El Mundo
y
La Razón
son los únicos diarios que dedican un editorial a la decisión del CGPJ de archivar el expediente contra la Juez Alonso.
El Mundo
considera que, “por mucho que las leyes en vigor impidan la sanción disciplinaria, la simple lectura del informe del fiscal —contenido en la propia resolución de archivo de diligencias del CGPJ— en el que pedía la desestimación de la solicitud de Gil Ostoaga, evidencia que la juez ha vulnerado el principio de legalidad, puesto que el preso no cumplía los requisitos que el Código Penal establece para excarcelar a los reclusos. No sólo —argumenta El Mundo—porque, según el fiscal, no está en absoluto reinsertado y porque no mantuvo buena conducta en la cárcel, sino también porque Alonso le concedió simultáneamente el tercer grado y la libertad condicional”.
También La Razón considera que “algo falla en el sistema judicial cuando un asesino etarra, que ni se ha rehabilitado ni ha mostrado arrepentimiento alguno, goza de beneficios penitenciarios y una libertad condicional que el legislador no pensó, precisamente, que podría ser aplicable en casos como el suyo. Si un juez puede acordar esa libertad, no se podrá, como ha dicho el CGPJ, actuar contra el titular del juzgado, pero sí se puede, y se debe hacer algo urgentemente y cambiar lo que permite un caso de injusticia tan alarmante como escandaloso”.
En contraste con los editoriales de El País —que ha salido hace unos días en defensa de la juez Alonso— aun tenemos que felicitar a El Mundo y La Razón por denunciar estos hechos. Sus editoriales, con todo, se quedan cortos en sus apelaciones al Gobierno porque lo que es un hecho es que la escandalosa excarcelación de Gil Ostoaga no es la primera que se produce en España. Como denuncia en su portada La Razón , con este ya son dieciséis los etarras que Alonso ha puesto en libertad para escarnio de sus víctimas. Unas excarcelaciones que el Gobierno ha contemplado sin mover un dedo para elaborar una nueva legislación que reduzca la discrecionalidad de los jueces de vigilancia y que evite la impunidad de tanto criminal. Esas genéricas proclamas de que “algo se debe o se puede hacer urgentemente”, como dice La Razón , o esa afirmación también meliflua de El Mundo de que “tal vez el Gobierno debería plantarse reformar la ley para que los recursos de los fiscales sobre las progresiones de grado de los etarras lleven aparejados la suspensión de las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria” son muestras de una tibieza en la crítica que a veces irrita tanto como la abierta aceptación del escandaloso statu quo.
La Razón —tal vez porque no quiere perder el status de diario progubernamental — y El Mundo —tal vez porque no lo considere de “centro reformista”— deberían ya a estas alturas estar dirigiendo directamente sus críticas contra la pasividad gubernamental. Como acaban de denunciar las víctimas del terrorismo, el 16 de marzo de 1995, la AVT entregó en el Congreso de los Diputados mas de un millón de firmas recogidas en España exigiendo el cumplimiento íntegro de las condenas. Este era un compromiso que el PP abanderó en la oposición, por el que le votaron sus votantes, por la que incluso le respaldarían —como indican los sondeos— el electorado de otros partidos, pero que Aznar no ha cumplido en los seis años que lleva de gobierno, dos de ellos con mayoría absoluta.
Dice la AVT en su boletín que “de cualquier manera, la Asociación no quiere perder la esperanza en que algún día la justicia atienda al clamor de las víctimas”. La esperanza, ciertamente, es lo último que se pierde. Pero la verdad es que el Gobierno del PP, a pesar de los éxitos policiales, ha mantenido una mediocre y pusilánime política antiterrorista que sólo la comparativamente más desvariada postura de la oposición ha conseguido hacer ejemplo de firmeza. Ciertamente sólo a la oposición debe Aznar que la mayoría de los ciudadanos aun esté con él en política antiterrorista. ¿O era proceso de paz?
Resumen de prensa
Las bombas que causaron ayer dos muertos y dos heridos en Galicia constituye la noticia más destacada en las portadas de prensa de este miércoles. A ella dedican El Mundo y El País sus principales titulares. ABC , sin embargo, da más relevancia al nuevo “código” de sociedades mercantiles que plantea el Gobierno para limitar el poder de los presidentes de empresas y que refuerza el papel de los consejeros independientes.
La Razón dedica su principal espacio de portada al “escándalo” que ha generado la decisión del CGPJ de archivar el expediente contra la juez Alonso que ya ha excarcelado a 16 etarras.
El principal titular de La Vanguardia informa de la convocatoria de elecciones en Israel y la decisión de Netanyahu de integrarse en el Gobierno interino de Sharon.
El ministro Rato es el objetivo de numerosas críticas de los socialistas que hoy destacan varias portadas. Así en la portada de El Mundo se señala que “el PSOE insiste en acusar a Rato de proteger al HSBC por el crédito que dio a una empresa de su familia”. El País publica una entrevista al portavoz socialista Jesús Caldera quien acusa al vicepresidente económico del Gobierno de ser “el gran patrón de la especulación inmobiliaria”.
Otras noticias del día son la admisión a trámite de una querella contra Amusategui y Botín por la indemnización de 43,7 millones que pagó el SCH al ex presidente, el crecimiento de la economía española al 1,8% durante el tercer trimestre o la detención en Touluse de dos etarras armados.
ABC , por su parte, informa en portada del nuevo y espléndido artículo que hoy publica en sus páginas Nicolás Redondo Terreros. El ex secretario general del PSE, entre otras lúcidas reflexiones sobre los complejos que atenazan a la clase política respecto a la defensa de España como nación, hace una durísima critica contra quienes quieren modificar nuestra Constitución en clarísimo contraste con las opiniones a favor de esos cambios que hace dos días manifestaba Maragall en una carta abierta a Zapatero en El País . Redondo no da nombres pero es muy claro a la hora de denunciar que “algunos nacionalistas, criptonacionalistas y no pocos majaderos de distinto jaez enseguida dirán que la constitución se puede cambiar, se puede modificar y se puede enriquecer”. Redondo admite que efectivamente se puede hacer, pero se manifiesta en contra de todas aquellas modificaciones “que son provocadas por una visión pequeña y acomplejada de España”.
También La Razón considera que “algo falla en el sistema judicial cuando un asesino etarra, que ni se ha rehabilitado ni ha mostrado arrepentimiento alguno, goza de beneficios penitenciarios y una libertad condicional que el legislador no pensó, precisamente, que podría ser aplicable en casos como el suyo. Si un juez puede acordar esa libertad, no se podrá, como ha dicho el CGPJ, actuar contra el titular del juzgado, pero sí se puede, y se debe hacer algo urgentemente y cambiar lo que permite un caso de injusticia tan alarmante como escandaloso”.
En contraste con los editoriales de El País —que ha salido hace unos días en defensa de la juez Alonso— aun tenemos que felicitar a El Mundo y La Razón por denunciar estos hechos. Sus editoriales, con todo, se quedan cortos en sus apelaciones al Gobierno porque lo que es un hecho es que la escandalosa excarcelación de Gil Ostoaga no es la primera que se produce en España. Como denuncia en su portada La Razón , con este ya son dieciséis los etarras que Alonso ha puesto en libertad para escarnio de sus víctimas. Unas excarcelaciones que el Gobierno ha contemplado sin mover un dedo para elaborar una nueva legislación que reduzca la discrecionalidad de los jueces de vigilancia y que evite la impunidad de tanto criminal. Esas genéricas proclamas de que “algo se debe o se puede hacer urgentemente”, como dice La Razón , o esa afirmación también meliflua de El Mundo de que “tal vez el Gobierno debería plantarse reformar la ley para que los recursos de los fiscales sobre las progresiones de grado de los etarras lleven aparejados la suspensión de las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria” son muestras de una tibieza en la crítica que a veces irrita tanto como la abierta aceptación del escandaloso statu quo.
La Razón —tal vez porque no quiere perder el status de diario progubernamental — y El Mundo —tal vez porque no lo considere de “centro reformista”— deberían ya a estas alturas estar dirigiendo directamente sus críticas contra la pasividad gubernamental. Como acaban de denunciar las víctimas del terrorismo, el 16 de marzo de 1995, la AVT entregó en el Congreso de los Diputados mas de un millón de firmas recogidas en España exigiendo el cumplimiento íntegro de las condenas. Este era un compromiso que el PP abanderó en la oposición, por el que le votaron sus votantes, por la que incluso le respaldarían —como indican los sondeos— el electorado de otros partidos, pero que Aznar no ha cumplido en los seis años que lleva de gobierno, dos de ellos con mayoría absoluta.
Dice la AVT en su boletín que “de cualquier manera, la Asociación no quiere perder la esperanza en que algún día la justicia atienda al clamor de las víctimas”. La esperanza, ciertamente, es lo último que se pierde. Pero la verdad es que el Gobierno del PP, a pesar de los éxitos policiales, ha mantenido una mediocre y pusilánime política antiterrorista que sólo la comparativamente más desvariada postura de la oposición ha conseguido hacer ejemplo de firmeza. Ciertamente sólo a la oposición debe Aznar que la mayoría de los ciudadanos aun esté con él en política antiterrorista. ¿O era proceso de paz?
Resumen de prensa
Las bombas que causaron ayer dos muertos y dos heridos en Galicia constituye la noticia más destacada en las portadas de prensa de este miércoles. A ella dedican El Mundo y El País sus principales titulares. ABC , sin embargo, da más relevancia al nuevo “código” de sociedades mercantiles que plantea el Gobierno para limitar el poder de los presidentes de empresas y que refuerza el papel de los consejeros independientes.
La Razón dedica su principal espacio de portada al “escándalo” que ha generado la decisión del CGPJ de archivar el expediente contra la juez Alonso que ya ha excarcelado a 16 etarras.
El principal titular de La Vanguardia informa de la convocatoria de elecciones en Israel y la decisión de Netanyahu de integrarse en el Gobierno interino de Sharon.
El ministro Rato es el objetivo de numerosas críticas de los socialistas que hoy destacan varias portadas. Así en la portada de El Mundo se señala que “el PSOE insiste en acusar a Rato de proteger al HSBC por el crédito que dio a una empresa de su familia”. El País publica una entrevista al portavoz socialista Jesús Caldera quien acusa al vicepresidente económico del Gobierno de ser “el gran patrón de la especulación inmobiliaria”.
Otras noticias del día son la admisión a trámite de una querella contra Amusategui y Botín por la indemnización de 43,7 millones que pagó el SCH al ex presidente, el crecimiento de la economía española al 1,8% durante el tercer trimestre o la detención en Touluse de dos etarras armados.
ABC , por su parte, informa en portada del nuevo y espléndido artículo que hoy publica en sus páginas Nicolás Redondo Terreros. El ex secretario general del PSE, entre otras lúcidas reflexiones sobre los complejos que atenazan a la clase política respecto a la defensa de España como nación, hace una durísima critica contra quienes quieren modificar nuestra Constitución en clarísimo contraste con las opiniones a favor de esos cambios que hace dos días manifestaba Maragall en una carta abierta a Zapatero en El País . Redondo no da nombres pero es muy claro a la hora de denunciar que “algunos nacionalistas, criptonacionalistas y no pocos majaderos de distinto jaez enseguida dirán que la constitución se puede cambiar, se puede modificar y se puede enriquecer”. Redondo admite que efectivamente se puede hacer, pero se manifiesta en contra de todas aquellas modificaciones “que son provocadas por una visión pequeña y acomplejada de España”.