En un contexto donde la libertad de expresión se ve amenazada por presiones ideológicas y actos de vandalismo, el documental Ícaro: la semana en llamas emerge como un testimonio valioso a fuer de controvertido. Dirigido por Elena García Cedillo y Susana Alonso, esta producción de 2022 ofrece una perspectiva interna de los agentes de la Policía Nacional desplegados en Barcelona durante los disturbios de octubre de 2019, tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés. Lejos de ser una mera apología, como algunos la han calificado, el filme documenta los desafíos enfrentados por las fuerzas del orden en medio de protestas que escalaron a violencia urbana, incluyendo barricadas, incendios y enfrentamientos que paralizaron la ciudad. Es como si tuviéramos un retrato de la Guardia Nacional en Alabama cuando Kennedy la mandó para defender el derecho de unos estudiantes negros a poder asistir a escuelas no segregadas, enfrentando a la población racista que pretendía imponer un sol poble de color inmaculadamente blanco.
En el episodio de la Universidad de Alabama en junio de 1963, el gobernador George Wallace se plantó literalmente en la puerta de la escuela para impedir la integración racial de dos estudiantes negros invocando la "soberanía estatal" y resistiendo la desegregación ordenada por los tribunales federales. El presidente John F. Kennedy, ante la obstrucción, federalizó la Guardia Nacional de Alabama y la desplegó para garantizar el cumplimiento de la ley constitucional, es decir, el derecho igualitario a la educación, protegido por la Decimocuarta Enmienda y las decisiones de la Corte Suprema.
Los agentes de la Guardia Nacional —muchos de ellos alabamenses— se vieron obligados a enfrentarse a una multitud hostil, racista y supremacista que defendía un "derecho" segregacionista que ya era ilegal y antidemocrático. Desde la perspectiva de los manifestantes blancos sureños, aquellos soldados eran "represores" enviados por un gobierno federal "invasor" que pisoteaba la autonomía del estado. Desde la perspectiva constitucional y de los derechos civiles, eran los garantes del Estado de Derecho, protegiendo a ciudadanos vulnerables frente a una mayoría intolerante que pretendía imponer, por la fuerza y la intimidación, un orden basado en la supremacía racial.
Trasladado al caso de Ícaro: la semana en llamas, la analogía encaja a la perfección si se invierten los roles ideológicos. El gobernador Wallace equivaldría a los líderes del procés y a los sectores más radicales que, tras perder en las instituciones (sentencia del Tribunal Supremo), optaron por la confrontación violenta en las calles para imponer su proyecto rupturista unilateral, desafiando la soberanía nacional y el marco constitucional español. La multitud racista/segregacionista de Alabama era el equivalente a los grupos que levantaron barricadas, incendiaron contenedores, atacaron comisarías y lanzaron proyectiles contra los agentes, en nombre de una "soberanía catalana" contra charnegos, mesetarios y otras gentes de ADN "equivocado" que, para ellos, justificaba cualquier medio. Los policías de la UIP (Unidad de Intervención Policial), enviados por el Gobierno central, son los equivalentes a la Guardia Nacional federalizada, fuerzas del Estado que, en cumplimiento de órdenes judiciales y constitucionales, defendieron la legalidad frente a una insurrección que pretendía subvertir el orden democrático siguiendo las pautas de un proyecto xenófobo, excluyente y populista. Los policías actuaban para garantizar que la ley se cumpliera en todo el territorio, protegiendo la soberanía compartida de todos los españoles (incluidos los catalanes no independentistas). Que esto a El País le parezca "desvergonzado" muestra hasta qué punto el diario que fue de Cebrián, Savater, Elorza y Azúa ha degenerado en 'Lo País'.
Y es que lo que 'Lo País' y sectores afines han calificado de "vergonzoso" —un supuesto "elogio desvergonzado" a la Policía— resulta, por el contrario, ejemplar y digno. Nada más y nada menos, sin florituras ni apologías del terrorismo y el vandalismo, el retrato de unos agentes que, en medio del caos, mantuvieron la disciplina, evitaron bajas mortales y defendieron el Estado de Derecho frente a la intolerancia violenta de un nacionalismo que, cuando pierde en las urnas y los tribunales, recurre al fuego y al vandalismo. Es la representación de un país civilizado, con policías honestos y no represores arbitrarios, sino garantes de la legalidad —todo lo contrario de lo que encarnan, en esta comparación, Sánchez (con su pacto de amnistía y cesiones), Puigdemont (fugado de la justicia) y el propio El País (que prefiere la equidistancia selectiva y condena más duramente a quien defiende la Constitución que a quien la ataca).
Este documental que Pedro Sánchez, Puigdemont, La Vanguardia, El País y, en general, los socialistas pactistas y los nacionalistas no quieren que veas está en Filmin, aunque ellos tampoco quieran que lo veas. Hasta el 31 de enero. Pasolini y Herzog, con su cine incómodo y sin concesiones, probablemente lo verían como un documento necesario sobre la fractura española. Porque, al final, la verdadera equidistancia no consiste en callar una de las dos caras de la moneda, sino en permitir que se muestren ambas. Y en este caso, la cara de los que defendieron la ley frente a la que la quiso romper por la fuerza merece ser vista.
"Si lo hubiera visto, no lo habríamos colgado"
Sin embargo, su inclusión en el catálogo de Filmin ha desatado una tormenta. La plataforma, conocida por su enfoque en cine independiente y clásico, incorporó el documental como parte de un acuerdo con una distribuidora que incluía otros 20 títulos, sin una revisión exhaustiva previa. Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin, ha admitido públicamente que no vio la película antes de su estreno en la plataforma el 9 de enero de 2026. En entrevistas recientes, como la concedida a Catalunya Ràdio y RAC1, Ripoll ha calificado el documental como "fallido", "sesgado" y "deficiente" por su enfoque unilateral, que solo recoge las voces de los policías sin contrastar con otras perspectivas. "Si lo hubiera visto, no lo habríamos colgado", ha declarado, reconociendo que carece de la equidistancia que Filmin valora en sus contenidos. A pesar de esto, Ripoll defiende la decisión de no censurarlo por motivos ideológicos, enfatizando el compromiso de la plataforma con la pluralidad: "Programar una película no equivale a suscribir su enfoque".
Esta postura no ha evitado el boicot. Sectores independentistas han iniciado campañas en redes sociales para darse de baja de Filmin, alegando que el documental legitima la "represión española". La controversia estalló cuando la sede de Filmin en Barcelona amaneció con pintadas acusando a la compañía de "colaboracionistas con la represión española". Ripoll ha expresado su tristeza por el incidente, que ensombrece casi 20 años de apoyo al cine catalán y producciones independientes. A pesar de las amenazas y las bajas de suscriptores —más de las deseadas, según el propio Ripoll—, el documental permanecerá disponible hasta el 31 de enero de 2026, cumpliendo con el contrato firmado, a pesar de que si por Ripoll fuese seguramente lo quitarían hoy mismo. Ripoll ha recomendado alternativas en el catálogo de Filmin, como documentales sobre Ucrania que no ocultan su sesgo en favor de la resistencia contra la invasión rusa, o producciones de izquierda radical que exploran temas sociales. Esto subraya una inconsistencia percibida: ¿por qué censurar o declararse en contra de una visión pro-policial, democrática y constitucionalista cuando se promueven documentales a favor de Ucrania y en contra de los matones rusos?
Como en los documentales de Iñaki Arteta sobre la opresión nacionalista en el País Vasco, frecuentemente silenciados en el Festival de San Sebastián que sí da cobijo a narrativas socialistas blanqueadoras del nacionalismo ultra, como hace frecuentemente Jordi Évole, Ícaro resulta ser un retrato ejemplar y digno de unos agentes que, en medio del caos, defendieron el orden constitucional y la soberanía nacional. Representan a un país civilizado, con policías honestos y comprometidos con el Estado de Derecho, en contraste con las acusaciones de intolerancia y violencia que persisten en algunos sectores nacionalistas, como demuestran los actos vandálicos contra Filmin. En una sociedad democrática, la verdadera equidistancia radica en permitir que todas las voces se escuchen, sin presiones institucionales ni ideológicas —un principio que, irónicamente, el ecosistema cultural español, influido por hegemonías como la vista en festivales como San Sebastián, a menudo pone a prueba.
Pasolini y Herzog, maestros del cine incómodo y crítico, probablemente lo verían como una oportunidad para debatir la realidad fracturada de España. Usted, espectador de Filmin a pesar de ser una plataforma política además de cinematográfica, tienes hasta el 31 de enero para decidir si merece la pena aprovechando el fallo en el Matrix progre. En un mundo donde la censura acecha bajo el disfraz de la "equidistancia", documentales como este recuerdan que la verdad, aunque parcial, es esencial para entender nuestra historia compartida.