L D (EFE) Además de las detenciones, se ha aprehendido material informático valorado en 6,25 millones de euros, 58.806 euros en efectivo y se ha efectuado el embargo preventivo de 12 inmuebles y 3 vehículos de gama alta.
Las investigación empezó con la detención el año pasado en la provincia de Barcelona de cuatro personas, en una operación denominada "Danzas", y ha concluido este mes con el arresto de once personas más, en una nueva operación conocida como "Camper I". El "modus operandi" utilizado por estas dos tramas consistía en la venta de productos informáticos en el mercado español, previamente adquiridos a proveedores de la Unión Europea, repercutiendo el 16% de IVA a los destinatarios de las ventas y no ingresándolo a la Hacienda Pública.
Para evitar los controles de la Agencia Tributaria, estas personas constituían sociedades de forma sucesiva, cada una de las cuales operaba en períodos de un año por lo que, cuando Hacienda recibía sus declaraciones, dichas empresas ya no existían. Por otro lado, aparentaban, mediante la simulación de facturas de compra, haber soportado cuotas de IVA en cuantía aproximada a las cuotas efectivamente repercutidas a sus clientes y que no eran ingresadas en el Tesoro Público, con lo que el montante defraudado ascendía a razón de unos 2 millones de euros trimestrales.
Estas últimas 11 detenciones se han producido fundamentalmente en la provincia de Barcelona, ya que la sociedad matriz se encuentra en El Papiol, aunque la Guardia Civil también ha arrestado a dos personas en Zaragoza, donde radica el principal distribuidor, y a otra en Valencia que actuaba como proveedor. De las investigaciones llevadas a cabo por ahora se desprende que en las tramas organizadas participaron, además de empresas "pantalla", auténticas sociedades del sector, tanto europeas como nacionales, que se han podido aprovechar de los márgenes de beneficio resultantes de no ingresar las cuotas de IVA. El delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Juan Cano, ha destacado en rueda de prensa que el fraude fiscal protagonizado por este grupo de personas "no es un fraude clásico, sino organizado", y ha añadido que el mismo corresponde a "auténticas tramas mafiosas".
Asimismo, Pedro Ariche, el fiscal que ha coordinado esta operación entre la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, ha explicado que los detenidos "tenían nombre en clave", tomaban medidas para eludir "una posible vigilancia" e incluso contrataban a detectives privados para "seguir a determinados personajes de su propio sector económico". Por este motivo, la fiscalía de delitos económicos se plantea imputar a este grupo no sólo el delito de fraude fiscal correspondiente, sino también el de asociación ilícita. El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 7 de Sant Feliu de Llobregat, que tiene sobre la mesa la copiosa documentación aprehendida en los registros practicados y de cuyo examen es probable que pueda acreditarse la participación en los hechos de nuevas personas físicas y jurídicas. En cualquier caso, los quince detenidos se encuentran en libertad dada la naturaleza y gravedad del delito y el hecho de que todos ellos sean empresarios con domicilio conocido.
Para evitar los controles de la Agencia Tributaria, estas personas constituían sociedades de forma sucesiva, cada una de las cuales operaba en períodos de un año por lo que, cuando Hacienda recibía sus declaraciones, dichas empresas ya no existían. Por otro lado, aparentaban, mediante la simulación de facturas de compra, haber soportado cuotas de IVA en cuantía aproximada a las cuotas efectivamente repercutidas a sus clientes y que no eran ingresadas en el Tesoro Público, con lo que el montante defraudado ascendía a razón de unos 2 millones de euros trimestrales.
Estas últimas 11 detenciones se han producido fundamentalmente en la provincia de Barcelona, ya que la sociedad matriz se encuentra en El Papiol, aunque la Guardia Civil también ha arrestado a dos personas en Zaragoza, donde radica el principal distribuidor, y a otra en Valencia que actuaba como proveedor. De las investigaciones llevadas a cabo por ahora se desprende que en las tramas organizadas participaron, además de empresas "pantalla", auténticas sociedades del sector, tanto europeas como nacionales, que se han podido aprovechar de los márgenes de beneficio resultantes de no ingresar las cuotas de IVA. El delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Juan Cano, ha destacado en rueda de prensa que el fraude fiscal protagonizado por este grupo de personas "no es un fraude clásico, sino organizado", y ha añadido que el mismo corresponde a "auténticas tramas mafiosas".
Asimismo, Pedro Ariche, el fiscal que ha coordinado esta operación entre la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, ha explicado que los detenidos "tenían nombre en clave", tomaban medidas para eludir "una posible vigilancia" e incluso contrataban a detectives privados para "seguir a determinados personajes de su propio sector económico". Por este motivo, la fiscalía de delitos económicos se plantea imputar a este grupo no sólo el delito de fraude fiscal correspondiente, sino también el de asociación ilícita. El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 7 de Sant Feliu de Llobregat, que tiene sobre la mesa la copiosa documentación aprehendida en los registros practicados y de cuyo examen es probable que pueda acreditarse la participación en los hechos de nuevas personas físicas y jurídicas. En cualquier caso, los quince detenidos se encuentran en libertad dada la naturaleza y gravedad del delito y el hecho de que todos ellos sean empresarios con domicilio conocido.