L D (EFE) La medida se publicó en el Boletín Oficial del Estado el sábado, en la víspera de Navidad y ya se han producido las primeras reacciones. El Partido Socialista, la principal fuerza de oposición, y el Partido Comunista Francés (PCF) denunciaron esta "caza contra los parados", que la conservadora y gobernante Unión por un Movimiento Popular (UMP) consideró "legítima".
El decreto permite a los agentes del Ministerio de Empleo encargados de controlar a los demandantes de empleo de acceder a sus datos fiscales si sospechan que puede haber fraude. Los agentes tendrán acceso igualmente a los documentos del seguro del paro y a los de las administraciones sociales.
La posibilidad de que se puedan cruzar y cotejar diferentes ficheros "inquieta" al sindicato Fuerza Obrera, mientras que el Sindicato Nacional Unificado de Impuestos considera que el decreto "abre la puerta a derivas" y a la "injusticia social".