El “diálogo” contra el imperio de la Ley

La invasión del islote español del Perejil por parte de una patrullera marroquí y el órdago secesionista de los nacionalistas vascos que hoy se aprobará en el parlamento de Vitoria coincidiendo con el quinto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco son los dos frentes informativos más destacados en las portadas de prensa y objeto de comentario de varios editoriales. La mayoría de portadas también destacan la nueva arremetida de Cascos contra Arenas por no abandonar la secretaría del partido tras su nombramiento como ministro o la detención del ex dictador argentino Galtieri por secuestros y desapariciones.

La mayoría de los diarios que dedican un editorial a la invasión marroquí del islote español próximo a Ceuta se decantan por una solución “dialogada” descartando explícitamente el recurso de la fuerza para desalojar a los soldados marroquíes que ilegítimamente han ocupado ese pequeño terruño de soberanía española. La Razón y El Mundo reconocen que la ocupación es ilegitima e intolerable, pero el primero advierte que, “por supuesto, debe evitarse un choque militar” y el segundo considera que "el recién renovado gabinete español debe conservar la sangre fría y no caer en la trampa de contestar a esta provocación con medidas de fuerza innecesarias. El islote del Perejil no vale ni el combustible de las patrulleras movilizadas”. El diario admite, no obstante, que “tampoco se puede ignorar la gravedad que en el plano simbólico tiene este acto hostil. El rey de Marruecos ha elegido la senda de la confrontación con una de las grandes democracias europeas y esto debe tener un serio coste para él”.

Para rematar la faena, El País -que con los editoriales de El Mundo ya no necesita escribir los suyos- publica una entrevista que le ha concedido la nueva ministra de Asuntos Exteriores, donde Ana Palacio afirma que “tenemos que potenciar el diálogo con Rabat”.

Sólo ABC es consecuente con su invocación a la firmeza ante esta violación territorial de la soberanía española: “Bien podría la Guardia Civil liberar el islote, detener a los asaltantes y aplicarles la ley de extranjería, pero la invasión marroquí es demasiados seria —por tratarse de militares que cumplían órdenes— y merece una respuesta que transcienda a la mera reconquista del territorio”.

Ciertamente el sentido común y la lógica más elemental reclamaría exigir al Estado que impusiera el imperio de la ley ante una ocupación tan ilegitima como la efectuada por los soldados marroquíes. Eso, lo primero. Lo segundo, aplicar sanciones contra las autoridades que han ordenado la invasión. Pero la pusilanimidad de los diarios cree que todo intento de “tensionar las relaciones por parte de Marruecos” ha de ser respondida con la cesión. Así los marroquíes no tienen más que seguir tirando de la cuerda para arrastrar a España a sus posiciones.

El editorialista de El Mundo pide al Gobierno que conserve “la sangre fría”. Que pida eso mismo cuando unos asaltantes le ocupen su casa. Pero el Gobierno no sólo no tiene el derecho sino el deber de hacer frente a cualquier ocupación de cualquier territorio nacional por muy “absoluta falta de interés estratégico, económico o geopolítico” que, como dice El Mundo, este islote tenga. Si, como también admite este mismo diario, “cualquiera diría que este anacrónico dictador —refiriéndose al Rey de Marruecos—busca reeditar con Ceuta y Melilla una dinámica de hechos consumados como la que su padre generó en torno al Sahara", ya nos dirán ustedes que el imperativo de liberar la isla es exigible aunque sólo fuera para no dar más alas a esa estrategia de Rabat.

Si no se exige a las fuerzas armadas la inmediata recuperación del islote, por lo menos cabría exigir un ultimátum para que los marroquíes se retiraran. Pero El Mundo ni siquiera reclama eso. “El islote no vale ni el combustible de las patrulleras”, dice, para luego hablar de los costes que se deben infringir a Marruecos. ¿Costes por qué? ¿por quedarse con la isla? ¿por haberlo intentado?. ¿Qué costes sugiere El Mundo? ¿Los mismos que ha inflingido el Gobierno español al marroquí tras la bofetada recibida de su retirada de Embajador?. Pues eso es coste cero. No nos quejemos si, luego, Rabat prueba con Ceuta o Melilla. Si se consiente que se lleven el perejil, no nos quejemos que luego traten de quedarse con el guiso entero.

El órdago secesionista y la traición del espiritu de Ermua

El ultimátum ilegal y secesionista que hoy aprobará el parlamento de Vitoria es el telón de fondo de varias noticias destacadas por las portadas. ABC habla de la “máxima tensión Gobierno-PNV en el aniversario del asesinato de Blanco”. El Mundo denuncia que “Ibarretxe ha convocado ya un concurso para crear una Seguridad Social vasca”. La Razón, finalmente, destaca que “ETA se congratula en su boletín interno de que la estrategia del PNV coincida con la suya”.

El editorial de El Mundo prácticamente se consume en describir la evidente ilegalidad que los nacionalistas vascos están dispuestos a llevar a cabo y que, en parte ya han iniciado con los trámites emprendidos para la creación de la Seguridad Social vasca. No está mal que se insista en señalar hasta que punto el desafio nacionalista implica una violación de la ley y una comunidad de fines con los terroristas. Pero ya va siendo hora de alentar y señalar al Gobierno en cómo debe impedirlo. El Mundo, tras aconsejar ayer el “diálogo”, nada dice hoy de cómo el Gobierno debe hacer frente al ilegal chantaje nacionalista. Si El Mundo pretende que el Gobierno solucione este desafío de la misma forma que la que proponen sus editoriales ante el pulso sindical —o el de Marruecos—,vamos listos.

El editorial del Mundo concluye con unas palabras que suscribimos integramente: “Hoy se cumple el quinto aniversario del brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es un día de luto y de solidaridad con las víctimas que los nacionalistas van aprovechar para consumar otro desafío al Estado y dar un nuevo paso para acercarse a los verdugos de este héroe de nuestra democracia”.

ABC, con el titulo “No olvidemos”, dedica un buen editorial a rememorar el brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco que hace cinco años provocó las mayores movilizaciones ciudadanas en la historia de España. El diario recuerda que esas movilizaciones no evitaron una muerte sentenciada, pero dieron paso a una nueva conciencia —el espíritu de Ermua—, aun “basta ya” que asustó más al PNV que a ETA, aunque todo su entorno permaneció agazapado por el miedo. Desde entonces, desde que el PNV vio en el movimiento social contra ETA un peligro para su hegemonía, la opción del nacionalismo tomó un rumbo contrario al que conducía la unidad democrática contra el terrorismo”.

ABC recuerda que "apenas transcurrió un año y el PNV y EA pactaban con la banda terrorista una estrategia conjunta soberanista que luego fue proyectada como movimiento social, político y sindical en el Acuerdo de Lizarra. Cinco años después, el nacimiento hace coincidir —de forma consciente o inconsciente— la fatídica fecha del asesinato de Miguel Ángel Blanco con la aprobación por el Parlamento de Vitoria de una declaración de soberanía que se ajusta estrictamente a los pactos de 1998 con ETA y con Herri Batasuna”.

Bueno, puestos a no olvidar, conviene no olvidarnos de nada. Las movilizaciones ciudadanas no sólo sobrepasaron a los políticos nacionalistas sino a la clase política en su conjunto. El “Basta ya” gritado en la calle, no sólo se dirigia a los asesinos sino a una clase política que no combatía con la suficiente firmeza la lacra del terrorismo. El clamor ciudadano era un grito de combate policial y político contra la violencia nacionalista. “A por ellos, con la ley y la palabra, pero a por ellos, porque basta ya” proclamaba Victoria Prego como voz erigida de ese espíritu.

Los nacionalistas que habían estado tirando hacia sus tesis a los constitucionalistas, dejaron por un tiempo de estirar y fueron a agazaparse con ellos. Si es cierto que los nacionalistas "no tardaron ni un año" en acordar Lizarra con ETA, poco más fue lo que tardaron los constitucionalistas, empezando por el Gobierno del PP, en enterrar la política antiterrorista para reemplazarla por un "proceso de paz". Tardó lo que tardó en llegar la tregua que ETA pactó con los nacionalistas.

Tiene razón ABC en pedir que no olvidemos. Pero tampoco hay que olvidar que Aznar envió a negociar a representantes de su Gobierno con una banda de asesinos, no hay que olvidar que el presidente legitimó como un “gesto” hacia ETA el acercamiento de presos que efectuó durante la tregua, no hay que olvidar que durante ese tiempo dejó en un segundo plano a Mayor Oreja para dar más cancha a un político más apreciado por el nacionalismo como era Álverez Cascos, no hay que olvidar que mientras la absoluta totalidad de los medios de comunicación debatían sobre la impunidad de Pinochet, las víctimas del terrorismo se manifestaban, silenciados, contra la impunidad en España, no hay que olvidar que temieron convertirse también en “victimas de la paz”; no hay que olvidar la justa indignación de dirigentes de la AVT contra la apelación a la “generosidad” que les requería Aznar e Iturgaiz; no hay que olvidar que el PP tiró a la basura -y allí sigue- su compromiso con el cumplimiento integro de las penas, no hay que olvidar que ETA jamás mintió ni engañó con su declaración de tregua, que en ella advertía que la rompería si el Gobierno de España no dejaba paso a Lizarra, no hay que olvidar que el objetivo de Mayor Oreja con su expresión “tregua-trampa” no era otro que el de advertir a los demócratas —sin ofender a su Gobierno— de la trampa que cometían queriendo ver en la declaración de tregua algo que ETA no decía.

No, no hay que olvidar que la policía española no detuvo a un solo etarra durante el periodo de tregua, a pesar de que Mayor Oreja dijo que “el Estado no está en tregua” para justificar las detenciones en Francia. No hay que olvidar que Piqué, como portavoz del Gobierno español y ante las airadas protestas de los nacionalistas por las detenciones de asesinos en suelo galo, aseguró, con tono de excusa, que, en lo que respecta a la policía española, esta “desde luego no entorpecería los contactos autorizados” con la organización terrorista.

No, no hay que olvidar que han hecho los constitucionalistas en su deseo de intentar contentar a un partido como el PNV. Un partido que nació con el objetivo fundacional de romper con España, de un partido que diseñó y dio atractivo a los objetivos de ETA, que eran los suyos décadas antes de que naciera la organización terrorista. No hay que olvidar como el clamor ciudadano de firmeza era desatendido por unos partidos políticos que, cómo el PP y PSOE dejaban al lado a su electorado, para buscar, antes y despues de la muerte de Miguel Ángel Blanco, un esteril e imposible consenso con los nacionalistas. No hay que olvidar que el “no hacer electoralismo frente al terrorismo” se consagró como máxima políticamente correcta precisamente porque lo que demandaba y demanda la inmensa mayoría de los españoles frente a ETA es incompatible con la unidad con los "nacionalistas democráticos".

No, no hay que olvidar que durante treinta años el contribuyente español ha estado financiando con sus impuestos a una organización proterrorista como Batasuna. No, ciertamente hay mucho que no hay que olvidar. Sobretodo, los muchos errores que no hay que repetir.