L D (EFE)
El acuerdo permite la participación en la Liga sin ocupar plaza de extranjero de seis jugadores casados con ciudadanas comunitarias: los estadounidenses Lamont Barnes y Heshimu Evans (Grupo Begar León), Craig Callahan (Ricoh Manresa), Chris Thomas (Polaris World Murcia), Will McDonald (Tau Vitoria) y el senegalés Boniface N'Dong (Unicaja). Otros cinco jugadores casados con europeas mantienen el estatus de comunitario que se les reconoció excepcionalmente en 2005, cuando las tres partes suscribieron el anterior convenio: el ruso Dimitri Flis (DKV Joventut), el senegalés Sitapha Savane (Gran Canaria), el serbio Predrag Savovic (iurbentia Bilbao), el estadounidense Venson Hamilton (Real Madrid) y el argentino Pablo Prigioni (Tau Vitoria).
La propuesta del CSD que FEB, ACB y ABP han aceptado parte de la base de que "el Convenio suscrito con fecha 23 de mayo de 2005 se ha revelado, en términos generales, satisfactorio, eficaz y útil para todos sus firmantes, y puso fin a una larga etapa de conflicto y enfrentamiento" que debe evitarse en el futuro. "Todas las partes han mostrado su interés en reconducir un conflicto que pone en riesgo el clima tan favorable que rodea en la actualidad a nuestro baloncesto, perjudicando a todos sus actores y a sus competiciones", añade el escrito que el Consejo Superior de Deportes ha elaborado para recuperar el consenso en el baloncesto profesional.
Eso sí, el CSD especifica claramente que el entendimiento de las partes es imprescindible para "atajar cualquier atisbo de fraude que compromete unos valores que encarna el deporte en general y el baloncesto en particular". Del mismo modo, el pacto fija que "las partes acuerdan desistir de todos los procedimientos iniciados ante el CSD en relación con el marco de configuración de los equipos de la Liga ACB, y aceptan que ese organismo dirima y ponga fin a sus discrepancias". Además, el acuerdo compromete a los clubes a "renunciar a tramitar licencias de jugadores extranjeros con la pretensión de lograr una equiparación con los nacionales del denominado 'Espacio Europa-FIBA'".
Y, tanto la ACB, como la FEB y la ABP se avienen "a mantener los compromisos contractuales suscritos entre clubes y deportistas y a tomar las medidas necesarias para depurar y corregir cualquier situación fraudulenta vinculada al marco de elegibilidad de jugadores". "En este sentido, y a fin de no perjudicar a los titulares de derechos adquiridos de buena fe, podrán mantener el estatus obtenido en base a su situación legal matrimonial aquellos jugadores que no hayan recurrido a prácticas fraudulentas para obtener beneficios derivados de su cambio de estado civil", sella el acuerdo.
"La verificación y comprobación de estos extremos se realizará mediante una Comisión" con el compromiso de "trabajar conjuntamente para luchar contra posibles fraudes y abusos vinculados a cambios de estado civil de jugadores que desacreditan y empañan la imagen del baloncesto y de sus competiciones". Esta comisión "se encargará del examen y verificación de los eventuales fraudes que pudieran suscitarse a este respecto y estará facultada para revisar o modificar las decisiones relativas a la expedición de licencias de los jugadores que hubieran podido desarrollar practicas fraudulentas" y, en caso de que no hubiera consenso entre las partes, éstas someterán "sus discrepancias a arbitraje".
Asimismo, la ACB, la FEB y la ABP quedan emplazadas para "iniciar, de forma inmediata, la negociación del nuevo Convenio que establezca el futuro marco de elegibilidad de jugadores". Este punto es el que más dificultades planteaba, ya que las fechas propuestas por el CSD para dirimir la negociación de un nuevo convenio no satisfacían por igual a todos los intervinientes. En cualquier caso, el 31 de diciembre de este año es la fecha límite para que, si todo discurre normalmente, el nuevo marco de coordinación del baloncesto español sea un hecho.
En último término, la ACB acepta expresamente que "los contratos de trabajo que puedan suscribir los clubes desde el inicio de esta temporada no podrán ser utilizados como un derecho adquirido por los clubes en la negociación del nuevo Convenio sobre elegibilidad de jugadores".
La propuesta del CSD que FEB, ACB y ABP han aceptado parte de la base de que "el Convenio suscrito con fecha 23 de mayo de 2005 se ha revelado, en términos generales, satisfactorio, eficaz y útil para todos sus firmantes, y puso fin a una larga etapa de conflicto y enfrentamiento" que debe evitarse en el futuro. "Todas las partes han mostrado su interés en reconducir un conflicto que pone en riesgo el clima tan favorable que rodea en la actualidad a nuestro baloncesto, perjudicando a todos sus actores y a sus competiciones", añade el escrito que el Consejo Superior de Deportes ha elaborado para recuperar el consenso en el baloncesto profesional.
Eso sí, el CSD especifica claramente que el entendimiento de las partes es imprescindible para "atajar cualquier atisbo de fraude que compromete unos valores que encarna el deporte en general y el baloncesto en particular". Del mismo modo, el pacto fija que "las partes acuerdan desistir de todos los procedimientos iniciados ante el CSD en relación con el marco de configuración de los equipos de la Liga ACB, y aceptan que ese organismo dirima y ponga fin a sus discrepancias". Además, el acuerdo compromete a los clubes a "renunciar a tramitar licencias de jugadores extranjeros con la pretensión de lograr una equiparación con los nacionales del denominado 'Espacio Europa-FIBA'".
Y, tanto la ACB, como la FEB y la ABP se avienen "a mantener los compromisos contractuales suscritos entre clubes y deportistas y a tomar las medidas necesarias para depurar y corregir cualquier situación fraudulenta vinculada al marco de elegibilidad de jugadores". "En este sentido, y a fin de no perjudicar a los titulares de derechos adquiridos de buena fe, podrán mantener el estatus obtenido en base a su situación legal matrimonial aquellos jugadores que no hayan recurrido a prácticas fraudulentas para obtener beneficios derivados de su cambio de estado civil", sella el acuerdo.
"La verificación y comprobación de estos extremos se realizará mediante una Comisión" con el compromiso de "trabajar conjuntamente para luchar contra posibles fraudes y abusos vinculados a cambios de estado civil de jugadores que desacreditan y empañan la imagen del baloncesto y de sus competiciones". Esta comisión "se encargará del examen y verificación de los eventuales fraudes que pudieran suscitarse a este respecto y estará facultada para revisar o modificar las decisiones relativas a la expedición de licencias de los jugadores que hubieran podido desarrollar practicas fraudulentas" y, en caso de que no hubiera consenso entre las partes, éstas someterán "sus discrepancias a arbitraje".
Asimismo, la ACB, la FEB y la ABP quedan emplazadas para "iniciar, de forma inmediata, la negociación del nuevo Convenio que establezca el futuro marco de elegibilidad de jugadores". Este punto es el que más dificultades planteaba, ya que las fechas propuestas por el CSD para dirimir la negociación de un nuevo convenio no satisfacían por igual a todos los intervinientes. En cualquier caso, el 31 de diciembre de este año es la fecha límite para que, si todo discurre normalmente, el nuevo marco de coordinación del baloncesto español sea un hecho.
En último término, la ACB acepta expresamente que "los contratos de trabajo que puedan suscribir los clubes desde el inicio de esta temporada no podrán ser utilizados como un derecho adquirido por los clubes en la negociación del nuevo Convenio sobre elegibilidad de jugadores".