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Funcionarios, jueces y bulos

La decisión del Tribunal Supremo de declarar legal la congelación salarial de los funcionarios aprobada por el Parlamento en 1997, la desmentida reunión de González con Yusufi, la desobediencia de varios sacerdotes vascos que permiten que los proetarras se manifiesten en sus parroquias, la investigación del CGPJ que descarta que los jueces que liberaran a El Negro prevaricaran y el respaldo de EE UU y la UE al plan de paz de Abdulá para Oriente próximo constituyen las noticias más destacadas y comentadas por la prensa de este miércoles. Las últimas discrepancias entre los firmantes del Pacto por la Libertad y contra el Terrorismo también son comentadas por varios editoriales.

El Supremo da la razón al Gobierno

Todos los periódicos –salvo El País- consideran claramente acertada y lógica la sentencia del Supremo que avala la congelación salarial de los funcionarios. Quizá el mejor editorial sea el de El Mundo, el cual señala que la política económica de un país no puede vivir a expensas de acuerdos salariales a larguísimo plazo adoptados –pactando varios años de incremento- por un Gobierno, como el socialista en 1994, que condicione totalmente la libertad de acción del siguiente, hasta prácticamente anularla”. El Mundo no sólo avala la potestad, sino también la conveniencia de que el parlamento aprobara entonces la congelación salarial, pues la reducción del déficit público exigido para acceder a la moneda única requería serias políticas de ajuste. "Con esta decisión judicial – concluye el editorial- se acotan útilmente, de cara al futuro, los límites que tiene un Gobierno cercano a una derrota electoral –como era el caso de aquel Gabinete del PSOE, acosado por doquier- si intenta una política de tierra quemada contra sus sucesores”.

ABC señala acertadamente que el Estado democrático no es un Estado corporativo, y el interés general reside en el Parlamento, cuyas leyes no pueden quedar condicionadas por pactos particulares. Al igual que El Mundo, ABC advierte a los sindicatos contra un recurso al Constitucional, pues este último ya ha fallado en el sentido como lo ha hecho el Supremo en casos casi idénticos.

La Razón y La Vanguardia también dan un claro respaldo editorial a la sentencia; no así El País, cuyo editorial considera que “el gobierno ha logrado que el Tribunal Supremo le dé la razón en un espinoso asunto (...) en un tiempo inusualmente rápido”, dando la impresión que la sentencia se debe más a razones de presión gubernamental que a razones de Justicia. Literalmente acusa al Gobierno de haber dado la impresión de “querer utilizar al Supremo contra la Audiencia Nacional en un asunto crucial de su política presupuestaria, forzando al límite la vía de los recursos”. Y, también sin aportar razón alguna, reprocha al Ejecutivo de Aznar su “arrogancia e imprevisión” por haber dejado que los jueces dirimieran el asunto.

Lo único que cabría añadir es que, puesto que el Parlamento es quien tiene potestad para fijar los incrementos salariales, nos ahorraríamos muchos trámites judiciales si por ley se dictaminara que los convenios entre los sindicatos y la administración no pudiesen afectar a legislaturas venideras. Si la democracia limita los mandatos, las mayorías transitorias no deberían tener protestad sobre legislaturas venideras. Mejor que dejar a los parlamentos la posibilidad de anular los convenios pasados, daría mucha mayor seguridad jurídica –con excepción de los adelantos de elecciones- limitar el alcance de los convenios a lo que dure cada legislatura.

La desmentida reunión de González y Yusufi

El bochornoso espectáculo protagonizado ayer por el ministro Piqué en relación a la visita de González a Marruecos es destacado en casi todas las portadas. Por la mañana el ministro confirmó que, según indicios que poseía, la entrevista con Yusufi se había celebrado. Horas después, y tras el desmentido del propio primer ministro marroquí, la Oficina de Información Diplomática daba por bueno el desmentido. Pueden imaginarse el justificado enfado que inunda el editorial de El Mundo contra la Embajada y el Gobierno. Para El Mundo está claro que "tanto González como Yusufi pertenecen a esa clase de políticos capaces de negar con toda rotundidad una reunión secreta con toda rotundidad si creen que nadie va a poder exhibir una fotografía del hecho. Pero en este episodio –admite El Mundo- después de un primer desmentido parcial, todavía es menor el crédito de nuestra embajada en Rabat". El diario pide justificadamente que Piqué comparezca en el Congreso. Si ha cedido al desmentido por no crear más tensión con el país vecino, su actitud sería del todo reprobable. Y si la reunión efectivamente no era cierta, también tendría que dar explicaciones por los “indicios” que decía poseer hasta ayer mismo.

ABC acertadamente también pide explicaciones a la Embajada y al Gobierno, pero también aprovecha para arremeter contra El Mundo por haber divulgado las filtraciones del Gobierno. Está bien que ABC se queje de las filtraciones “en exclusiva” del Gobierno a un periódico de la competencia, pero el diario a la que se destinan no sólo tiene el derecho sino diríamos que el deber de aprovecharlas, como el propio ABC ha hecho en otras ocasiones. Más injustificada aún es su crítica al “seguimiento obsesivo hacia Felipe González”. A estas alturas, un diario como ABC ya debería reconocer el papel del ex presidente en dinamitar la política del Gobierno hacia Marruecos y su influencia en la decisión de Zapatero de contrariar al Gobierno con su reciente visita a quel país. González, a diferencia de Suárez o Calvo Sotelo, sigue actuando -sino enredando- en la política nacional, como tan tardíamente ha reconocido el propio ABC con ocasión de la dimisión de Nicolás Redondo.

Es lógico que cause revuelo que un ex presidente se entreviste, sin consultar a nuestro Gobierno, con las autoridades de un país que ha retirado a su embajador de Madrid. Y González, a pesar de su desmentido, es capaz de hacer estos último, como él mismo ha advertido “para ocasiones venideras”. Por esto, la “vehemencia” con la que González negó la reunión –que para ABC, a toro pasado, bastaba para dar por concluido el asunto- no era suficiente. No hubiera sido, por otra parte, la primera vez que González mintiera con vehemencia. En cualquier caso, lo que es exigible es que se aporte informaciones veraces, no que haya un seguimiento informativo de un personaje que no se resigna a perder peso político y que ejerce de lobbista incluso a costa de nuestra política exterior. La incompetencia del embajador y de Piqué no hace bueno a González.


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