El BBV, Arafat y Batasuna

El “caso BBV”, la negativa de Israel a concluir su operación antiterrorista en territorio palestino pese a las presiones de EE UU y la determinación del Gobierno para que Batasuna no pueda eludir su ilegalización con un cambio de siglas centran las portadas y editoriales de este lunes.

Cada diario aporta información diferente en sus titulares de portada acerca del caso BBV. El Mundo asegura que el Banco de España forzó la dimisión de Emilio Ybarra al obligarle a desvelar el secreto de los 22 fondos de pensiones. La Razón afirma que el Banco financió con sus cuentas secretas a Chávez y Fujimori. ABC, por su parte, se limita a decir que el Gobierno “todavía está esperando” una explicación de Ybarra sobre las cuentas secretas. El País, finalmente, asegura que el juez Garzón amplió en marzo la investigación al BBVA a presuntos pagos ilícitos.

El Mundo asegura que, tal y como sucedió con Ibercorp hace diez años “y con unos protagonistas parecidos, se responsabiliza de la existencia de esas cuentas secretas a los auditores, al Banco de España, a la CNMV, a Hacienda e incluso al Gobierno, del que se ha dicho sin ninguna prueba que conocía la trama antes de la fusión del BBV con Argentaria”. Este diario critica, sin citarlos por su nombre, los editoriales dominicales de La Razón y El Mundo, reprochando al primero que se limite a dar prioridad a los intereses de la entidad y de los accionistas, y al segundo que se refiera a la responsabilidad de las instituciones pero sin mención alguna a los gestores del banco. “Pues bien –continúa El Mundo-, basta ya de cortinas de humo y de maniobras de distracción porque en este caso sí que hay un claro responsable con nombres y apellidos. Es la persona que ordenó montar la trama, la dirigió, supervisó y ocultó. Y esa persona se llama Emilio Ybarra”.

Para este diario, hay suficientes indicios de que el banquero y sus principales colaboradores pudieron cometer un delito de apropiación indebida, al suscribir con dinero negro y en beneficio propio un fondo de pensiones que luego se vieron obligados a devolver cuando se descubrió la trama. De la información que publica este diario se desprende ciertamente que Ybarra no colaboró en la investigación del Banco de España al no facilitar la documentación que los inspectores le habían exigido. Según este diario, Ybarra utilizó todo tipo de trucos y buscó infinitas excusas para ocultar movimientos de cuentas y nombres, e “incluso alegó que parte de los documentos se habían destruido”. Cuando finalmente el pasado 5 de diciembre fue forzado por el Gobernador de España a revelar la identidad de los 22 directivos que habían suscrito el fondo de pensiones de Alico, “ante tamaña irregularidad no le quedaba otro remedio que dimitir”.

El Mundo considera que la necesaria investigación judicial del caso no es incompatible con la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento, como ha solicitado el PSOE. “Pero, de momento, -concluye el editorial- la corrupción política sólo es una conjetura, aunque probable, frente a los sólidos indicios de que los gestores del BBVA cometieron graves delitos en provecho propio.”

Mucho más reacios a la comisión de investigación se muestran los editoriales de ABC y La Razón. Para el primero, son suficientes el expediente del Banco de España y, más delante, la intervención de la Justicia Penal para que todos los hechos resulten aclarados y explicados. “Sólo si en algún momento apareciera involucrado un cargo político, de forma bien perceptible y siempre que no estuviera judicialmente imputado, sería entonces el momento de plantearse la intervención del Parlamento.

La Razón, por su parte, considera también que añadir a el Banco de España de un asunto que en principio afecta a una empresa privada, lejos de añadir transparencia, sólo puede buscar una indeseable politización de un hecho que, por su trascendencia, precisa tanto del rigor investigador, como de la prudencia de los políticos. Con ese criterio, ciertamente, en ningún caso sería conveniente comisión de investigación alguna. Una cosa es criticar el desarrollo emprendido por pasadas comisiones de investigación y exigirles cambios para que sirvan para esclarecer los hechos, y otra es cuestionar en sí que el parlamento pueda investigar un caso con una trascendencia que el propio diario no niega.

Por otra parte, la negativa del Gobierno a que el Parlamento intervenga en este caso daría la impresión de que tiene que ocultar algo en un asunto que de afectar a algún partido sería el PSOE. Como La Razón señala, “el Gobierno no puede responder de hechos que se remontan a otros Ejecutivos, y no aparecen nombres de ministros populares implicados en aquellas cuentas. Por el contrario, si se sospecha de algún alto cargo, lo más lógico es pensar que pertenecería al PSOE, que era quien gobernaba entonces en España”. Pues más razón para que el Gobierno no aparezca ante la opinión pública como el más interesado para que este escándalo no trascienda. Claro que el Gobierno no puede responder por otros ejecutivos, pero puede pedir al PSOE que informa sobre los mismos. Por otra parte, es necesario que informe cuando tuvo noticia del escándalo y que esta circunstancia -como pretende el PSOE- no sea el único objeto de investigación, sino también si el entonces partido gobernante pudo beneficiarse en la operación. A la falta de reflejos del Gobierno hay que añadir la irresponsable afirmación de Rato –no criticada por ningún periódico, incluido El Mundo- de que el escándalo “no afecta en absoluto a la solvencia y la credibilidad del sistema financiero español”. Es increíble como un político con tanta agilidad dialéctica en sus réplicas a bote pronto pueda hacer afirmaciones tan vulnerables a balón parado. No es de extrañar que el PSOE, teniendo en principio que estar en este asunto a la defensiva, pase al ataque.

La traición del PSOE y el cambio de siglas de Batasuna

El País continúa en su campaña de tratar de vaciar de contenido el Pacto por las Libertades, salvo lo referido a que el PP no haga crítica “electoralista” contra el PSOE en política antiterrorista. Si el domingo este diario arremetía contra el texto legal que ha de servir para la ilegalización de Batasuna, poniendo en boca de algunos “expertos” algunas dudas sobre su constitucionalidad, este lunes prosigue su respaldo a la traición del PSOE asegurando que el inicial apoyo de los socialistas al texto legal es un invento del PP y una manipulación política. En su titular, El País se hace eco de la hipócrita petición de Zapatero de exigir acta de las reuniones con el PP para “evitar manipulaciones”. En su editorial, El País acusa a Aznar de “erigirse en intérprete único e inapelable del Pacto antiterrorista firmado con el PSOE”. Según este diario, “pretender que la nueva Ley de partidos Políticos sortee cualquier riesgo de inconstitucionalidad y que se ajuste lo más estrictamente posible a su finalidad general no autoriza a Aznar a dudar de la lealtad de quien se preocupa de que sea así”. ¿En base a qué este diario presupone que esos objetivos no han sido objeto de atención por parte del PP?. Dudar de la constitucionalidad de la Ley por el hecho de que esta no contemple al ministerio fiscal como la única instancia autorizada para requerir la ilegalización no es sólo un disparate jurídico, sino que es muestra del desconocimiento actual de los procesos de ilegalidad e inconstitucionalidad que permite, con toda lógica, al Gobierno, a los partidos de la oposición o a los particulares llevar a cabo esa iniciativa. La afirmación dominical de El País diciendo que hay “expertos” que dudan de la constitucionalidad del texto no ha tardado ni un día en mostrarse como una burda manipulación política pues, como hoy mismo informa El Mundo, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como la Unión Progresista de Fiscales han refrendado el borrador elaborado por el PP precisamente en los punto que critican El País y el PSOE.

Puesto no es creible que el PSOE y el País ignoren la poca solidez de las objeciones técnicas que han planteado al borrador de Ley, la verdadera razón que hay detrás de ellas es la de no poner obstáculos a la maniobra de acercamiento de los socialistas a los nacionalistas vacos. O, al menos, hacerse perdonar con ellas.

Por ello, la única objeción que podemos a hacer a El Mundo es que, en lugar de aplaudir al PP por su determinación de llevar la iniciativa adelante aunque sea sin el PSOE, el diario insista en instar “a los dos partidos a que se pongan de acuerdo en este proyecto”. Nuevamente el consenso políticamente correcto. Si por una vez el PP se ha sacudido el complejo y asume en solitario la necesidad de hacer lo que hay que hacer; si se tiene en cuenta que ha sido el PSOE quien ha traicionado el consenso inicial, tanto en lo referente al borrador de Ley, como al Pacto por las Libertades; y si se sostiene, como hace El Mundo, que las objeciones que ahora plantea el PSOE carecen de fundamento, ¿a qué santo mantiene este diario que es deseable que el PP también se esfuerce por llegar a un consenso?. Tras treinta años de miramientos, por fin un partido político está dispuesto a dejar sin legalidad y sin subvenciones a los proterroristas. Si los demás partidos no quieren seguir al PP en esta tarea, será un problema de ellos, no del Gobierno. La única medida que el Gobierno debe emprender para tratar que los demás le sigan, es advertir que criticará electoralmente a los que no lo hagan. Lo que no sería políticamente coherente es que ahora el PP diera marcha atrás y legitimara las objeciones de la oposición por un “consenso” que rebajara la determinación y la firmeza en la lucha contra el terrorismo. Ese esteril “consenso” ya lo venimos padeciendo demasiados años.