La Audiencia Nacional ha abierto una investigación al Consejo Superior de Deportes (CSD), por la incorrecta utilización de fondos privados para la retribución arbitral por parte de Luis Rubiales, expresidente de la Real RFEF, Andreu Camps, exsecretario General de la RFEF; Carlos Velasco Caraballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) hasta el 22 de noviembre de 2021; y Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA.
Tal y como publicó LD, el exárbitro Xavier Estrada Fernández presentó el pasado 17 de mayo un recurso ante al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional por el incumplimiento, por parte de la RFEF, del acuerdo para la retribución del arbitraje profesional, de fecha 9 de Agosto de 2018, firmado entre la RFEF y la LFP, que tiene por objeto aprobar las condiciones de carácter económico aplicables a las funciones de arbitraje en la competición profesional de fútbol (1ª y 2ª División), entre la temporada 2018/2019 y la temporada 2022/2023.
En un auto de 3 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de la Audiencia Nacional admite a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Estrada Fernández y acuerda tramitarlo por las normas del procedimiento ordinario.
En la resolución, la Audiencia Nacional acuerda "requerir al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (Consejo Superior de Deportes) para que ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos expediente/s administrativos a que se refiere el acto impugnado, en el plazo improrrogable de VEINTE DIAS".
"O bien", añade la resolución, "copia autentificada del mismo, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la LJCA, que la resolución administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días; todo ello con los apercibimientos del art. 48 LJCA".
La denuncia presentada por el exárbitro Xavier Estrada Fernández señalaba que "el montante total de las cantidades no destinadas a la retribución del arbitraje, por parte de la RFEF, desde la temporada 2018/2019 a la temporada 2022/2023, asciende a la cantidad de 1.921.280 euros". No obstante, el importe total y exacto de las cantidades no destinadas a la retribución del arbitraje (fondos privados utilizados incorrectamente), "quedaría a expensas de las pruebas que deberán llevarse a cabo durante la tramitación del procedimiento, tales como periciales o auditorías de cuentas relacionadas con la liquidación de cuentas del acuerdo para la retribución del arbitraje profesional".
Por último, el excolegiado afirmaba que el citado acuerdo firmado entre la RFEF y la LFP, "tiene una cláusula de confidencialidad, por lo que no puede procederse a su difusión pública, si bien la misma expira a la finalización de la presente temporada" y reitera "su decidida voluntad de defender la integridad deportiva y transparencia del fútbol, en todos sus ámbitos y manifestaciones".
Denuncia previa ante el CSD
Xavier Estrada Fernández ya presentó el pasado mes de agosto una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por los mismos hechos. El exárbitro afirmaba que Rubiales, Camps, Velasco Carballo o Medina Cantalejo habrían cometido una infracción muy grave consistente en la incorrecta utilización de fondos privados.
Dicha denuncia destacaba "el incumplimiento, por parte de la RFEF, del ACUERDO PARA LA RETRIBUCIÓN DEL ARBITRAJE PROFESIONAL, de fecha 9 de Agosto de 2018, firmado entre la RFEF y la LFP, que tiene por objeto aprobar las condiciones de carácter económico aplicables a las funciones de arbitraje en la competición profesional de fútbol (1ª y 2ª División), entre la temporada 2018/2019 y la temporada 2022/2023". Meses después, Estrada Fernández reclamaba a la RFEF y la Liga la liquidación y el cierre contable del "Acuerdo para la retribución del Arbitraje Profesional" para acreditar el supuesto desvío de 1,9 millones de euros.
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