(Libertad Digital) Así, en opinión del Gobierno regional, la norma estatal ha distorsionado gravemente el mercado del suelo y, lo que es más negativo, ha contribuido a ahondar la crisis del sector inmobiliario. Además, la norma rebaja la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30 por ciento, frente a la obligación del 50 por ciento de pisos de protección que fija la ley regional para los nuevos desarrollos urbanísticos.
Ello supone una intromisión en las competencias autonómicas de vivienda ya que, la Ley impone un modelo de ciudad a los ayuntamientos y comunidades autónomas, cuando la Administración Central únicamente puede establecer los mecanismos de financiación para la vivienda protegida, pero nunca desarrollar una política de vivienda.
Asimismo, el nuevo texto de la Ley del Suelo perjudica a los propietarios del suelo, al dar preferencia a terceros –no propietarios- para la realización de obras de urbanización de los futuros barrios.
Una norma “ineficaz y sectaria”
De este modo, la nueva normativa estatal “atenta contra el derecho a la propiedad privada y es intervencionista porque limita la libertad legislativa de las comunidades autónomas y las competencias municipales relativas al desarrollo de los planeamientos urbanísticos”, según la Comunidad de Madrid.
“La nueva Ley impide que las regiones pongan en marcha medidas liberalizadoras del sector, impone idearios sectarios cercanos al socialismo radical, perjudica a los pequeños propietarios y aumenta los trámites burocráticos”, añade el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre..
Además, “la Ley convierte las expropiaciones en expolios y en confiscaciones del patrimonio de los particulares las expropiaciones se realizarán sin compensaciones justas proponiendo precios enormemente inferiores a los del mercado”, lo que provocará perjuicios a los propietarios y un gran número de reclamaciones judiciales.
No evita la especulación
Por todo ello, “el recurso se hace necesario, no sólo para salvaguardar las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, sino porque es ineficaz, ya que no evita la especulación urbanística, y porque ha propiciado la crisis del sector inmobiliario, la crisis del sector financiero y, por tanto, ha perjudicado a los ciudadanos que todavía tienen capacidad para adquirir viviendas”.