El relevo de un fiscal

El asesinato del dirigente ultraderechista holandés Pim Fortuyn, el nombramiento de Jean-Pierre Raffarin como nuevo primer ministro francés, el relevo del fiscal García Ancos en el “caso Nevenka” y la decisión del Gobierno de Melilla de hacer regresar a Marruecos a todos los menores de edad que lleguen sin papeles son algunas de las noticias más destacadas y comentadas en la prensa de este martes.

El Mundo, ABC y La Razón coinciden en respaldar la decisión del Fiscal General del Estado de apartar del caso Nevenka a García Ancos. Para ABC, el interrogatorio que este fiscal practicó con la denunciante del alcalde de Ponferrada “fue más un asedio psicológico, un “autentico acoso procesal”, como ha señalado la Fiscalía General, que un medio de prueba, evidenciando una falta absoluta tanto de respeto a la testigo y al colectivo que citó —las empleadas de Hipercor— como de composición de lugar —un juicio que ocupa la primera plana de los medios—.

El Mundo también destaca como García Ancos, tras el escándalo que suscitó su actuación, persistió empecinadamente en el error, haciendo declaraciones públicas a cada cual más impresentable.

La Razón finalmente recuerda que este fiscal ya fue protagonista en el pasado de actuaciones discutibles. “Nadie –afirma este diario- le llamó entonces la atención cuando García Ancos intentó desmadrar el llamado “caso de la Construcción” de Burgos, en lo que fue considerado como un claro intento de politización orientado a implicar, como fuese, a José María Aznar en el proceso. O cuando, en similar actuación, el fiscal se refirió al “caso Zamora” como si se tratase de “una nueva Filesa” del PP. Si entonces los inspectores del departamento de Martínez Zato hubieran actuado con la diligencia debida, con el mismo celo que ahora han mostrado al solicitar rápidamente medidas disciplinarias al Fiscal General, es posible que el “caso Nevenka” no arrastrase una sombra de irregularidad”.

Por una inmigración sostenible

El Mundo y El País dedican un editorial a la decisión del Gobierno autónomo de Melilla de no acoger a más menores inmigrantes ya que carecen de medios para atenderlos. Los dos diarios coinciden en entender que las razones que ha esgrimido el Gobierno de coalición de Melilla, integrado por PP, PSOE, Unión del Pueblo Melillense y Grupo Mixto, no son nada desdeñables: La llegada de menores indocumentados marroquíes —un 78% más durantes este año, lo que supone casi mil entrada de menores—y la imposiblidad de acoger ni uno más en los cinco atestados centros de acogida con que cuenta la ciudad.

Los dos diarios, sin embargo, afirman que el Gobierno central no puede desentenderse del problema, más si hay un informe de la ONG Human Right Watch que denuncia arbitrariedades en las expulsiones y supuestos malos tratos. Aunque prudentemente no dan aun por ciertas estas denuncias —el Gobierno autonomo las ha considerado injustas y falaces y el Ministerio del Interior tambien lo refuta-, los dos editoriales acertadamente señalan su gravedad y la necesidad de investigarlas.

Ambos diarios –incluido El País- señalan la culpa del Gobierno marroquí en esta cuestión. “Marruecos debe afrontar sus responsabilidades haciendo más de lo que hace para evitar que entren menores indocumentados en las dos ciudades españolas, y el Gobierno español debe recordárselo por lo que le afecta”. El Mundo, acertadamente mucho más crítico, asegura que el Gobierno marroquí “no sólo tolera sino que alienta el goteo incesante de jóvenes no acompañados desde su territorio hacia el de Melilla”.

El País no puede ahora negar la evidente responsabilidad del Gobierno marroquí en esdta cuestión, pero hay que recordar que este diario ha sido el principal cómplice mediático español con la intolerable actitud del Gobierno de Mohamed VI. Hasta ahora no sólo no había criticado a Marruecos sino que había acusado al Gobierno español de tensionar las relaciones con Marruecos por la moderadísima queja que fundamentalmente por esta cuestión le dirigió nuestro Gobierno. Si algo había que echar en cara al Ejecutivo de Aznar era su pusilanimidad frente al vecino marroquí, no, desde luego, su contundencia.

Por otra parte, ninguno de los dos diarios se atreve a señalar que el deber de acogida no puede ser un principio por el que las autoridades de aquel país se aprovechen para exportar a otros el problema. Dedicar aquí aún más recursos para atenderlos sólo provocaría mayor efecto llamada. Por supuesto todo trato a los inmigrantes ilegales –tanto adultos como menores- debe ser digno. Pero la entrada ilegal es ilegal, la cometan unos u otros. Si la entrada sin papeles evita la expulsión inmediata, tanto unos como otros se desaharán —como ya hacen– de ellos. Es la legislación española la que hace tentadora la entrada ilegal de menores sin papeles y sin compañía de sus padres. Es la obligación legal de identificar a la familia del menor la que les lleva a estos a destruir su documentación. Su repatriación inmediata debía ser, por el contrario, el paso coherente de quienes dicen que las autoridades marroquíes deben asumir su responsabilidad. Es además la única forma de evitar la entrada ilegal de menores haciéndola estéril.