Piden dos años de prisión para el presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez

La Fiscalía de Sevilla solicita dos años y cuatro meses de cárcel para el ex presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA) Rafael C.P., que será juzgado el próximo día 9 de enero por haberse apropiado presuntamente de un millón de pesetas correspondientes a las retribuciones de árbitros y que utilizó para sufragar los gastos de abogados en un contencioso para mantenerse como presidente de la entidad tras un "irregular" proceso electoral.

El acusado, según el escrito de calificación provisional del fiscal, ocupó la presidencia de la FADA entre mayo de 1986 y abril de 1989, y a partir de ese momento, debido a un "complicado e irregular" proceso electoral a la presidencia, continuó "en funciones" hasta el 29 de julio de 1996, fecha en la que fue suspendido cautelarmente por el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. Los hechos por los que será juzgado en la Audiencia de Sevilla Rafael C.P., de 59 años, se remontan a marzo de 1995 cuando recibió un talón y dos pagarés de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, por importe de 959.545 pesetas.

Dicha cantidad tenía como fin exclusivo el abono de retribuciones debidas a los árbitros actuantes en la fase provincial de los juegos deportivos de Adnalucía, en su IX edición (1994), y debían haber sido entregadas a las federaciones provinciales de Granada, Almería, Sevilla y Jaén, cuyos árbitros dirigieron las partidas de ajedrez en los juegos mencionados. Sin embargo, el acusado, "lejos de destinar el dinero percibido a los susodichos y exclusivos fines, los ingresó en una cuenta corriente distinta a la habitualmente usada por la FADA".

Tras retener las cantidades durante más de un año, dispuso de ellas en beneficio particular, para "sufragar cuantiosos gastos correspondientes a minutas, honorarios y provisiones de fondos debidas a abogados y procuradores que intervinieron en el procedimiento contencioso originado por el procedimiento electoral afectante al acusado y al que interesaba", según versa el relato del fiscal.

El fiscal imputa a Rafael C.P. un delito de apropiación indebida, por el que solicita una condena de dos años y cuatro meses de cárcel, así como que indemnice a la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta con las 959.545 pesetas, para que sean entregadas a las federaciones provinciales y a través de éstas a los árbitros que intervinieron en los juegos, que aún no han percibido los devengos por su función.