L D (EFE)
La juez Palacios decidió en un auto, el pasado día 1, finalizar la instrucción del caso Gescartera y conceder diez días a las partes personadas para que presentasen sus escritos de acusación o sobreseimiento, para poder comenzar el juicio oral.
El equipo jurídico de Adicae cree que el cierre del sumario se ha realizado con "una evidente celeridad, no justificada y demasiado precipitada" al no haber aparecido el destino de los 108 millones de euros desaparecidos y considera que "se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los 1.200 afectados representados por esta asociación".
En su escrito, Adicae considera que se ha vulnerado la facultad de los afectados a la restitución de sus derechos y a que en la investigación se lleven a cabo todas las pruebas necesarias para un correcto esclarecimiento de los hechos". Asimismo, la asociación piensa que ha sido escaso el plazo de diez días dado por la juez Palacios a las partes personadas para la presentación de recursos, ya que se trata de un caso "con un desmesurado volumen documental y un enorme número de acusaciones, máxime cuando durante la instrucción no se ha entregado copia a las partes de todos los documentos".
Por otro lado, Adicae recuerda que aún no se ha resuelto el recurso de apelación que presentó ante la juez contra la denegación de la declaración como imputados de los que fueran presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Juan Fernández Armesto y Luis Ramallo, respectivamente, así como la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna. En este sentido, piensan que con el cierre de la instrucción y la apertura de juicio oral se impide que declare ante la Audiencia Nacional ningún nuevo implicado más, lo que a juicio de Adicae "se traduce en que pueda estar intentándose liquidar el mayor escándalo financiero al que los españoles han asistido".
Asimismo, Adicae pone en tela de juicio el funcionamiento del sistema judicial, al considerar que la condena que pueda imponerse a unos pocos imputados "no esclarecerá lo ocurrido ni supondrá para los afectados la restitución de los perjuicios causados". Por último, consideran incompleta la investigación porque la juez no ha aplicado el mismo criterio judicial de la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid a otras entidades como La Caixa, Bankinter y la auditora Deloitte & Touche.
El equipo jurídico de Adicae cree que el cierre del sumario se ha realizado con "una evidente celeridad, no justificada y demasiado precipitada" al no haber aparecido el destino de los 108 millones de euros desaparecidos y considera que "se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los 1.200 afectados representados por esta asociación".
En su escrito, Adicae considera que se ha vulnerado la facultad de los afectados a la restitución de sus derechos y a que en la investigación se lleven a cabo todas las pruebas necesarias para un correcto esclarecimiento de los hechos". Asimismo, la asociación piensa que ha sido escaso el plazo de diez días dado por la juez Palacios a las partes personadas para la presentación de recursos, ya que se trata de un caso "con un desmesurado volumen documental y un enorme número de acusaciones, máxime cuando durante la instrucción no se ha entregado copia a las partes de todos los documentos".
Por otro lado, Adicae recuerda que aún no se ha resuelto el recurso de apelación que presentó ante la juez contra la denegación de la declaración como imputados de los que fueran presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Juan Fernández Armesto y Luis Ramallo, respectivamente, así como la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna. En este sentido, piensan que con el cierre de la instrucción y la apertura de juicio oral se impide que declare ante la Audiencia Nacional ningún nuevo implicado más, lo que a juicio de Adicae "se traduce en que pueda estar intentándose liquidar el mayor escándalo financiero al que los españoles han asistido".
Asimismo, Adicae pone en tela de juicio el funcionamiento del sistema judicial, al considerar que la condena que pueda imponerse a unos pocos imputados "no esclarecerá lo ocurrido ni supondrá para los afectados la restitución de los perjuicios causados". Por último, consideran incompleta la investigación porque la juez no ha aplicado el mismo criterio judicial de la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid a otras entidades como La Caixa, Bankinter y la auditora Deloitte & Touche.