Guerra en los contratos de Defensa: GDELS lleva al Supremo uno de los dedazos del Gobierno a Indra y Escribano EM&E

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de convertir a Indra en la gran empresa tractora de la industria de Defensa en España, un hecho que ha apuntalado en los últimos meses con la entrega a dedo de un número muy importante de contratos del denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, no ha gustado en todo el sector. Hay empresas que se resisten a que Indra haga y deshaga a su antojo.

Un claro ejemplo es el de GDELS (General Dynamics European Land Systems), propietaria de la icónica Santa Bárbara Sistemas, que ha decidido dar la batalla, al menos, en los dos contratos que se han aprobado para dotar de nuevos obuses autopropulsados –tanto a cadenas como a ruedas– a las Fuerzas Armadas españolas. La empresa era la gran favorita al tener desarrollados ya sus propios sistemas de armas, al contrario que Indra y Escribano EM&E.

GDELS ya mostró su desencanto con la decisión del Gobierno a principios de octubre, pero se ofreció a colaborar con Indra. Mantenía entonces su esperanza en que la UTE de Indra y Escribano apostara por sus modelos. Pero todo parece indicar que no es así y que, por lo menos para uno de ellos, la UTE está en negociaciones con la industria de Corea del Sur para españolizar el K-9 Thunder.

Este viernes el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por Santa Bárbara Sistemas, filial de GDELS, contra la concesión de 3.000 millones en préstamos estatales al 0 por ciento de interés a la UTE formada por Indra y Escribano EM&E, según la información judicial a la que ha tenido acceso Europa Press. La compañía solicita esta medida cautelar mientras se resuelve el fondo del asunto judicial planteado.

Los préstamos cuestionados corresponden a los dos principales programas de artillería autopropulsada incluidos en la estrategia de modernización militar del Gobierno: el de obuses sobre ruedas, dotado con 1.181 millones de euros, y el de obuses sobre cadenas, con otros 1.821 millones. Ambos créditos figuran en el real decreto aprobado el 14 de octubre de 2025 para financiar Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas.

Esos adelantos deberán servir para que Indra y Escribano EM&E inician sin emplear fondos propios el desarrollo de los futuros obuses propulsados de las Fuerzas Armadas. Se trata de dos contratos que tienen un valor conjunto por encima de los 7.240 millones de euros (4.554 millones para el programa de artillería a cadenas y otros 2.686 millones para el programa a ruedas) y que fueron formalmente entregados a estas empresas hace 10 días.

En total, el Ejecutivo ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a distintas empresas del sector, con Indra como principal beneficiaria al concentrar 7.944 millones. Airbus acumula 4.030 millones, mientras que Navantia suma 2.292 millones. Existe además un programa conjunto de 350 millones en el que participan tanto Airbus como Indra, dentro del reparto aprobado por el Gobierno.

Los créditos ahora recurridos son los de mayor cuantía concedidos a Indra, que liderará proyectos en múltiples dominios como tierra, mar, espacio y ciberespacio. Frente a ello, los programas asignados a Airbus se centran en el ámbito aéreo y los de Navantia en el naval, lo que refuerza las críticas sobre un reparto dirigido y concentrado en determinados actores industriales estratégicos.

El recurso de GDELS abre una nueva fase de confrontación judicial y empresarial en los grandes programas de Defensa, poniendo en cuestión el modelo de adjudicación y financiación elegido por el Ejecutivo. La eventual suspensión cautelar de los préstamos supondría un golpe directo a los planes de Indra y Escribano EM&E, y añadiría incertidumbre a unos programas clave para la modernización del Ejército de Tierra.