LD (EFE)
Durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, De la Vega precisó que "el Gobierno va a ser sensible, estudiando, como ya lo está haciendo, la posibilidad de adoptar medidas de apoyo
para aquellas economías más precarias
que se resientan en el transcurso del tiempo que se prolongue el proceso judicial".
No obstante, la vicepresidenta precisó que lo deseable es que en el proceso judicial se determinen los activos de las empresas intervenidas, tanto mobiliarios como inmobiliarios, así como los posibles seguros suscritos, para que con ellos se pueda hacer frente a los compromisos asumidos con los clientes.
La vicepresidenta dijo que lo primero es apoyar a las personas que han sufrido esta presunta estafa y para ello es preciso saber qué personas, cuántas y en qué cuantías han sido estafados, "en ello estamos trabajando". De cara al futuro, añadió, el Ejecutivo estudiará, junto a las CCAA y el resto de grupos políticos, modificaciones legales para incrementar "la seguridad y transparencia" en este tipo de inversiones por parte de los ciudadanos, "con mayores garantías" que hasta ahora.
Fernández de la Vega dijo que durante el Consejo se ha estudiado el informe que sobre este caso de presunta estafa han presentado los responsables de Economía y Sanidad, al tiempo que envió un mensaje de "tranquilidad " a los inversores afectados, dado que es un caso que "preocupa y ocupa al Gobierno". "Vamos a trabajar, como lo hemos hecho siempre , para tratar de garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos en la medida que lo permita la Ley, nuestras competencias del Gobierno y nuestras posibilidades", añadió.
La vicepresidenta también señaló que el Gobierno va a "aportar" todos los recursos necesarios a las organizaciones de consumidores para que puedan atender al asesoramiento y defensa jurídica de los clientes afectados de manera "gratuita". Asimismo, el Ejecutivo se dirigirá a la Audiencia Nacional para que se cree una ventanilla única de información sobre toda la tramitación judicial de este caso, tanto para los afectados como para las organizaciones de consumidores que los representen.
No obstante, la vicepresidenta precisó que lo deseable es que en el proceso judicial se determinen los activos de las empresas intervenidas, tanto mobiliarios como inmobiliarios, así como los posibles seguros suscritos, para que con ellos se pueda hacer frente a los compromisos asumidos con los clientes.
La vicepresidenta dijo que lo primero es apoyar a las personas que han sufrido esta presunta estafa y para ello es preciso saber qué personas, cuántas y en qué cuantías han sido estafados, "en ello estamos trabajando". De cara al futuro, añadió, el Ejecutivo estudiará, junto a las CCAA y el resto de grupos políticos, modificaciones legales para incrementar "la seguridad y transparencia" en este tipo de inversiones por parte de los ciudadanos, "con mayores garantías" que hasta ahora.
Fernández de la Vega dijo que durante el Consejo se ha estudiado el informe que sobre este caso de presunta estafa han presentado los responsables de Economía y Sanidad, al tiempo que envió un mensaje de "tranquilidad " a los inversores afectados, dado que es un caso que "preocupa y ocupa al Gobierno". "Vamos a trabajar, como lo hemos hecho siempre , para tratar de garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos en la medida que lo permita la Ley, nuestras competencias del Gobierno y nuestras posibilidades", añadió.
La vicepresidenta también señaló que el Gobierno va a "aportar" todos los recursos necesarios a las organizaciones de consumidores para que puedan atender al asesoramiento y defensa jurídica de los clientes afectados de manera "gratuita". Asimismo, el Ejecutivo se dirigirá a la Audiencia Nacional para que se cree una ventanilla única de información sobre toda la tramitación judicial de este caso, tanto para los afectados como para las organizaciones de consumidores que los representen.