En 1949, poco después de acabada la Segunda Guerra Mundial, Carl Schmitt escribió un artículo en el que analizaba la historicidad del concepto jurídico de amnistía. "Una amnistía en el sentido verdadero y auténtico de la palabra significa nada menos que la terminación de la guerra civil", decía, entre otras cosas. Que lo escribiese en aquel momento, y que lo escribiese él, tan ligado como estuvo al partido nazi, otorga al texto un empaque inusual. "La amnistía es un acto mutuo de olvidar. No es un indulto ni una limosna. Quien acepta la amnistía también tiene que darla, y quien concede amnistía tiene que saber que también la recibe". En el contexto español, el artículo es sumamente interesante. Y todavía más si se recuerda que fue publicado por el diario El País el 20 de enero de 1977, precisamente cuando el debate acerca de la ley que se aprobaría unos meses más tarde estaba en su punto más alto.
El texto de Schmitt servía al periódico para posicionarse a favor de la ley, porque nada de lo que dice tiene desperdicio. "No es fácil terminar una guerra civil. (...). Forma parte de la guerra civil que cada bando trate al otro como criminal, asesino y saboteador. En la guerra civil, el vencedor de turno está sentado encima de su derecho como encima de un botín. Se venga en nombre del derecho. ¿Cómo es posible romper el círculo vicioso de este mortífero tener razón? ¿Cómo puede terminar la guerra civil?". La respuesta, según recordaba Schmitt acudiendo a la historia, "está en nuestra capacidad para la amnistía. Mejor dicho, en nuestra fuerza para una auténtica amnistía. Si no entendemos por amnistía nada más que una limosna miserable, que permite al desposeído de sus derechos un paseo por el patio de la prisión, sería mejor no seguir hablando, para no falsificar un gran concepto. No es tan fácil terminar una guerra civil. Después de falsificar tantas palabras, ideas e instituciones, deberíamos por lo menos tener cuidado de no envenenar la palabra clave de la paz. La amnistía es un acto mutuo de olvidar. No es un indulto ni una limosna. Quien acepta la amnistía también tiene que darla, y quien concede amnistía tiene que saber que también la recibe. Si nos falta la fuerza y la gracia del olvidar mutuo, debíamos conservar, por lo menos, el recuerdo de un resto de derecho sagrado, para que el último remedio, la capacidad de olvidar mutua, no se pierda por completo. ¿Quién nos dará la fuerza y quién nos enseñará el arte del buen olvidar?".
La amnistía, nos recuerda Schmitt, no es una ley de Punto Final, precisamente porque no es parcial. "Amnistía significa olvidar y una prohibición de revolver el pasado a fin de encontrar allí motivos para otros actos de venganza y reclamaciones de indemnización después de haber castigado a los culpables", escribió. Él sabía que cuando el rencor y el orgullo impregna las relaciones humanas se acaba haciendo imposible la reconciliación, porque siempre es sencillo continuar justificando el odio, arrojando sobre el contrario la culpa irrastreable de haber asestado el primer golpe. La única salida posible a esa encrucijada, por tanto, pasa por la decisión de olvidar. O, puestos a recordar, de recordar únicamente la responsabilidad propia. El olvido, desde ese prisma, es un acto esforzado y voluntario de renuncia, un poderoso gesto de humildad encaminado a celebrar la paz. Una conducta ejemplar.
La batalla del relato
Cuando la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua celebra en público que el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que el actual Gobierno pretende aprobar este jueves con el apoyo de su partido, "pone en jaque el relato de la Transición ejemplar", lo que está diciendo, entre otras cosas, es que ha llegado la hora de dejar de olvidar. O, más concretamente, que ha llegado la hora de recordar únicamente las culpas de los demás. El problema de eso es que, una vez abierta la veda, nadie impide a esos demás hacer lo mismo. Levantó mucho revuelo, hace unos años, la noticia de que se retirarían las estatuas de Largo Caballero e Indalecio Prieto del Paseo de la Castellana de Madrid. La reacción del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, y del resto de la izquierda del país, fue elocuente en la medida en que no pudo disimular un genuino desconcierto. Se trata de un indicio que nos advierte que existen no pocos representantes públicos que creen realmente en un relato falso del pasado, según el cual el siglo XX español habría estado dividido por una frontera ideológica maniquea que separó de forma limpia, y de izquierda a derecha, a víctimas y a verdugos. Esto quedó patente, por ejemplo, con el desacuerdo que mostró Pepu Hernández a la concesión de la medalla de Madrid al escritor Andrés Trapiello, por considerarlo un "revisionista". Y ratificado por la postura más extrema de los partidos de la izquierda radical y de los nacionalistas, que exigen, precisamente, la derogación de la Ley de Amnistía.
Podría decirse que la visión sectaria de la historia ha viciado finalmente el término jurídico que Schmitt advirtió como sagrado. Ahora algunos sólo lo conciben como una limosna caducada. Como la carísima hipoteca que los hijos de la izquierda republicana, junto con las "naciones históricas oprimidas por el Estado español", debieron pagar para recuperar una cierta libertad. Pero si algo explicó Carl Schmitt es que a través del rencor y la mentira no puede entenderse la amnistía. Si la Transición fue ejemplar es porque esa ley también lo fue. Y sólo desde una visión sesgada y falaz de nuestro pasado compartido podría dejar de serlo. Querer "poner en jaque" el acontecimiento histórico que propició la democracia es sucumbir a la tentación tramposa de la venganza, que nunca es justa. Es volver a meterse voluntariamente en el círculo vicioso del "mortífero tener razón". Y en ese abismo todos tienen argumentos para odiar.
Ley de Memoria Democrática, o cómo poner en jaque la Transición
Un ejemplo claro de que Aizpurua tenía razón y de que la Transición está en jaque —porque el discurso que la impugna ha echado raíces en todos los partidos autoproclamados progresistas— no tiene tanto que ver con la Comisión que va a encargarse a partir de ahora de analizar los casos de violación de derechos humanos hasta el año 83. Más preocupante es la forma como la nueva legislación pretendía influir en la manera de interpretar todas las leyes del Estado español, incluida la Ley de Amnistía, a partir de la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática.
El artículo 2.3, concretamente, dispone que "todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".
Si se compara el informe de la ponencia con el texto aprobado por la Comisión, que llega este jueves al Congreso, puede verse que varios párrafos del preámbulo han desaparecido. El primer borrador del texto, antes de pasar los filtros pertinentes, decía que el artículo 2.3 contenía un mandato para que todos los poderes públicos aplicaran todas las normas, incluida la Ley de Amnistía y el mismo Código Penal, conforme a ese derecho internacional humanitario, según el cual los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Sin embargo, tras la aprobación del dictamen, la mención del artículo 2.3 se entiende tan solo a los efectos de la Ley de Memoria Democrática y no a efectos penales.
La interpretación de ese artículo daba pie a una posible impugnación parcial de la Ley de Amnistía, por lo que presumiblemente habría terminado siendo declarado inconstitucional. Pero lo interesante es la idea de fondo de quienes lo redactaron: el hecho de que, según cierta costumbre legislativa internacional, en algunos casos específicos —no en todos—, los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, y por lo tanto el pacto de olvido que se dieron los españoles para poder recomenzar debería ser revisado. Esa forma de apoyarse interesadamente en el Derecho internacional apunta a una idea ya perfilada, que se hace más patente si se piensa en que una cosa así habría abierto también la opción de revisar las matanzas de Paracuellos o los actos terroristas anteriores al año 77. Posiblemente quienes aprueban ahora la ley no lo contemplasen. Algunos quieren recordar porque sólo han olvidado sus propios crímenes.