El plante de los vocales próximos al PSOE ante el CGPJ, el apoyo de Batasuna a parte del Presupuesto de Ibarretxe y los veinticinco años de la matanza de Atocha son algunos de los temas más destacados en portadas y editoriales.
Para El Mundo la decisión de los vocales del llamado “sector progresista” del GGPJ no acudieran ayer al pleno se debió a un acto de protesta por la elección de la primera mujer, Milagros Calvo, en el Supremo y las acusaciones de la existencia de un “rodillo” en el órgano de gobierno de los jueces. Para El Mundo, la realidad de este bochornoso plante es que “el PP ha ganado por la mano al PSOE” y que la candidata de los socialistas para el puesto era Margarita Robles. Este diario también asegura que Rodríguez Ibarra ha pretendido situar en el Tribunal Superior de Extremadura a dos personas que ocuparon cargos públicos en esa comunidad. Deslegitimando la actitud protagonizada por el “sector progresista”, el breve editorial de El Mundo concluye afirmando que “algunos están empeñados en seguir politizando la justicia”. Este hecho evidente es, aunque El Mundo como el resto de la prensa no lo diga, inevitable dado el maquillaje que supuso el Pacto por la Justicia entre el PP y el PSOE que venía a consagrar la designación política de los máximos órganos judiciales. Aunque el ministro Acebes lo recibiera asegurando que con él se ponía fin a la politización de la justicia, lo cierto es que perpetúa la falta de división de poderes que borraron los socialistas, al grito de Montesquieu ha muerto, al establecer que los partidos designasen a los componentes de los órganos judiciales. El PP, en fragrante incumplimiento de una de sus más importantes promesas electorales, ha mantenido ese sistema de designación política en la última instancia, que es la definitiva. La politización, pues, más que “el empeño de algunos” es el resultado inevitable de esa falla estructural en la designación judicial.
Lo que también es cierto es que de poco se pueden quejar ahora los llamados sectores progresistas que fueron los padres del invento y a los que ahora se les aplica su propia medicina. Como dice ABC en su editorial, la izquierda judicial no es una excepción a esa tendencia generalizada de la izquierda política de creer firmemente que sus derrotas democráticas suelen constituir una crisis del sistema, siempre amenazado por la derecha reaccionaria, y, por el contrario, considerar como una consecuencia natural de la razón que les asiste el respaldo mayoritario a sus propuestas. “Los vocales progresistas –recuerda ABC-.son minoritarios en el Consejo, como lo son en la judicatura y como lo son los partidos que los han propuesto. Desde 1985 hasta la constitución del nuevo Consejo, en este órgano sólo estaba bien representado el interés de la mayoría parlamentaria, pero no el de la judicial. Ahora están ambos y ninguno es de la izquierda. Cosas de la democracia”.
En esa misma línea, La Razón considera que el sector propuesto por la izquierda escenificó ayer lo nunca visto en el Consejo General del Poder Judicial, el de una pataleta antidemocrática, propia de quienes hicieron un arma de la Justicia politizada y ahora se niegan a resignarse a asumir su nuevo papel de minoría democrática. Dando por bueno el pasado y presente del sistema, La Razón afirma que “la nueva composición del Consejo refleja hoy las tendencias de la sociedad española como ayer certificó el abrumador y prolongado apoyo del electorado al PSOE, hasta el punto de que la estructura montada por los “progresistas" cuando dominaban el Consejo parecía la única posible”. Este diario recuerda que el sector conservador nunca entonces hizo pública rabieta de su situación minoritaria. “Por eso extraña ahora –continúa La Razón- que cuando el nuevo Consejo comienza a cambiar las cosas y caen las primeras vacas sagradas incrustadas en la burocracia del órgano judicial, se fabrique un escándalo que, con toda certeza, no se hubiera producido de haber pagado los consejeros el correspondiente peaje: nombrar magistrado del Supremo a algún ex alto cargo del PSOE.”
El editorial de El País ya se lo pueden ustedes imaginar. “Rodillo judicial”, lo titulan. La empresa pierde capacidad de influencia en los órganos judiciales y está que muerde. Con hipocresía afirma que “vuelve a frustrase, una vez más, la esperanza de que el cambio en el procedimiento en la designación de aspirantes, con participación directa del colectivo judicial, diera lugar a un Consejo verdaderamente de consenso, como quiere la Constitución al exigir mayoría cualificada para los nombramientos”. Lo que estaba en el ánimo y espíritu de la Constitución era que no hubiera mangoneo político en la designación judicial, cosa que la participación directa del colectivo judicial sólo erradica en primera instancia. El País reivindica el consenso y clama contra el rodillo ahora, cuando los suyos están en minoría. Cuando el PSOE dominaba sin concesiones el patio judicial lo veían como reflejo lógico de la voluntad popular.
Aunque la actitud de El País sea la más cínica, lo cierto es que es escandaloso el seguidismo de los diferentes periódicos a los partidos políticos en el terreno judicial y que ninguno, por encima de la guerra partidista, exija de una vez la verdadera independencia judicial. Que ningún partido reclame ya el fin de las intromisiones políticas en la Justicia es, hasta cierto punto, lógico. Pero es injustificable que la prensa entierre esa reivindicación y se convierta también ella misma en apéndice de los partidos.
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