El Gobierno vuelve a pisar el acelerador en lo que a inversión en Defensa se refiere. Sólo siete días después de que la OTAN dejara a España en evidencia por ser el país aliado que menos invertiría en 2024, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de inversiones tanto en modernización de sistemas de armamento como en mejoras de infraestructuras que supera los 3.000 millones de euros.
De este montante económico, más de 2.584 millones están destinados a modernizar sistemas de armas que ya están en uso en las Fuerzas Armadas o a comprar nuevos sistemas. Los otros 824 millones van destinados para la limpieza de instalaciones del Ministerio de Defensa, reparación de instalaciones del Ejército de Tierra o servicios de restauración en instalaciones militares.
El contrato más suculento gira en torno a la compra de una nueva batería antiaérea Patriot y a la modernización de las tres que están en estos momentos en servicio. El montante económico asciende a 2.382 millones de euros. Un acuerdo que ha sido posible gracias a que el Ministerio de Hacienda aprobó aumentar margen de deuda del Ministerio de Defensa para este programa en el Consejo de Ministros del 18 de junio.
Tanto la venta como la modernización ya habían sido aprobadas en octubre de 2023 por el Gobierno de Estados Unidos, que tiene que dar luz verde a los grandes paquetes de armas que venden sus empresas, por lo que sólo quedaba pendiente que España. En el caso español, el programa también incluye la compra de nuevos paquetes de misiles, radares, estaciones de lanzamiento, mástiles de antena y centrales de coordinación de información.
Las baterías Patriot son el sistema de defensa antiaérea tierra-aire de cota media-alta y proyectable actualmente en servicio en el Ejército de Tierra. Hay tres unidades, de las que dos se encuentran en el Regimiento de Artillería Antiaérea nº73, en Marines (Valencia) y la última está desplegada en Turquía, en una misión de la OTAN. El objetivo es adquirir una batería de la versión más moderna, la 3+, y modernizar el resto hasta este estándar.
Un montante económico de 146,8 millones de euros estará destinado a la compra de morteros embarcados para las Fuerzas Armadas. Aunque la referencia del Consejo de Ministros no lo detalla, todo parece indicar que se trata del sistema Eimos, que va embarcado en blindado URO Vamtac. La gran mayoría de estos van destinados al Ejército de Tierra, aunque también recibirán unidades la Infantería de Marina y el Ejército del Aire y el Espacio.
También se destina 30,2 millones de euros a la compra de sistemas antidrones o C-UAS, para tratar de evitar la amenaza que suponen los sistemas no tripulados (UAV) de la clase 1, los más pequeños del mercado, cuyo uso está causando estragos en la guerra de Ucrania. Se compran 7 sistemas fijos y 7 móviles para ser desplegados en zona de operaciones y 3 simuladores para dar formación sobre su uso en territorio nacional.
Otro de los programas que se ven beneficiados es el del Buque de Acción Marítima (BAM) de Intervención Subacuática (BAM-IS), una embarcación que está en construcción en los astilleros de Navantia en Puerto Real (Cádiz) y que servirá para dar cobertura a los submarinos de la clase S-80. El Gobierno aprueba un aumento del presupuesto de 13 millones –pasaría de 181 a 194 millones– para incorporarle recientes tecnología al diseño que estaba previsto.
Otros 12 millones de euros irán destinados a comprar material de equipamiento militar para los efectivos de las Fuerzas Armadas. Se trata de tiendas polivalentes modulares, equipo individual de los militares y trajes de protección NBQ (nuclear, biológico y químico).
Respecto al dinero destinado a instalaciones militares, el mayor contrato se destina a tareas de conservación, demolición y mantenimiento de bases e infraestructuras del Ejército de Tierra, con un importe de 327,8 millones de euros. Para la limpieza de instalaciones del Ministerio de Defensa repartidas por todo el territorio nacional se destina un montante económico de 279 millones de euros.
Por último, se destinan 161 millones de euros a servicios de restauración colectiva en diversas bases, acuartelamientos y establecimientos del Ejército de Tierra y 57 millones de euros para restauración, suministro de agua y cantina en operaciones en el exterior.