La presidenta de la SEPI manda parar la gran fusión de la industria de Defensa entre Indra y Escribano EM&E

El último consejo de administración de Indra ha dejado al descubierto una fractura interna de alto voltaje. En plena reunión, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, contactó con el consejero delegado de la empresa, José Vicente de los Mozos, para transmitirle que el Gobierno de Pedro Sánchez no autorizará la fusión con Escribano EM&E. El mensaje fue claro: la operación debe frenarse.

Según ha adelantado El Confidencial, la llamada se produjo tras conocer la intervención del CEO sobre la operación de fusión, punto incluido en el orden del día. De los Mozos defendió ante el consejo que debía informar de los movimientos para la fusión, debido a que los hermanos Escribano no podían pronunciarse por conflicto de intereses y alguien debía hablar sobre ello. La escena elevó la tensión entre accionistas públicos y privados en una compañía controlada por el Estado.

El órgano de gobierno, sin embargo, autorizó al consejero delegado a iniciar conversaciones formales con Escribano EM&E para analizar fórmulas de fusión, absorción o toma de control. La decisión parece suponer un desafío directo a la posición de la SEPI, accionista con el 28 por ciento del capital, y refuerza el pulso interno en una empresa estratégica para Defensa, clave en los planes industriales del Gobierno actual y futuro inmediato.

Moncloa ha ordenado frenar la operación por múltiples obstáculos. La mayoría de los consejeros independientes rechaza la integración. SAPA, con un 8 por ciento, se niega a respaldarla y varios minoritarios amenazan con acudir a la CNMV. A ello se suma el conflicto de interés de los Escribano, sentados a ambos lados de la mesa en una transacción de enorme impacto político y empresarial nacional y estratégico clave.

El frente judicial añade más presión. General Dynamics mantiene una guerra legal contra Indra y Escribano que cuestiona adjudicaciones directas de contratos por más de 7.000 millones de euros. Estos programas son determinantes para la valoración de ambas compañías y su posible integración, lo que incrementa el riesgo regulatorio y reputacional del movimiento en el sector de la Defensa española y europea actual y futura.

El cambio de postura en Moncloa se atribuye a Manuel de la Rocha, responsable económico y arquitecto inicial del acuerdo. El asesor pidió a Ángel Escribano que abandonara la presidencia de Indra para facilitar la operación, sin éxito. La negativa ha endurecido la posición gubernamental, marcada además por recientes investigaciones judiciales que aconsejan máxima prudencia en el ámbito empresarial, político y de control público estratégico.

Los representantes de la SEPI han comunicado que no fijarán posición hasta cerrar y auditar las cuentas de 2025, tras una nueva due diligence. Según El Confidencial, esta decisión aplaza cualquier análisis formal a finales de marzo o abril. Mientras tanto, el próximo consejo aprobará unos resultados históricos que contrastan con la inestabilidad accionarial y la creciente desconfianza interna y política en la compañía estratégica.

El único apoyo sólido a los hermanos Escribano procede de Amber Capital, con un 8 por ciento del capital de Indra. Ni siquiera sumando su peso al 14,3 por ciento de Escribano EM&E se alcanza la participación de la SEPI. El desenlace dependerá del Estado, que mantiene la llave para culminar la fusión o enterrarla definitivamente en una operación clave para la industria de Defensa nacional y su control público.