(Libertad Digital) La nueva norma, que este jueves recoge el diario El Mundo, es inédita en España y establece la creación de una nueva tipología inmobiliaria: las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), que se definen en el decreto como “pisos con protección pública específicas de la comunidad”.
Estas casas se podrán promover y construir por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente para inmuebles protegidos.
Es decir, que los promotores podrán utilizar el suelo que les sobre, aunque no esté calificado específicamente para Viviendas de Protección Oficial (VPO), para construir pisos, siempre y cuando obtengan la autorización pertinente, que la Junta de Castilla-La Mancha se reserva en exclusiva.
Pero lo que más críticas ha suscitado es el artículo 14 del texto normativo: “Si transcurrido un año desde la declaración definitiva [como VIPP] existieran viviendas sin adjudicar, la promotora podrá instar a la Consejería competente a su adquisición en los términos previstos en el convenio”. El sueño de cualquier promotor: construir casas con venta garantizada.
Además, la norma incluye otro polémico artículo en la disposición adicional primera, en el que se permite que las viviendas libres de nueva construcción puedan pasar a ser calificadas como protegidas a petición del promotor. El decreto solo obliga a las empresas inmobiliarias a vender “por sus propios medios” un 30 por ciento de los pisos. El resto será problema de la Junta, que estará obligada a adquirir con fondos públicos, a un precio pactado, las casas no compradas por particulares.
En cuanto al precio, la nueva tipología será un 10 por ciento más cara que la tradicional VPO. Para un piso de 70 metros (el tamaño máximo al que se podrán construir) el importe rondará los 180.000 euros.
A medida del “Pocero”
La medida ha provocado los ataques de la oposición, que considera que la norma está elaborada a medida de Paco “El Pocero”, constructor que está desarrollando una macrourbanización en Seseña (Toledo) y que tiene serios problemas para comercializar los inmuebles. “Barreda posibilitará que El Pocero, entre otros, conviertan sus viviendas libres sin vender en pisos protegidos”, denuncia Marcial Marín, secretario general del PP en Castilla-La Mancha.
Por su parte, el gobierno regional rechaza este argumento y asegura que ligar el decreto con la situación de Seseña es una “crítica fácil y sin ninguna veracidad”, tal como explica el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta, Julián Sánchez. A su juicio, “las viviendas se construirán donde exista demanda y no donde quiera el promotor”.
Sin embargo, en el PP no se fían de la bondad de la reforma legislativa, y advierte que este decreto no será el único que apruebe, ya que según adelantó el secretario general popular en Castiilla-La Mancha, “el gobierno regional tiene pensado durante el mes de agosto hacer una auténtica revolución normativa urbanística con no sabemos que intereses". Por ello, solicita la creación de una comisión especial para planificar el urbanismo en la región.
La principal justificación que dan los responsables socialistas de la Junta es que “hay que dar garantía a los promotores de que tengan comprador en unos momentos difíciles”. Según el consejero “si no se venden los pisos se incorporarán al patrimonio público de la comunidad”. Pero luego, ¿qué harán con ellos?.