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El Ejecutivo aumenta los impuestos sobre el tabaco a las marcas baratas

El Consejo de Ministros ha aprobado una subida de los impuestos sobre el tabaco que tiene como objetivo atajar la proliferación de “marcas baratas” –de menos de 1,80 euros por cajetilla–. El decreto ley aprobado contempla elevar en un punto, hasta el 55,95 por ciento, la parte del tributo conocida como “ad valorem”, que se unirá al incremento del impuesto específico hasta los 6,20 euros por cada 1.000 cigarrillos, dos euros más que hasta ahora.

El Consejo de Ministros ha aprobado una subida de los impuestos sobre el tabaco que tiene como objetivo atajar la proliferación de “marcas baratas” –de menos de 1,80 euros por cajetilla–. El decreto ley aprobado contempla elevar en un punto, hasta el 55,95 por ciento, la parte del tributo conocida como “ad valorem”, que se unirá al incremento del impuesto específico hasta los 6,20 euros por cada 1.000 cigarrillos, dos euros más que hasta ahora.
LD (Agencias) Primero fue el Ministerio de Sanidad y ahora el de Hacienda: el Gobierno ha declarado la guerra al tabaco. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto Ley sobre la fiscalidad del tabaco que sube en un punto el tipo impositivo “ad valorem” e incrementa en dos euros el tipo impositivo específico, que pasa de 4,20 a 6,20 euros por cada mil cigarrillos.

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, detalló esta medida y precisó que "se carga un poco más la fiscalidad en el tabaco algo más barato precisamente en esa lucha contra el tabaquismo" del Ejecutivo. Esta normativa recoge, en este sentido, que la política sanitaria del Gobierno ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra este hábito, tal como se ha puesto de manifiesto con la reciente entrada en vigor de la Ley de prevención del tabaquismo. Sin embargo, añade que la proliferación de marcas de cigarrillos baratos ha provocado un "significativo descenso del precio del tabaco que alienta el consumo de este producto nocivo para la salud".
 
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, subrayó que los fines de esta modificación impositiva vienen determinados "más por razones de tipo sanitario que de tipo estrictamente fiscal o recaudatorias". Así, recordó que durante los últimos meses el Ejecutivo ha manifestado que le parece "justo que un producto que ocasiona un grave perjuicio para la salud de los ciudadanos y que tiene un efecto directo sobre el coste que soporte la salud, tenga una fiscalidad adecuada".

Aún así, el vicepresidente Solbes ha recordado que el traslado o no del aumento de la fiscalidad a los precios de venta al público es una decisión que corresponde a los fabricantes.

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