El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos para impedir de forma expresa la autorización de espectáculos cómico-taurinos que vulneren la dignidad humana o supongan burla y denigración pública de personas con discapacidad, en especial de personas con enanismo. La medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pretende cerrar cualquier resquicio legal que permitiera este tipo de celebraciones.
La reforma introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 90 del reglamento con una redacción clara: los espectáculos cómico-taurinos deberán respetar la dignidad humana y no podrán lesionar derechos ni someter a mofa a minorías sociales, en particular a las personas con discapacidad. Además, establece que la autoridad gubernativa competente no podrá autorizar aquellos eventos que incumplan este mandato.
Refuerzo legal y sanciones de hasta un millón
Según el Ministerio de Derechos Sociales, esta modificación refuerza lo ya dispuesto en la Ley General de la Discapacidad, que prohibió estas prácticas en 2023. La reforma de esta ley, actualmente en tramitación parlamentaria, prevé tipificarlas como infracciones muy graves, con sanciones de entre 600.000 euros y un millón de euros.
El ministro Pablo Bustinduy ha defendido la medida tras la reunión del Consejo de Ministros y ha asegurado que no se puede permitir que la discapacidad se utilice como motivo de burla para obtener beneficio económico.
En los últimos años, pese a la prohibición, se han programado de forma puntual espectáculos de estas características. Algunos de sus participantes han defendido públicamente su continuidad como medio de vida. Hace tres años, varios profesionales conocidos como "enanos toreros" expresaron su rechazo a la prohibición al considerar que limitaba su libertad para decidir su actividad laboral.
Programa ‘Pisadas con dignidad’
El Ejecutivo señala que mantiene activo el programa ‘Pisadas con dignidad’, creado en 2022 junto a la Fundación ONCE. Esta iniciativa ofrece apoyo social y formación laboral a personas con discapacidad que habían trabajado en espectáculos considerados degradantes, con el objetivo de facilitar su acceso a empleos ordinarios y no precarios. El ministerio enmarca esta actuación en una estrategia más amplia de garantía de derechos, inclusión y autonomía personal.
El real decreto incorpora además la creación de la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación (UTAC). Este órgano especializado asesorará y coordinará a las comunidades autónomas en el cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/882, relativa a los requisitos de accesibilidad de productos y servicios.
Las comunidades autónomas son las competentes para asegurar su aplicación. La UTAC prestará apoyo técnico, coordinará las comunicaciones con las instituciones europeas y actuará como referencia para ciudadanía y operadores económicos.
Con esta aprobación, el Gobierno culmina la transposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español al máximo nivel normativo. La norma establece obligaciones para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar determinados productos y servicios en condiciones de igualdad, así como un sistema de control y sanción.