La ruptura del contrato de compra de 15 millones de balas a Israel por seis millones de euros ha generado una de las mayores polvaredas internacionales de los últimos tiempos.
Pedro Sánchez ha tomado la decisión de dejar sin ese suministro de balas a España pese a la necesidad de la Guardia Civil de proyectiles -denunciada ya en innumerables ocasiones- y por la presión de sus socios parlamentarios que han exigido el corte de relaciones económicas con Israel, pero el Gobierno de Sánchez puede estar a un paso de provocar un problema de muy superiores magnitudes.
Proyectos de colaboración industrial en riesgo
Desde 2022, España se encontraba en negociaciones para cobijar el desarrollo de empresas y producción armamentística israelí. Empresas como Rafael, Elbit Systems, IRI y otras habían planteado ya la posibilidad de ampliar su producción por medio de colaboraciones o alianzas en territorio español. El corte del contrato de las balas deja todo ello en una situación de parón ante el obvio enfado de Israel y la falta de seguridad jurídica ofrecida por España.
El programa se mantenía bajo el secreto obvio de la producción militar. Pero algunos de los primeros pasos ya habían llegado de forma puntual incluso antes de ese 2022, fecha en la que se empezó a plantear de forma más generalizada.
Israel tiene un problema de espacio y saturación de su producción y necesita, por lo tanto, países y empresas aliados que colaboren en incrementar su producción de material de defensa.
Participación española
En 2019 General Dynamics European Land Systems –Santa Bárbara Sistemas-, por poner un ejemplo, constituyó la empresa Fábrica de Municiones de Granada (FMG) y en febrero de 2020 el Consejo de Ministros autorizó, ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, la entrada en el capital del grupo eslovaco MSM Group, a su vez integrado en el holding empresarial checo Czechoslovak Group o CSG. Como otras fábricas de municiones en España, el Ministerio de Defensa es el titular de las instalaciones, con lo que la implicación oficial era plena desde el primer momento.
Pero la citada compañía tenía potencial. Había experimentado una profunda renovación a mediados de los años ochenta ampliando su capacidad en áreas como la fabricación de misiles y sus componentes, especialmente cabezas de combate y motores cohete. De hecho desde aquellas fechas ha sido responsable de los misiles en servicio en el Ejército de Tierra. Misiles que incluyen los superficie-aire Roland y Mistral (cabeza de combate), los anticarro Milan, TOW y Spike LR o el aire-aire Meteor (cabeza de combate), además de ciertos componentes para el Spike ER empleado desde el helicóptero Tigre. Y los Spike son israelíes.
¿Qué suponía ello? Pues el reforzamiento de un mecanismo de alianzas con países como Israel para albergar parte de la fabricación con licencia de sus componentes necesarios en territorio español.
Precisamente el misil de la israelí Rafael supuso la apuesta más importante de la compañía, que realizó una importante inversión en medios y formación.
El proyecto contaba con el visto bueno del Gobierno de España, por mucho que diga el PSOE otras cosas, y de Israel. De hecho se llevaron a cabo misiones de visita a empresas como Rafael, Elbit Systems o IRI.
Ahora el "proyecto se encuentra en stand by, poniendo en peligro una industria, su empleo y hasta la capacidad de suministro de armamento de España en medio de un entorno de demanda creciente de componentes militares", señala una fuente conocedora de la alianza. "Y la única respuesta que obtenemos de las mismas personas relacionadas con el Gobierno y el PSOE con los que habíamos hablado todo es "la cosa está así" o "es lo que hay".