La situación geopolítica que se vive en Europa, tras la invasión rusa de Ucrania y el cambio en la política internacional de Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, está convirtiendo los ministerios de Defensa en uno de los más estratégicos de los gobiernos del viejo continente. Europa se ha dado cuenta de que ha llegado la hora de pagar su propia seguridad y que ya no puede subarrendarla en parte a Washington.
Casi todos los países están inmersos en un proceso de modernización y refuerzo de capacidades tras décadas sin invertir lo necesario en sus fuerzas armadas. La gran mayoría de los países del continente que son socios de la UE y la OTAN invirtieron en 2024 por encima del 2 por ciento al que se habrían comprometido. España no fue uno de ellos, de hecho, fue el país que menos dinero dedicó a su defensa en 2024, según las proyecciones de la OTAN.
Por si fuera poco, nuestro país tiene un problema añadido para poner a punto sus cifras de inversión en defensa. Y es que a su debilidad parlamentaria, que le hace trabajar con unos presupuestos prorrogados, se une el hecho de que en su propio seno haya una formación de extrema izquierda antimilitarista como Sumar, además de depender de otros partidos de corte similar para sacar adelante sus proyectos legislativos.
Aun así, el Gobierno sigue buscando métodos para llenar las arcas del Ministerio de Defensa. El último ejemplo ha tenido lugar en el último Consejo de Ministros, en el que se aprobó una transferencia de crédito de 343,8 millones de euros para el departamento de Margarita Robles "con la finalidad de atender necesidades de funcionamiento existentes". Ninguna explicación más que el entrecomillado acompaña a la decisión del Gobierno.
Este tipo de movimientos no son algo nuevo. La pasada semana, por ejemplo, se aprobó destinar 567 millones de euros del Fondo de Contingencia para pagar los gastos de las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas y no descapitalizar así al Ministerio de Defensa. Este Fondo de Contingencia es una bolsa presupuestaria de dinero que el Gobierno se reserva para afrontar posibles imprevistos económicos.
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