Por Maite Cunchillos
La sentencia llegó en medio de un vacío de poder en el seno del PSOE. Manuel Chaves, gestionaba una comisión política surgida del triste episodio de búsqueda de líder entre Borrell y Almunia. El PSOE expresó su acatamiento a la sentencia y desde sus filas se consideró que se ponía fin a "un período en el que, desde sectores mediáticos y políticos muy concretos se intentó instrumentalizar la Justicia".
Después de cinco años de investigación, 46 tomos de sumario y más de 3 meses de juicio, el pasado 26 de abril la Audiencia Nacional aclaraba por fin, lo que ocurrió en el cuartel de Inchaurrondo en Octubre de 1983, siendo ministro del Interior José Barrionuevo y director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera.
La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional relataba en 55 folios, el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Los magistrados imponían penas de 346 años de cárcel al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, al general Enrique Rodríguez Galindo y a los agentes Vaquero, Dorado y Bayo.
Los hechos que relataban los magistrados en su sentencia coincidían “casi textualmente” con el auto de procesamiento que en su día dictó Javier Gómez de Liaño: “En 1983, Galindo y Elgorriaga al tener conocimiento de que en el Ministerio de interior se iba abriendo camino la idea de aceptar la realización de acciones violentas contra miembros de ETA en el sur de Francia...decidieron que ellos deberían intervenir”.
Los magistrados recordaban en la sentencia cómo guardias civiles del Servicio de Información de Inchaurrondo, a las órdenes de Galindo intentaron detener en Francia a miembros de ETA para sacarles información y “eligieron la villa llamada La Cumbre” para retener allí a los etarras, La noche del 15 de octubre secuestraron en Bayona a Lasa y Zabala. En la Cumbre fueron interrogados por Dorado y Bayo a lo largo de varios días; Galindo, Vaquero y Elgorriaga, según los jueces, visitaron a los detenidos.
Finalmente los cinco condenados decidieron “darles muerte para hacerles desaparecer”. Lo hicieron en un paraje aislado de Busot, en Alicante. Los magistrados relataban cómo Dorado y Bayo junto con “otras personas” dispararon en la cabeza a Lasa y Zabala y después “arrojaron los cuerpos sin ropa, aún amordazados y con unas vendas, a una fosa que habían preparado...y los cubrieron con tierra y con más de 50 kilos de cal viva”.
La sentencia se firmó por unanimidad. La ponente fue Manuela Fernández Prado. Siro García presidía aquella sala.
La sentencia llegó en medio de un vacío de poder en el seno del PSOE. Manuel Chaves, gestionaba una comisión política surgida del triste episodio de búsqueda de líder entre Borrell y Almunia. El PSOE expresó su acatamiento a la sentencia y desde sus filas se consideró que se ponía fin a "un período en el que, desde sectores mediáticos y políticos muy concretos se intentó instrumentalizar la Justicia".
Después de cinco años de investigación, 46 tomos de sumario y más de 3 meses de juicio, el pasado 26 de abril la Audiencia Nacional aclaraba por fin, lo que ocurrió en el cuartel de Inchaurrondo en Octubre de 1983, siendo ministro del Interior José Barrionuevo y director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera.
La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional relataba en 55 folios, el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Los magistrados imponían penas de 346 años de cárcel al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, al general Enrique Rodríguez Galindo y a los agentes Vaquero, Dorado y Bayo.
Los hechos que relataban los magistrados en su sentencia coincidían “casi textualmente” con el auto de procesamiento que en su día dictó Javier Gómez de Liaño: “En 1983, Galindo y Elgorriaga al tener conocimiento de que en el Ministerio de interior se iba abriendo camino la idea de aceptar la realización de acciones violentas contra miembros de ETA en el sur de Francia...decidieron que ellos deberían intervenir”.
Los magistrados recordaban en la sentencia cómo guardias civiles del Servicio de Información de Inchaurrondo, a las órdenes de Galindo intentaron detener en Francia a miembros de ETA para sacarles información y “eligieron la villa llamada La Cumbre” para retener allí a los etarras, La noche del 15 de octubre secuestraron en Bayona a Lasa y Zabala. En la Cumbre fueron interrogados por Dorado y Bayo a lo largo de varios días; Galindo, Vaquero y Elgorriaga, según los jueces, visitaron a los detenidos.
Finalmente los cinco condenados decidieron “darles muerte para hacerles desaparecer”. Lo hicieron en un paraje aislado de Busot, en Alicante. Los magistrados relataban cómo Dorado y Bayo junto con “otras personas” dispararon en la cabeza a Lasa y Zabala y después “arrojaron los cuerpos sin ropa, aún amordazados y con unas vendas, a una fosa que habían preparado...y los cubrieron con tierra y con más de 50 kilos de cal viva”.
La sentencia se firmó por unanimidad. La ponente fue Manuela Fernández Prado. Siro García presidía aquella sala.