La información de la prensa de este viernes viene marcada por la gran variedad de temas destacados en sus portadas. En la crónica nacional se da prioridad a las muestras de apoyo y respaldo de los integrantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a los tres magistrados suspendidos por estar acusados de prevaricación dolosa y a la decisión del Gobierno y la oposición de reafirmar la vigencia del Pacto por la Justicia. En el ámbito de la Unión Europea se subraya la decisión de Duisenberg de abandonar la presidencia del BCE y, en menor medida, el respaldo manifestado ayer en Madrid del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, al objetivo de la Presidencia española de liberalizar los mercados. En el área internacional, varios diarios destacan que Bush ha confirmado que los miembros de Al Qaida son terroristas y que no se les aplicará la Convención de Ginebra, mientras que sí considerará prisioneros de guerra a los afganos talibanes detenidos.
El Mundo considera que los abrazos, aplausos y el apoyo público que sus compañeros de Sala brindaron a los jueces suspendidos Cezón, Ollero y López Ortega al abandonar la Audiencia es muestra de un equivocado sentido de la solidaridad de algunos jueces. Este diario opina acertadamente que una cosa es expresar privadamente la solidaridad a sus compañeros que gozan de la presunción de inocencia “y otra salir a la calle para aclamar a estos tres jueces acusados de prevaricación dolosa por la Fiscalía, investigados por el Supremo y sancionados cautelarmente por el CGPJ. Para El Mundo este gesto sólo puede ser interpretado como una desaprobación a la decisión del CGPJ y como una presión al Supremo, que admitió a trámite la querella de la Fiscalía. “Más que nadie –concluye El Mundo- los jueces están obligados a respetar la independencia de la Justicia y, por ello, deberían abstenerse de cualquier pronunciamiento público cuando un asunto está sub iudice.”
ABC no entra a valorar esta cuestión y dedica su editorial a aplaudir la decisión del jueves del Gobierno y los grupos parlamentarios de renovar la vigencia del Pacto por la Justicia, “eliminando por ahora la tensión que se acumuló en las últimas semanas, tras la designación de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Supremo”. A la división partidista que se manifestó en esa renovación de cargos en el Supremo le siguió la manifestada hace dos días en el seno del CGPJ con ocasión de la suspensión de los jueces antes citados. Aunque ABC se cure en salud diciendo que "por ahora" con ella se eliminan las tensiones, la vigencia del Pacto no va a ser un dique para nuevos conflictos porque precisamente en él se perpetúa el origen de esas crisis, como es la designación política de los miembros de los órganos judiciales.
Bien está el respaldo que este diario dedica a algunas reformas que contempla el Pacto, como la demarcación de las relaciones entre el Supremo y el Constitucional o, sobre todo, la instauración de los nuevos juicios rápidos. Pero la conveniencia de estas medidas ni borra el hecho de que el Pacto no atiende otros cambios que requiere nuestra maltrecha justicia, ni tampoco erradica –todo lo contrario- el mercadeo político en la conformación de los máximos órganos judiciales. Ni la reciente renovación de los cargos del Supremo ni la clara división entre los miembros del CGPJ en el caso Temple por razón del partido que los designó, han sido los primeros conflictos que tienen su origen en la falta de división de poderes que perpetúa el Pacto ni serán los últimos. Si no, tiempo al tiempo.
El País entra sólo a comentar -dado el retraso editorial que le caracteriza- la existencia de dos bloques ideológicos estancos manifestada en el CGPJ con ocasión de la suspensión de los jueces del caso Temple. Según este diario, la responsabilidad política en la designación de los miembros de los órganos judiciales “obliga ahora a los partidos a hacer valer su influencia para tratar de poner fin a esta dinámica sectaria. No pueden ordenar a los miembros del Consejo lo que tienen que votar, pero no pueden dejar de expresar su criterio sobre lo que esta ocurriendo”. Vamos, como si la dinámica sectaria no fuera reflejo precisamente de esa influencia política en la conformación de los órganos judiciales. El País no quiere erradicar esa influencia política, lo que pretende es una “lista consensuada” en donde el PP no haga valer su mayoría. Jamás El País pidió al PSOE que no hiciera valer la suya cuando el PP estaba en la oposición. Y es que a Prisa lo único que le molesta de la designación política del CGPJ, es que ahora los suyos estén en minoría.
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