La historia reciente del Real Zaragoza es la crónica de una decadencia anunciada. Un ocaso que ya no se disfraza de proyecto ambicioso ni de promesas de resurrección. Las cifras, los incumplimientos y la errática gestión de sus dirigentes dibujan un panorama inquietante que compromete no sólo el presente deportivo, sino la propia viabilidad de la sociedad anónima deportiva (SAD). Y en el epicentro de ese terremoto financiero aparece un nombre propio: la Nueva Romareda.
Como ya analizó Libertad Digital en distintas informaciones publicadas en las últimas semanas, el club vive atrapado entre dos modelos y arrastra un pecado original que se remonta a la era de Agapito Iglesias, cuando se abrió la puerta al abismo financiero. Desde entonces, el Zaragoza ha transitado por una sucesión de gestores incapaces de enderezar el rumbo. La llegada del presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian —en la cúspide de un entramado con conexiones empresariales y mediáticas ampliamente documentadas por el investigador deportivo Luis Serrano—, prometía estabilidad y músculo inversor. Sin embargo, el balance actual es desolador.
Porque la construcción del nuevo estadio no era sólo una infraestructura deportiva. Era, sobre todo, el gran argumento económico del nuevo accionariado. La compra del club por parte de Oughourlian y el multimillonario estadounidense Jorge Mas —que nunca está por Zaragoza, ni se le espera— jamás se entendió al margen del negocio asociado a la explotación futura del recinto. El estadio como palanca financiera, el ladrillo como tabla de salvación.
Un proyecto que muta sobre la marcha
El problema es que el relato inicial pronto empezó a resquebrajarse. Bajo el paraguas institucional —con Marcelino Iglesias en su día prometiendo el nuevo estadio y ahora con Jorge Azcón al frente del Gobierno aragonés y Natalia Chueca en la alcaldía— se transmitió a la afición la existencia de un plan firme, solvente y rentable. Pero la realidad ha sido bien distinta.
En muy poco tiempo se desechó la construcción por fases para optar por la demolición completa de La Romareda y levantar un estadio desde cero. Un cambio de criterio que no ha sido acompañado de una planificación económica sólida. El discurso de la sociedad mixta La Nueva Romareda SL —integrada por tres socios a partes iguales: Real Zaragoza SAD, Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación General de Aragón (DGA), con la obligación para cada uno de ellos de aportar 40 millones de euros— ha ido mutando según las urgencias del club maño, no según un plan estructurado.
Las reiteradas dudas, la falta de decisiones resolutivas y la negligencia a la hora de prever contingencias han terminado por generar una tormenta perfecta. El club, que debía ser motor del proyecto, terminó por convertirse en un socio moroso. Y eso, en una obra de semejante envergadura, no es asunto baladí.
El agujero de los 6,8 millones
Los hechos son tozudos. Como representante del club en la sociedad mixta, el consejero Mariano Aguilar debía ingresar 6,8 millones de euros para financiar las obras. Pero no lo hizo. El dinero comprometido no llegó en plazo. Fueron la comunidad autónoma y el Ayuntamiento quienes adelantaron los casi siete millones de euros para evitar un parón que habría sido escandaloso. Las consecuencias en el club fueron inmediatas: Oughourlian defenestró en la sociedad mixta a Aguilar, sustituyéndole en el cargo por su mano derecha en Prisa: Pilar Gil —vicepresidenta y directora financiera (CFO) del grupo, entre otros cargos, además de estratega de negocio y experta en refinanciación de deuda y ampliaciones de capital—.
Al cierre del ejercicio, el Zaragoza debía devolver esos 6,8 millones adelantados y sumar los 3,2 correspondientes al nuevo año. Diez millones de euros que se ingresaron el 28 de diciembre, al filo del límite legal comprometido. Un movimiento in extremis que evidencia no sólo tensiones de tesorería, sino una preocupante falta de planificación.
Conviene recordar que entre las obligaciones de cualquier promotor está garantizar la viabilidad financiera de la obra en todo momento porque no hacerlo expone a acciones legales, resolución contractual e incluso sanciones administrativas. Sin embargo, el incumplimiento del Zaragoza no derivó en multa alguna, pese al evidente perjuicio a las arcas públicas aragonesas.
Consejeros desconectados y responsabilidades difusas
La desconexión entre los seis consejeros de la sociedad mixta —dos del Gobierno de Aragón, dos del Ayuntamiento y dos del club— fue manifiesta. El Zaragoza estuvo representado por el propio Aguilar y por Juan Forcén, accionista y constructor, el pegamento de todo el entramado accionarial del club. Una combinación que, lejos de aportar garantías, incrementó las dudas.
Aguilar, señalado por su escasa capacidad de gestión y vinculado en el pasado a entornos del Atlético de Madrid, fue fulminado sin titubeos y su sustitución por Pilar Gil evidenció un intento de control directo del proyecto por parte del accionista mayoritario. Pero lo realmente llamativo es que, pese a su destitución como representante en la sociedad del estadio, Aguilar continúa como consejero por cooptación en el club. Un síntoma más de la ambigüedad en la asunción de responsabilidades.
Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿dispone el Real Zaragoza de la solvencia necesaria para sostener su parte del proyecto sin comprometer su supervivencia? La delicadísima situación deportiva —con el equipo colista de LaLiga Hypermotion con 24 puntos, a seis de la salvación— no ayuda a generar ingresos extraordinarios que compensen los desajustes.
El riesgo real de desaparición
La situación económica del club no es un simple bache coyuntural. Es el resultado de años de decisiones erráticas, de promesas incumplidas y de una dependencia excesiva de operaciones inmobiliarias como tabla de salvación. La Nueva Romareda, concebida como motor de crecimiento, amenaza ahora con convertirse en el factor que precipite el colapso.
El precedente histórico pesa. Y mucho. El llamado pecado original —como lo hemos bautizado en Libertad Digital— que abrió la era de Agapito Iglesias sigue proyectando su sombra. La llegada de nuevos inversores no ha supuesto un cambio estructural, sino una reedición del mismo patrón: apalancamiento, expectativas infladas y una confianza casi ciega en el negocio del estadio.
Si el promotor principal, que es el propio club, no cumple en tiempo y forma sus compromisos financieros, el proyecto entero se tambalea. Y con él, la estabilidad de una entidad centenaria que ya ha coqueteado demasiadas veces con el abismo.
El Real Zaragoza se encuentra hoy ante una encrucijada histórica: o reconduce su gestión con transparencia, rigor y planificación realista, o corre el riesgo de que la Nueva Romareda pase a la historia no como el símbolo de su renacimiento, sino como el monumento a su liquidación.