El respaldo del Parlamento Europeo a las enmiendas del PP y apoyadas por el PSOE relativas a la euroorden y a la acción común antiterrorista es la noticia más comentada editorialmente este viernes. También la prórroga del Concierto vasco, tras el fracaso de las negociaciones, y la detención de un asesor de Gescartera son noticias muy destacadas en casi todas las portadas.
ABC da la bienvenida a las enmiendas del PP y el PSOE que, con tanto retraso, han convencido a quienes hasta hace poco negaban a nuestros Tribunales la extradición de terroristas o relativizaban la ilegitimidad de ETA. Para este diario, “la diferencia sustancial entre la situación actual y la que se vivía hace a penas un año reside en que todos los Estados de la Unión Europea comparten un mismo juicio político condenatorio contra ETA, que permite al Gobierno español defender sus propuestas con unas expectativas de aceptación que antes no tenía”. “La enmienda de la euroorden criminaliza en Europa los actos de cooperación y apoyo a ETA cometidos por entidades como Gestoras Pro Amnistia y Segí, lo que a su vez, allana el camino para su inclusión en la lista europea”. ABC -que hoy informa que más de 200 dirigentes y pistoleros de ETA han sido cargos y candidatos de HB- considera que “los recelos –dentro y fuera de nuestras fronteras- sobre la inclusión de Batasuna en dicha lista ni están plenamente justificados ni son insalvables. Esos problemas simplemente emplazan al Estado a apurar todos sus recursos legales, como la supresión de subvenciones electorales para que Batasuna no reciba ni un duro de las arcas de un Estado al que quiere destruir”.
La lógica felicitación que ABC dirige a los dos principales partidos de nuestro país no debía olvidar el hecho de que la medida del PP y el PSOE para cortar la financiación pública de los partidarios del terrorismo ha tardado “simplemente” 23 años en llevarse a cabo. Ni tampoco que a la tardanza de esta medida se suma su escaso alcance, pues no impide que el parlamento y los contribuyentes vascos continúen financiando a ese partido de terroristas. Y eso por no hablar de su difícil encaje jurídico con la Ley Electoral y la Financiación de los Partidos mientras el Gobierno continúe negándose, con la complicidad del resto de la clase política, a instar vía fiscal general la disolución e ilegalidad de un partido que tanto el PP como el PSOE dicen querer que Bruselas considere como organización pro terrorista. Que empiece el Gobierno por tomarla como tal y por obrar en consecuencia. Bien es cierto que ABC dice que “las instituciones españolas están demostrando que la potencialidad del Estado no se ha agotado, ni mucho menos, sino que cada día cobra mayor fuerza y se administra con mayor acierto”. Sin embargo, ¿quienes sino el PP, y antes el PSOE, han sido quienes han tenido y, pese a los positivos cambios recientes, siguen teniendo a medio gas a nuestro Estado de Derecho?. Es cierto que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey, pero ya va siendo hora de que no sean los nacionalistas y sus aliados los únicos que pidan cambios, tirando desde el lado equivocado, a nuestra política antiterrorista.

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