Trujillo insiste en que está trabajando para que los inquilinos de viviendas en alquiler puedan desgravarse

LD (EFE) Durante su intervención en un curso de economía organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Trujillo se mostró a favor de que la fiscalidad sobre la vivienda, tanto la referida a la compra como al alquiler, persiga "el equilibrio y la neutralidad, principalmente por converger con Europa, donde existe ese equilibrio y esa neutralidad en estas deducciones".

 

Por otro lado, la ministra dijo que el Ministerio de Vivienda quiere establecer que los intermediarios de pisos tengan que disponer de un seguro de responsabilidad civil con el fin de ofrecer más garantías al ciudadano y profesionalizar el sector, que está liberalizado desde el año 2003.

Trujillo recordó que cualquier persona jurídica y física, además de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ("Apis"), puede intermediar en la compra de una vivienda desde que el sector se liberalizó hace casi tres años. "Siempre he dicho que no se puede ganar más viviendo que trabajando, y tampoco se puede ganar más intermediando en un minuto de lo que gana un empleado medio en España", destacó, y recalcó que "no puede ser más fácil vender una vivienda que una lechuga".

A juicio de la titular de Vivienda, las expectativas de revalorización o de precio de una casa no puede suponer más dinero del que se gana en toda una vida, algo que es "una locura", por lo que su departamento ha decidido dar más garantías al ciudadano, al exigir "responsabilidades civiles a quienes participan en este sector intermediando la compra de una vivienda".

Por otro lado, Vivienda pretende garantizar la formación y la profesionalidad de los intermediarios, ya que España es uno de los países de la Unión Europa donde no existe formación oficial en el ámbito del sector inmobiliario, según Trujillo. Con esta medida, la ministra de Vivienda solucionaría lo que es una de las peticiones más antiguas de los Apis, que llevan desde el año 2000 reclamando que se introduzcan medidas que profesionalicen el sector e impidan prácticas no deseadas.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Santiago Baena, explicó a EFE que los "apis" exigen desde hace tiempo que se crea un registro público donde los agentes se tengan que identificar, que el intermediario esté libre de antecedentes y que haya un seguro de responsabilidad civil. Los "apis" son más de 5.500 profesionales, titulados y colegiados pero Baena calcula que hay unos 90.000 intermediarios en España que no están registrados en ningún colegio, aunque, señala, es realmente difícil averiguar cuántos hay efectivamente dado que muchos de ellos aparecen y desaparecen de un día a otro.