicia (‘conservarán sus cargos mientras observen buena conducta’). Colocaron el salario judicial fuera del control político (‘durante el mandato recibirán una remuneración, la cual no será rebajada mientras ellos continúen en sus cargos’). Y rechazaron cualquier propuesta que sometiera las decisiones judiciales a revisión por actores políticos". La cita es del juez Neil Gorsuch —nombrado en el primer mandato de Trump— recogida en una sentencia de 2024 (Corte Suprema de los Estados Unidos No. 22–451. Decided June 28, 2024).

El pasado 19 de febrero, el congresista republicano por Wisconsin Derrick Van Orden presentó una iniciativa para comenzar un juicio político contra el juez federal Paul Engelmayer. El motivo era el bloqueo temporal a que un pelotón de los informáticos chiflados, del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, accediera a los sistemas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, responsable de billones de dólares en pagos. El argumento del congresista era que el juez estaba obstaculizando la agenda política de Trump. El juez había actuado atendiendo a una demanda presentada por 19 fiscales generales estatales.

El presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, en su informe de fin de año —publicado el 31 de diciembre de 2024—, defendía la independencia del poder judicial y alertaba de los "intentos recientes de intimidar a los jueces". Advertía sobre un creciente número de amenazas, incluida la incitación a la violencia contra los magistrados y "sugerencias peligrosas" de funcionarios electos a ignorar los fallos judiciales con los que no están de acuerdo.

La Administración Trump lanzó una campaña de acoso e intimidación una vez que comprobó que distintos jueces federales habían paralizado algunas de sus decisiones más controvertidas. El encargado fue el portavoz oficioso Musk en su red X: "Es necesario que haya una ola inmediata de juicios políticos, no sólo uno".

Pero sus Señorías no parece que se amilanen: "Las amenazas contra los jueces son amenazas contra el gobierno constitucional. Todos deberían tomar esto en serio", declaró Richard Sullivan, designado por Trump para la corte federal de apelaciones de Nueva York. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó a finales de marzo la destitución de un juez que había fallado en contra de los planes de deportación. La petición la había realizado el propio Trump en su red social, en la que acusó al juez federal de distrito J. E. Boasberg de ser un "alborotador y agitador" no electo. Como una muestra extraordinaria de "conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial" calificó la prensa la decisión del juez Roberts, que declaró: "Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito".

Pero un "proceso normal" no es solución para un poder político despótico que busca amedrentar y anular a los jueces. En la historia de Estados Unidos sólo 15 jueces han sido objeto de un juicio político judicial por el Congreso y sólo ocho han sido destituidos. El último tuvo lugar en 2010. G. Thomas Porteous Jr., de Nueva Orleans, fue condenado por el Senado y destituido por aceptar sobornos y luego mentir al respecto.

En los Estados Unidos vemos corregido y aumentado lo que en España ha intentado e intenta el Gobierno de socialistas y comunistas desde su llegada al poder. Lo último, el exabrupto de la vicepresidenta María Jesús Montero a cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolviendo a Dani Alves. Que ha quedado en eso: en exabrupto y mayor descredito de la candidata socialista a la Junta de Andalucía. Aceptamos como normal el juicio y la condena política, en las redes, en las tertulias, en las opiniones.

En los últimos días. una sentencia que condena e inhabilita durante cinco años a la líder de extrema derecha Marine Le Pen ha sido respondida por un bloque anti Unión Europea que va desde Putin a Abascal, pasando por Elon Musk y comentada con una cierta superficialidad, cuando no frivolidad política.

El pasado 31 de marzo, los tres magistrados de la Sala 11 del Tribunal Penal de París explicaron sus argumentos a lo largo de 152 páginas de motivos. Los más importantes fueron leídos ante el público por la presidenta, Bénédicte de Perthuis. "Nadie está siendo juzgado por su participación en política; ese no es el punto. La única pregunta es si estos contratos se ejecutaron o no", enfatizó. "Se ha comprobado que todos estos contratos no respondían a ninguna necesidad de asistencia parlamentaria del diputado y carecían de toda finalidad real", dictamina el tribunal.

"La igualdad ante la ley es un pilar de la democracia. Los funcionarios electos no gozan de impunidad". Con estas palabras, la presidenta del Tribunal Penal inició la lectura de la sentencia y tras ellas comenzó una campaña de acoso. Según informó el diario Le Parisien fue víctima de numerosos mensajes de amenaza y se reforzó la presencia policial.

El Tribunal estima que, en total, el Front Nacional (hoy Rassemblement National) malversó 2,9 millones de euros de fondos públicos europeos a lo largo de más de once años, entre 2004 y 2016. Según la sentencia, este dinero se utilizó a sabiendas para pagar a asistentes parlamentarios de eurodiputados que, en realidad, trabajaban para el partido de extrema derecha. Entre ellos los 495.000 euros que cobró Thierry Legier, guardaespaldas de Marine Le Pen y, anteriormente, de su padre Jean-Marie Le Pen. Las condenas afectan a nueve eurodiputados y doce asistentes parlamentarios. Estos hechos, que se prolongaron durante tres legislaturas, concluyeron durante la 8ª, casi un año después de que el Presidente del Parlamento Europeo los denunciara ante las autoridades judiciales francesas y advirtiera por carta —el 30 de septiembre de 2016— a la entonces eurodiputada y presidenta de Rassemblement National, que la Unión Europea había sufrido un perjuicio financiero.

Como es normal, la tres veces candidata presidencial —y tres veces derrotada por los electores franceses— denunció lo que consideró una decisión política contra el pueblo francés. La "negación de la democracia" con el propósito de "impedirle ser Presidenta de la República". Lo normal. Si cambiamos a la señora Le Pen y ponemos al prófugo Puigdemont suenan parecido. Cada uno con su tema.

Retomo aquí unas preguntas que les hice hace unos días a los lectores de Libertad Digital: A los dirigentes de Rassemblement National les han condenado por el mismo motivo que a los de UGT de Andalucía o los de ERC y Junts, en su calidad de consejeros de la Generalitat de Cataluña: Por destinar un dinero público, que tenía un fin preciso, a otro completamente distinto. ¿Se debe amnistiar a Oriol Junqueras condenado por corrupción? ¿Qué recupere su derecho a ser elegible y candidato de ERC? ¿Facilitar el retorno del prófugo Puigdemont? Estas decisiones ayudarían a "normalizar" Cataluña, afirman los defensores de la medida. ¿Es de justicia anular la condena de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por prevaricación y también malversación de caudales públicos, para este último? Ellos no se lucraron, insisten sus defensas.

Es posible que Sánchez estuviese al tanto de los tejemanejes del que fue su secretario de Organización para, presuntamente, financiar al partido. ¿Se descabezaría al PSOE si se condenase a su secretario general por corrupción?¿Sería un golpe blando a la democracia, asestado por unos jueces reaccionarios, condenar al presidente por estar implicado en los negocios de su esposa?

Seguramente, responderíamos que unos jueces valientes frente al poder son consecuentes con su juramento y hacen que la Ley se cumpla. Entonces, ¿por qué se frivoliza con la condena por malversación de una dirigente política francesa? ¿Es un eximente ser de extrema derecha? Se critica al ministro Bolaños por intentar colar que la corrupción de los políticos sea amnistiable. Se insiste que eso no pasa el filtro de Bruselas y, con las mismas, se acusa de izquierdista a un Tribunal de Justicia francés por aplicar la Ley a unos políticos por hechos similares.

El último día del interrogatorio, el 6 de noviembre, según la prensa francesa, y ante las interminables divagaciones de la principal acusada, Marine Le Pen, la presidenta Bénédicte de Perthuis la interrumpió: "Aquí no estamos en política, estamos en el tribunal". En efecto, se trata de eso. Defender la democracia acatando la Ley.